Nombran nuevos jueces de inmigración para aliviar el retraso en los casos

El pasado viernes, una niña con un moño color rosa se paró orgullosamente en el centro del escenario del Departamento de Justicia, empequeñecida por dos estatuas y por los adultos con túnicas negras judiciales, que estaban detrás de ella.

“Necesitamos más jueces”, bromeó James McHenry, director de la oficina ejecutiva de revisión de inmigración, que administra las obstruidas cortes de inmigración del país. “Ahora también reclutamos niños”.

Así fue la ceremonia en la cual funcionarios, familiares y amigos recibieron a 31 nuevos magistrados de inmigración, la segunda clase más grande de la historia.

La administración Trump ha contratado más jueces de inmigración en el último bienio de lo que se hizo en los siete años anteriores, según el viceprocurador general Rod Rosenstein, quien planea retirarse pronto.

Pero es improbable que el incremento en la contratación resuelva la acumulación de casi 830.000 casos de inmigración, y que continúa creciendo.

Según Rosenstein, los nuevos jueces -además de los 414 en servicio actualmente- ayudarán a alivianar el vasto estancamiento.

“Que la acumulación de casos siga creciendo, depende en gran medida de cómo los jueces de inmigración cumplan con sus obligaciones”, expuso Rosenstein.

También dependerá del dinero. La semana pasada, McHenry notificó a los empleados judiciales de inmigración que el déficit presupuestario había bloqueado la contratación de magistrados adicionales y demoraría la incorporación de personal de apoyo, según BuzzFeed.

El número de casos retrasados empeoró significativamente durante el cierre del gobierno, que se prolongó por 35 días ante las demandas del presidente Trump de un muro fronterizo. Aproximadamente 400 jueces de inmigración fueron suspendidos y decenas de miles de audiencias resultaron canceladas o retrasadas, agravando las demoras, que ahora superan los dos años en promedio.

En medio de la continua lucha con el Congreso por la inmigración y la financiación de la seguridad fronteriza, la Casa Blanca ha solicitado dinero para 100 equipos adicionales de jueces de inmigración para 2020.

Los migrantes, rutinariamente esperan años para la decisión final sobre si pueden permanecer en el país, según un informe del inspector general de Seguridad Nacional, dado a conocer el pasado jueves.

En contraste con las cortes regulares de Estados Unidos, las de inmigración, no están en la rama judicial del gobierno. Los jueces están clasificados como abogados del gobierno en el Departamento de Justicia y en última instancia, informan al procurador general, William Barr.

La administración Trump ha priorizado la deportación de miles de migrantes detenidos y evitado su liberación en suelo estadounidense mientras esperan las audiencias judiciales.

Pero debido al espacio limitado de detención y al número récord de solicitantes de asilo y de familias centroamericanas que se suman al retraso, los funcionarios de Trump han liberado a algunos migrantes detenidos.

Algunas políticas de la administración también resultaron contraproducentes para reducir el retraso, opinan algunos jueces de inmigración actuales, ex funcionarios, y el propio McHenry. Impulsar los controles, sin aumentar los recursos para los tribunales de inmigración “podría comprometer seriamente la capacidad de estos para abordar el número de casos y agravar en gran medida el estado actual de la acumulación”, le escribió McHenry a Rosenstein en octubre de 2017.

En un plan que, según los funcionarios serviría para reducir el retraso, el Departamento de Justicia en ese momento estableció una cuota para los jueces de inmigración y los obligó a reabrir los casos cerrados. Sin embargo, la cantidad aumentó en más de 230.000 expedientes nuevos el año pasado.

El pasado viernes, McHenry intentó armar de valor a los nuevos jueces y afirmó que ingresaban al “debate más significativo y emocionalmente cargado sobre la inmigración durante algún tiempo”. Incluso leyó en voz alta: “pausa para una risa tensa”.

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