Como castigo al ‘teatro político’ de Trump, el gobernador de California retira la Guardia Nacional de la frontera

Mientras se avecina un segundo cierre parcial del gobierno en Washington por las discusiones fronterizas, el gobernador Gavin Newsom ordenó la remoción de aproximadamente 360 miembros de la Guardia Nacional del límite sur de California con México, y repudió la caracterización del presidente Trump de una reciente afluencia de refugiados y migrantes centroamericanos como una ‘crisis de seguridad nacional’.

El anuncio se produjo el lunes 11 de febrero, justo un día antes de que el gobernador pronuncie su primer discurso del Estado de California, estableciendo el escenario para que Newsom se oponga al discurso del Estado de la Unión de Trump, proferido la semana pasada.

En los extractos de su discurso, Newsom afirmó que le dará a la Guardia Nacional una nueva misión para que las tropas no participen en el “teatro político” de la Casa Blanca y, en cambio, “se centren en las amenazas reales que enfrenta nuestro estado”.

El gobernador remarcó que firmaría una orden general para volver a desplegar las tropas en apoyo a los esfuerzos de prevención de incendios forestales y para expandir las operaciones de combate de drogas y cárteles en toda California, con un grupo de fuerzas entrenadas para detectar narcóticos, que estarán apostados en los puntos de entrada internacionales del estado.

Se espera que, este martes 12, Newsom afirme que la “emergencia en la frontera es una crisis manufacturada”, de acuerdo con los comentarios provistos por la oficina del gobernador. “Esta es nuestra respuesta a la Casa Blanca: no más división, xenofobia o nativismo”.

La decisión de Newsom es una escalada en una larga batalla por la inmigración entre California y el gobierno federal, donde las mayorías demócratas del estado se comprometen a servir de amortiguador de la retórica y las políticas de línea dura de Trump.

El presidente amenazó con invocar poderes de emergencia para financiar la construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México, una promesa clave de su campaña de 2016. El estancamiento presupuestario entre Trump y los demócratas del Congreso sobre la propuesta derivó en un cierre del gobierno durante 35 días, el más largo en la historia del país. Partes del gobierno podrían volver a cerrarse si el Congreso y la Casa Blanca no alcanzan un acuerdo de gastos para el 15 de febrero.

En su discurso dirigido a la nación, el 5 de febrero, Trump mostró poca disposición para comprometerse, duplicando sus pedidos sobre el muro y describió la inmigración ilegal como una fuente de delitos y una carga costosa para los contribuyentes. “La tolerancia de la inmigración ilegal no es compasiva, es cruel”, aseguró.

Newsom es el segundo gobernador este mes que retira las tropas de la Guardia Nacional asignadas a la frontera sur.

A principios de febrero, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, ordenó la remoción de la mayoría de las tropas de su estado, justo horas antes del discurso del presidente, diciendo que rechazaba “la afirmación federal de que existe una crisis de seguridad nacional abrumadora en la frontera sur”. “Nuevo México no participará en la farsa presidencial de los traficantes de la frontera con el mal uso de nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional”, aseguró.

Legisladores estatales demócratas y grupos de derechos civiles aplaudieron la orden de Newsom. El asambleísta Miguel Santiago (D-Los Ángeles) señaló que él y otros miembros del Caucus Latino de California han deseado por mucho tiempo que el estado tome una postura agresiva contra “la cruzada antiinmigrante e inhumana del gobierno”. “La única manera de vencer a un matón es empujarlo hacia atrás y dejarlo caer”, expuso.

Patricia Gándara, codirectora del Proyecto de Derechos Civiles en UCLA, elogió la decisión del gobernador, señalando las propias batallas del estado por la inmigración y su trato a los inmigrantes, incluida la lucha de 1994 por la Proposición 187, que buscaba recortar la educación y los servicios de salud para los inmigrantes indocumentados.

“Creo que crecimos y nos dimos cuenta de que los inmigrantes no eran una amenaza”, afirmó Gándara. “Somos la quinta economía más grande del mundo. Y tenemos el mayor porcentaje de inmigrantes en nuestro estado. ¿Cómo conciliamos eso si creemos que los inmigrantes están tomando nuestros trabajos y derribando la economía?”

El enfoque de Newsom es una desviación de la visión del exgobernador Jerry Brown, quien en abril aceptó la solicitud de Trump de enviar 400 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, mientras que otros gobernadores demócratas y republicanos retiraron algunas tropas y equipos, o se negaron a enviar personal.

