California se comprometió a proteger la neutralidad de la red; llegó la hora de la verdad

Cuando los reguladores federales votaron para revertir las protecciones de la neutralidad de la red, a finales del año pasado, los líderes demócratas del estado se comprometieron a librar una batalla con la administración Trump para preservar el acceso justo y abierto a internet en California.

Ahora, dos proyectos de ley que se enfrentan a la aprobación final en la Asamblea y el Senado, se han convertido en una batalla de poder en la gran lucha nacional para remodelar la red.

Las ambiciosas propuestas establecerían las reglas de neutralidad más fuertes en la nación, salvaguardas que, según los activistas, serían más fuertes que las revocadas por la Casa Blanca. El proyecto evitaría que los proveedores de servicios de internet bloqueen o ralenticen los sitios web y las transmisiones de video, o que cobren tarifas por las velocidades más rápidas. El otro negaría contratos públicos a las empresas que no sigan las nuevas regulaciones estatales.

Las llamadas en apoyo a la legislación se intensificaron ante las noticias de que los bomberos del condado de Santa Clara se vieron obstaculizados por un servicio inadecuado de internet mientras combatían el enorme incendio de el Complejo Mendocino, en julio pasado.

Pero, presionar los proyectos para su aprobación no ha sido tan fácil como los defensores esperaban, en un estado controlado por los demócratas y con cierto disgusto por las políticas de la administración Trump. Durante el año 2017, una poderosa industria tecnológica invirtió millones para aniquilar las iniciativas de neutralidad de la red en el estado, mientras que los partidarios respondieron de la misma manera, con agresivas campañas de defensa pública.

“Todos esperan a ver qué pasa con este proyecto”, afirmó Evan Greer, de la organización sin fines de lucro Fight for the Future, sobre la propuesta para impedir que los proveedores de internet (ISP, por sus siglas en inglés) frenen el acceso o cobren tarifas por velocidades más rápidas. “Si California no puede aprobar las protecciones de neutralidad, los oponentes lo usarán como forraje para acabar con cualquier iniciativa de neutralidad de la red a nivel federal de allí en adelante... Si la ley se aprueba, crearía el estándar de oro para que otros estados hagan lo mismo”.

La neutralidad de la red ha sido la cuestión de telecomunicaciones más observada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) durante la última década. Las reglas más recientes se implementaron por un decreto de febrero de 2015, durante el gobierno de Obama, y prohibieron a las empresas de banda ancha e inalámbricas, como AT&T Inc. y Verizon Communications, vender más rápidamente algunos datos, reducir la velocidad de ciertos contenidos o favorecer a ciertos sitios web por sobre otros.

Pero la agencia federal votó para revertir las regulaciones en 2017, y el líder de la FCC designado por el presidente Trump, Ajit Pai, y los republicanos pidieron el fin de la supervisión de los proveedores de servicios de internet, similar a la que ocurre con los servicios públicos. El voto y la derogación oficial de las reglas, en junio pasado, generaron protestas en el estado y a nivel nacional.

Desde entonces, la neutralidad de la red se convirtió en un tema de la campaña demócrata para atraer a jóvenes votantes a las elecciones legislativas en todo el país, aunque la oposición al retroceso de las reglas sigue siendo abrumadoramente bipartidista.

Una encuesta de marzo, entre 997 votantes registrados y realizada por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland, determinó que el 82% de los republicanos y el 90% de los demócratas estaban en contra de la medida.

Con esa conversación nacional como telón de fondo, California es uno de los 29 estados que desde entonces han considerado las protecciones de neutralidad de red en el último año. Los gobernadores de seis estados, incluidos Hawái, Nueva York y Montana, firmaron decretos para restablecer alguna forma de neutralidad de la red. Otros tres estados -Oregon, Vermont y Washington- aprobaron una legislación para garantizar tales protecciones para las agencias gubernamentales y los consumidores.

Los senadores estatales Scott Wiener (D-San Francisco) y Kevin de León (D-Los Ángeles) están trabajando juntos para establecer normas que vayan más allá de las adoptadas durante la administración Obama. De hecho, el proyecto de ley 822 del Senado (SB 822), creado por Wiener, restablecería las reglas de la era Obama. El proyecto senatorial 460 (SB 460), de De León, prohibiría a las empresas que violen esas normas recibir dólares de obra pública.

Pero SB 822 también impone nuevos límites a los planes de datos exentos de costo, o paquetes de ofertas que permiten a compañías como Verizon y Comcast eximir de cargos a algunas llamadas, mensajes de texto u otros contenidos del plan de datos del cliente. Sí se permitirían los planes de teléfono ilimitados, que den a los clientes “noches y fines de semana gratis”. En cambio, los planes de datos que eximan el mismo tipo de contenido de algunas compañías sobre otras (videos transmitido en YouTube pero no en Hulu, por ejemplo) estarían prohibidos.

El proyecto de ley también impediría a las empresas de banda ancha eludir las reglas de neutralidad de la red, no solo a medida que los datos viajan a través de sus redes, sino cuando ingresan en ellas. Eso evitaría que los proveedores de servicios reduzcan la velocidad del contenido de los sitios web que se niegan a pagar por la entrega de datos a sus clientes.

