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Después de perder la batalla legal, el Pentágono entrenará a reclutas con tarjeta verde

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El Pentágono comenzará a enviar a entrenamiento a miles de titulares de tarjetas verdes reclutados, suspendiendo una política adoptada por la administración Trump en 2017 que exigía verificaciones de antecedentes más estrictas para algunos inmigrantes que desean prestar servicio, según dos funcionarios de Defensa y un memorando interno.

La política requería que los titulares de una tarjeta verde (de residencia legal) presentaran y completaran una verificación de antecedentes completa y respondieran a cualquier inquietud antes de poder iniciar su entrenamiento. La exigencia se sumaba a los requisitos estándar para los solicitantes de la tarjeta verde, como el examen biométrico.

Ese cambio dejó a miles de personas en un limbo mientras languidecían sus pruebas, y los trabajos específicos dentro de las fuerzas armadas prometidos se escapaban de sus manos.

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La nueva directiva señala que cada servicio armado debe cumplir inmediatamente con una orden judicial preliminar emitida en noviembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. En ella, el juez Jon S. Tigar coincidió con el argumento de los abogados de dos posibles miembros del servicio y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), de que el Pentágono no había explicado satisfactoriamente por qué era necesaria una nueva evaluación. Tigar afirmó que la política debía ser ignorada.

La teniente coronel de la Fuerza Aérea Carla Gleason, vocera del Pentágono, informó que los servicios comenzarán a enviar a los reclutas a entrenamiento a principios de diciembre. Serán destinados en los espacios disponibles y los servicios deberán considerar factores como sus necesidades y las posibles preferencias de los reclutas.

La medida cautelar alivia la presión sobre un grupo de posibles soldados que el Pentágono ha reclutado hace mucho tiempo, con un discurso de mejoramiento personal y, en algunos casos, de la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Unos 18,000 soldados estadounidenses eran titulares de tarjetas de residencia al comienzo de la administración Trump, y unos 5,000 se unían al ejército cada año antes de la política más estricta, precisaron los funcionarios del Pentágono.

Algunos oficiales militares expresaron su preocupación interna de que la creciente acumulación de personas con tarjetas verdes podría presentar problemas para un ejército que siempre necesita nuevas tropas.

La directiva, que fue obtenida por el Washington Post, se emitió dos días después de que un reportero comenzó a preguntar a los oficiales militares, a finales de noviembre, sobre el exceso de reclutas potenciales que esperan para entrenar, y si ello cumplía con la medida.

En la Armada, los funcionarios que supervisan el tema lo calificaron de “insostenible” en un documento reciente revisado por el Post, y advirtieron que la situación conlleva “un riesgo creciente de fracaso de la misión”.

El documento afirmó que el tiempo promedio de espera para que un titular de una tarjeta verde se una al ejército de EE.UU. había aumentado a 354 días, en lugar de 168 para los ciudadanos.

Si el Pentágono ordenó que los servicios cumplan con la medida cautelar, la Armada debería remitir a los residentes permanentes legales hasta el “máximo grado posible” para cubrir alrededor de 1,154 puestos abiertos en la capacitación de reclutas en diciembre y enero, agregaron los funcionarios.

Un oficial militar, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, destacó que la Armada tiene más de 2,870 titulares de tarjetas verdes bajo contrato, que esperan ser reclutados.

Un portavoz de la Infantería de Marina, el sargento de artillería Justin Kronenberg, destacó que su servicio tiene 1,062 titulares adicionales de tarjetas de residencia que esperan ser entrenados. Al igual que los otros servicios, los infantes de marina esperaban recibir una guía adicional del Pentágono.

“El Comando de Reclutamiento de la Infantería de Marina siguió el ritmo de las actualizaciones de la política del [Departamento de Defensa] y cumple con todas las pautas con respecto a las adhesiones de residentes permanentes legales”, indicó Kronenberg. “Hemos mantenido la máxima transparencia con respecto al proceso con nuestros solicitantes que son residentes permanentes, para asegurarnos de que ellos y sus familias estén informados y que sus preguntas tengan respuesta”.

La Infantería de Marina envió a 1,044 titulares de tarjetas verdes a capacitación en 2016, y a 1,169 en 2017, pero el número se redujo a 808 en el año fiscal más reciente, que terminó en septiembre de 2018.

La Fuerza Aérea envió a 567 titulares de tarjetas de residencia como reclutas en 2016, y a 590 en 2017, según los datos proporcionados por el servicio. La cantidad se redujo a 44 en el año fiscal último. Alrededor de 470 residentes están bajo contrato y en espera de asistir a la capacitación.

Por su parte, el Ejército envió a 4,600 titulares de tarjetas verdes a capacitación en 2016, y a 3,600 en 2017, según datos proporcionados por el Pentágono. Esa cifra se desplomó a 513 en 2018, y el Ejército perdió su meta de reclutamiento por primera vez desde 2005 por unos 6,500 soldados, a pesar de gastar más de $200 millones en bonos.

Citando el litigio en curso, el servicio se negó a decir cuántos residentes permanentes están en su sistema, esperando comenzar la capacitación.

Los titulares de tarjetas verdes provienen de muchos países con los que Estados Unidos tiene relaciones amistosas; los residentes permanentes legales oriundos de Filipinas constituyen el mayor número. En la Marina, alrededor de 656 del grupo que espera asistir al campo de entrenamiento son filipinos. China, Jamaica, Nigeria y México se encuentran entre las otras naciones con números significativos, según los datos proporcionados al Post.

El Pentágono ha lidiado con los frecuentes esfuerzos chinos para robar secretos de EE.UU. y está preocupado por el extremismo islámico en Nigeria, pero también elogió los intentos anteriores de los titulares de tarjetas verdes de esas naciones para unirse al ejército y obtener su ciudadanía.

La demanda presentada en California por ACLU detalla los casos de Jiahao Kuang, quien se mudó a Estados Unidos desde China a los ocho años, y de Deron Cooke, quien solicitó una tarjeta de residencia a los 22 años y emigró desde Jamaica.

Kuang creció en California y se enlistó en la Armada en julio de 2017, motivado por el deseo de servir a Estados Unidos y ganar dinero para la universidad, según los documentos judiciales del caso. Inicialmente se esperaba que pudiera comenzar su entrenamiento en julio de 2018, pero la fecha se cambio más tarde hasta enero. El joven no se inscribió en la universidad ante la expectativa de unirse a la Armada, según los documentos.

Cooke, que desconocía la nueva política del Pentágono en 2017, renunció a un empleo para poder unirse pronto a la Fuerza Aérea como mecánico. Él también quedó atrapado en el limbo, y todavía no ha comenzado a entrenar.

El juez dictaminó que los dos reclutas son representativos del tipo de personas afectadas por la política del Pentágono. El tribunal continuará revisando el asunto.

Dan Lamothe escribe para el Washington Post.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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