Brown reconoció que aceptó la misión después de persuadir al gobierno federal para que se comprometiera a pagarla y a mantener a los miembros de la guardia bajo la dirección del estado. Exigió que no hicieran cumplir las leyes de inmigración ni participaran en la construcción de una nueva barrera fronteriza. Pero el entonces gobernador se enfrentó a las críticas de los demócratas del estado y los grupos de derechos de los inmigrantes, quienes dijeron que brindar apoyo al gobierno federal podría liberar a los oficiales de aduanas y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para aumentar las detenciones y deportaciones.

Los esfuerzos en contra de las políticas de inmigración de Trump se intensificaron el verano pasado, después de que su administración comenzó a separar a las familias migrantes en la frontera bajo una política que requería que todos los adultos que ingresan sin autorización al país sean procesados. Al menos cinco gobernadores retiraron sus tropas o retuvieron sus recursos.

El entonces líder del Senado de California, Kevin De León, y 26 legisladores estatales instaron a Brown a poner fin al acuerdo de la Guardia Nacional.

“Ahora, la Administración Trump está utilizando a la Guardia Nacional de California para liberar recursos federales con el fin de perseguir y encerrar a mujeres y niños que huyen de la violencia, en lugar de centrarse en casos graves de tráfico de personas y de cárteles de drogas en la frontera”, le escribió De León a Brown en una misiva, en junio de 2018. Las tropas han permanecido en la frontera durante 10 meses.

Más tarde, Trump envió más de 5,200 soldados militares en servicio a la frontera, en octubre, antes de las elecciones de mitad de mandato de 2018, cuando una caravana de migrantes llegó a EE.UU. desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese mes, el gobierno federal también dejó de ayudar a las familias que buscan asilo a conectarse con sus patrocinadores en Estados Unidos después de ser procesados y registrados en la frontera.

Miles de familias fueron liberadas en el área de San Diego sin lugar adonde ir, lo cual obliga a las organizaciones sin fines de lucro de la región a intensificar sus actividades y ofrecer refugio temporal.

Newsom —quien visitó uno de esos albergues un mes antes de asumir el cargo— y otros líderes del estado de California, consideraron que lo que Trump llama una crisis en la frontera en realidad es una situación “autoinducida” por el presidente.

En su respuesta en español al discurso presidencial del Estado de la Unión, el procurador general de California, Xavier Becerra, advirtió que está preparado para llevar a Trump a los tribunales si declara una emergencia nacional en pos de financiar el muro fronterizo mientras recorta fondos federales a aquellas comunidades que resultaron dañadas por los incendios forestales en el estado.

Para Newsom, los planes de Trump de desplegar otras 3,750 tropas militares estadounidenses en la frontera es otra razón para realinear las prioridades de la Guardia Nacional.

La orden general de Newsom, este 11 de febrero, asignará 110 personas para apoyar al Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California en la preparación de la temporada de incendios forestales. Otros 100 miembros se dedicarán a las operaciones de inteligencia contra los cárteles de la droga, con un pequeño grupo de personas designadas en los puntos de entrada.

Según Nathan Click, portavoz del gobernador, la oficina del Newsom solicita por separado fondos del gobierno federal para agregar al menos 150 soldados a la Fuerza de Tareas Antidrogas de la Guardia Nacional de California. La dependencia señaló que las tropas se retirarán a más tardar el 31 de marzo.

Newsom contrastó fuertemente las diferencias entre la política de inmigración estatal y federal, y describió a California en su discurso inaugural como un lugar que “proporciona refugio a todos los que lo necesitan y es un santuario para todos los que lo buscan, donde abundan las oportunidades para aquellos que trabajen para ello”.

Con su hijo de dos años de edad, Dutch, en brazos, Newsom afirmó que los niños “no deberían ser arrancados de sus padres en la frontera y tampoco deberían quedarse con hambre mientras los políticos buscan verter miles de millones en una pared que nunca debería construirse”.

El funcionario prometió $25 millones en su propuesta de presupuesto para ayudar a organizaciones locales sin fines de lucro y a grupos comunitarios que brindan servicios a solicitantes de asilo. También se ha sumado a otras iniciativas de ayuda a los inmigrantes, incluida la expansión de la elegibilidad para Medi-Cal de adultos jóvenes que se encuentran en el país indocumentados, a un costo que algunos consideran que llegará aproximadamente a los $250 millones por año.

En extractos de su discurso del Estado de California, dados a conocer el 9 de febrero, Newsom planea contrastar con la visión de Estados Unidos que tiene el presidente, a la cual calificó como “fundamentalmente en desacuerdo con los valores de California”.

“Sufrimos bastante de eso en las décadas [de 1980 y 1990] con las proposiciones 187 y 227”, señalan los extractos. “Pero luego derogamos y sanamos. Un cuarto de siglo después, estamos más unidos que nunca y no regresaremos a ello”.

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