Ninguna de estas cuestiones se abordó por completo con el decreto federal de neutralidad de la red de 2015, que permitió a la FCC estudiar más a fondo los planes de datos con exenciones y las prácticas de intercambio de tráfico en internet “sin adoptar reglas preceptivas”.

Los defensores -incluido Tom Wheeler, expresidente de la FCC nombrado durante el mandato de Obama, y las empresas de banda ancha más pequeñas y medianas- argumentan que la legislación estatal refleja mayormente la orden ejecutiva y el enfoque de 2015, al encargar al fiscal general del estado la evaluación de posibles violaciones caso por caso. Los antiguos funcionarios de la FCC señalan que los nuevos límites en los planes de datos con exención de costo se basan en el análisis de políticas que la agencia federal emprendió en 2016.

Mientras tanto, los legisladores estatales pintan una imagen sombría de internet sin reglas de neutralidad. Entre otras cosas, señalan que los proveedores podrían vender paquetes con solo ciertos sitios de deportes, entretenimiento y compras para los consumidores, o retrasar el acceso de los lectores a websites de noticias que se nieguen a pagar más por un servicio más rápido. Las empresas start-up sufrirían.

El SB 822 aseguraría “que todos podamos decidir por nosotros mismos qué consultamos en internet, en lugar de que los proveedores de servicios nos digan a qué sitios podemos ir”, señaló Wiener.

Casos judiciales de alto perfil han subrayado sus preocupaciones. Desde 2013 hasta el decreto de 2015, seis grandes proveedores de internet fueron acusados de ralentizar el contenido de las empresas que se negaron a pagar por el acceso a sus clientes. Los problemas con Netflix llegaron a los principales titulares a medida que los clientes experimentaban retrasos al ver películas y programas de televisión.

Muchas otras compañías sintieron el impacto, destacó una profesora de la Escuela de Derecho de Stanford, Barbara van Schewick, quien estudió el tema por más de una década. “Los empleados no podían conectarse a la red de su compañía”, describió. “Las escuelas no podían subir sus datos de carga. Se cortaban las llamadas de Skype”.

Pero las principales compañías de telecomunicaciones y proveedores de servicios de banda ancha sostienen que la legislación estatal va mucho más allá de las reglamentaciones federales retiradas. Los grupos de presión de la industria tecnológica argumentan que las normas podrían derivar en costosos litigios contra el estado y crearían un mosaico de leyes estatales y federales para regir internet.

“Hay un grupo de personas que no obtuvieron lo que querían con la orden ejecutiva de 2015 y están tratando de conseguirlo aquí en California”, afirmó Steve Carlson, abogado general de la Asociación de Industria de Tecnología Informática, en una audiencia reciente del comité.

Bill Devine, un cabildero de AT&T con sede en Sacramento, sugirió que el proyecto de Wiener perjudicaría la innovación tecnológica y la semana pasada lo calificó como “una desviación radical de la política histórica de internet”.

“Creemos que este proyecto de ley es anticompetitivo y opuesto al consumidor, y seguramente será desafiado”, advirtió.

El debate en California llamó la atención a nivel nacional. Cuando el Comité de Transporte y Comunicaciones de la Asamblea intentó revertir el proyecto SB 822, en junio, se retiró en medio de la crítica de los defensores de la neutralidad de la red. El presidente del comité, el asambleísta Miguel Santiago (D-Los Ángeles), enfrentó una andanada de tuits que condenaban la movida, y su voto en el comité fue capturado en un video que se volvió viral. Algunos tomaron fotos familiares de los perfiles de redes sociales de Santiago y las usaron para crear memes críticos.

Fight for the Future recaudó más de $15,000 a través de un sitio de crowdfunding y campañas de Reddit, para colocar una valla publicitaria en el distrito de Santiago e instarlo a restaurar el proyecto de ley.

El asambleísta afirmó que el comité siempre había tenido la intención de seguir trabajando en la legislación y señaló que las versiones de que sus miembros hayan intentado reescribirla a pedido de la industria tecnológica son falsas.

“En última instancia, a las pruebas nos remitimos”, señaló Santiago, quien firmó como coautor de ambos proyectos de ley. “Elaboramos la ley de neutralidad de red más sólida del país. La industria tecnológica se opuso en ese momento, se sigue oponiendo a ella y continuará oponiéndose. Pero me siento bien con nuestras posibilidades”.

Los proyectos de ley salieron de su comité a mediados de agosto, horas después de que se informara que Verizon había disminuido la velocidad de transmisión de datos inalámbricos del Departamento de Bomberos de Santa Clara. La noticia se detalló en un apéndice a una demanda federal presentada por los estados, incluido California, para impugnar la derogación de las reglas de neutralidad de la red.

La abogada general de Verizon, Heidi Barsuglia, lo consideró un error de servicio al cliente y dijo que la compañía estaba investigando el incidente. “Esta situación particular no tiene nada que ver con la neutralidad de la red”, le dijo a los legisladores. “La neutralidad de la red aborda la discriminación de contenido. Esto fue neutral en contenido”.

El asambleísta Freddie Rodríguez (D-Pomona) se preguntó qué pasaría con los consumidores sin amparo, si hasta los bomberos pueden tener dificultades para acceder a internet mientras “protegen a nuestra gente y salvan vidas”.

Wiener remarcó que, como mínimo, ello era evidencia de “cuán crítico es el acceso a internet para todo”.

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