TU BOLSILLO: Cobradores de deudas ahora podrían enviar mensajes de texto y correos electrónicos al aprobarse nueva ley

El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), en el marco de la presidencia de Trump, dio un paso para facilitar la vida de los microprestamistas, y se espera que en cualquier momento haga lo mismo para los cobradores de deudas.

La oficina dará a conocer los cambios propuestos a las reglas, que probablemente incluyan un permiso explícito para que los cobradores se comuniquen con las personas a través de mensajes de texto y correos electrónicos (y tal vez mediante las redes sociales).

Las nuevas reglas también pueden proporcionar una mayor libertad para molestar a las personas por teléfono y limitar su capacidad de desafiar las obligaciones financieras.

En otras palabras, se trata de más derechos para los cobradores de deudas, y menos para los consumidores.

“La agencia que el Congreso creó para cuidar a los consumidores ahora está cuidando de los cobradores y microprestamistas”, afirmó Chris Peterson, director de servicios financieros para la Federación de Consumidores de América. Los cobradores presionaron por un largo tiempo a la CFPB “para que brinde mayor claridad y les permita ser más agresivos”.

La pregunta, dijo Peterson, “es si los consumidores quieren eso; en particular, que se les permita contactarnos por correo electrónico y mensajes de texto. Mi conjetura es que no”.

El CFPB sin duda sabe que a los consumidores no les importa mucho cómo funcionan los cobradores de deudas.

En un informe reciente al Congreso, la entidad explicó que alrededor de 81.500 reclamaciones sobre cobradores se presentaron el año pasado, “haciendo del cobro de deudas una de las quejas más frecuentes de los consumidores sobre productos y servicios financieros recibidas por la oficina”.

La entidad se congratuló por haberse “involucrado en seis acciones públicas “relacionadas con supuestas violaciones a la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas, el año pasado.

Pero eso es potencialmente engañoso. Lo que el CFPB no explicó fue quién originó esas acciones de cumplimiento. Con toda probabilidad, señalan los defensores de los consumidores, se iniciaron durante la administración de Obama.

Más aún, según la Federación de Consumidores de EE.UU, el CFPB generó casi $3 millones a la semana en concepto de restitución para los consumidores mediante la aplicación de la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas mientras Obama fue presidente.

Desde que las personas designadas por Trump se hicieron cargo, la restitución semanal según la ley fue de $0, según la federación. Una portavoz de la oficina no respondió los reiterados pedidos de comentarios para este artículo.

En un discurso reciente, la directora del CFPB, Kathy Kraninger, señaló que la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas no se actualiza desde 1977, “el mismo año en que Steve Jobs presentó al mundo la idea de una computadora personal con el diseño de Apple II... y los celulares ni siquiera eran imaginables”. “La oficina propondrá reglas para permitir un mejor uso de la tecnología moderna de comunicaciones en la actividad de cobros”, aseveró. “Propondremos brindar claridad sobre cómo los cobradores pueden comunicarse con una tecnología más nueva, como el correo electrónico o los mensajes de texto”.

Muchos cobradores no se comunican actualmente de esas maneras porque no están seguros de la ley. La regla propuesta por el CFPB probablemente explicará que tales formas son aceptables, y quizá permitan el envío de múltiples mensajes todos los días.

Pero eso no es todo lo que buscan los cobradores.

En una carta reciente al Congreso, el principal grupo comercial de la industria, la Asociación de Profesionales de Crédito y Cobranza, señaló que también deseaba más libertad para dejar mensajes en los contestadores automáticos y contar con límites a la obligación legal de brindar pruebas de las obligaciones a los consumidores.

Además, quieren permiso para dejar mensajes ambiguos, pensados para no avergonzar a las personas si son escuchados por otros. Dichos mensajes serían considerados exentos de la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas y, por lo tanto, no necesitarían expresar claramente que provienen de un cobrador.

De más está decir, que eso aumentaría la probabilidad de que haya la necesidad de volver a llamar.

La industria también desea un criterio más estricto para determinar el momento cuándo debería tener que afrontar la molestia y el gasto de proporcionar una prueba de deuda. Lo que preferiría es un proceso formal que incluya solicitudes por escrito de los consumidores, en lugar de la práctica actual de atender las preguntas verbales de las personas.

“La Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas tiene más de cuatro décadas”, consideró Mark Neeb, director ejecutivo de la Asociación de Profesionales de Crédito y Cobranza, también conocida como ACA International. “Cuando se convirtió en ley, creo que la máquina de fax no se había inventado todavía”.

En realidad, Xerox patentó lo que muchos consideran como el primer fax comercial en 1964, pero la idea de Neeb se comprende. Las máquinas de fax no aparecieron ampliamente en empresas y hogares hasta la década de 1980.

Para Neeb, los cobradores simplemente quieren que se actualice la norma que refleje los “métodos modernos de comunicación”, de modo tal que los consumidores se sientan más cómodos atendiendo sus finanzas. Eso podría incluir textos y correos electrónicos en este momento, observó. “Dentro de cinco años, podría ser otra cosa”.

Kraninger, del CFPB, parece haber recibido el mensaje. “A medida que la entidad avanza para modernizar el régimen legal para el cobro de deudas, estamos muy pendientes de las opiniones de los interesados”, afirmó en su discurso.

Los defensores de los consumidores interpretan eso como una disposición -incluso como entusiasmo- de una industria de $11 mil millones que no es tímida a la hora de ejercitar su fuerza política.

“Tenemos preocupaciones concretas de que la reglamentación propuesta podría ser más débil de lo que nos gustaría”, dijo Lisa Stifler, subdirectora de política estatal del Center for Responsible Lending. “Ciertamente, el mundo es diferente hoy de lo que era a fines de la década de 1970”, aseveró. “Sin embargo, debemos asegurarnos de que cualquier cambio en la Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas siga reflejando el propósito de la norma, que es prevenir las prácticas abusivas”.

Así es como se puede lograr:

• Permitir mensajes de texto y correos electrónicos por parte de los cobradores de deudas, pero únicamente si los consumidores deciden recibir tales comunicaciones. Si no, los cobradores tendrían que atenerse a las llamadas telefónicas y cartas.
• Incluso si un consumidor autoriza el contacto digital por parte de un cobrador, la aprobación debe limitarse a esa única agencia de cobranza. Si la deuda se vende o se transfiere a otra -una práctica común- se deberá hacer una nueva consulta.
• No crear exenciones a la ley actual respecto al requisito de que un cobrador identifique claramente el propósito de ponerse en contacto. Prohibir los mensajes de voz que no cumplan con ese estándar bajo el pretexto de evitar la vergüenza del destinatario.
• No restringir los requisitos para obtener la prueba de deuda. La solicitud de dicha prueba por teléfono debe seguir siendo suficiente.

A Neeb, de la asociación de cobradores, no le agradaron esas ideas. Dijo que los cambios más amigables con la industria propuestos por los cobradores -en lugar de las sugerencias amigables con los consumidores que hice- protegían mejor a las personas y prevenían a la industria de las “demandas frívolas”.

Cuando el CFPB revele los cambios propuestos, probablemente esta semana o la próxima, comenzará un período de comentarios antes de que se emita una ley final. Con seguridad, los cobradores de deudas presentarán muchas opiniones apoyando su postura. Recomiendo a los consumidores sumarse, lo cual es posible a través del sitio web de la agencia, ConsumerFinance.gov.

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