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LA Times Español

California puso fin a su largo y costoso traslado de prisioneros a otros estados

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En una fotografía de 2007, las camas de los reclusos llenan un gimnasio convertido en un dormitorio temporal de “emergencia” en la Prisión Estatal de California, en el condado de Los Ángeles, en Lancaster. Este tipo de hacinamiento en las prisiones estatales es cosa del pasado. (Spencer Weiner / Los Angeles Times)

(Los Angeles Times)

Para un tema del que se habló tanto durante su apogeo -imágenes de presos en literas triples y desbordadas salas de usos múltiples- el fin de la crisis carcelaria de California pasó silenciosamente la semana pasada, cuando el estado trasladó a casa al último de sus presos, que estaba en confinamiento privado al noroeste de Tucson.

Cumpliendo con el compromiso del gobernador Gavin Newsom de finalizar el proceso iniciado en 2012, los funcionarios de prisiones estatales cerraron los contratos con todas las cárceles de fuera del estado. Los problemas de hacinamiento en los presidios de California son ahora cosa del pasado.

“En un momento dado, durante el apogeo del hacinamiento, teníamos casi 10.400 reclusos en otros estados”, detalló Ralph Díaz, secretario del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California. “Para mí, eso significaba 10.400 presos alejados de sus familias, lejos de California. Era una situación en la que no queríamos estar”.

El uso de prisiones privadas -seis instalaciones, en estados tan lejanos como Mississippi- comenzó en 2006. Los reclusos fueron trasladados a diferentes intervalos durante los 13 años siguientes, un costo que era inevitable para ayudar a resolver un problema que se agravó con los años.

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Las demandas por las ásperas condiciones en las atestadas prisiones de California dieron por resultado la instauración de un límite fijo para la población de reclusos, impuesto por los jueces federales en 2009 y confirmado por la Corte Suprema de EE.UU en 2011 y nuevamente en 2013. Esos fallos llegaron después de que se anunciara, en 2006, que expertos subcontratados dirigirían el sistema sanitario penitenciario del estado. Parte de esa supervisión independiente continúa, aunque el estado ha dado pasos para reanudar el control de los servicios de salud.

El gasto en prisiones en el nuevo año fiscal del estado totalizará unos $15.700 millones, un aumento de $2.600 millones en los últimos cuatro años y sólo un poco más bajo, en porcentaje, que lo que el presupuesto asigna a los colegios de educación superior y universidades.

Sin embargo, la forma en que se redujo la población de reclusos se originó por medio de programas de justicia penal que buscaron limitar el tiempo en prisión de los condenados por delitos más graves y violentos. En el año anterior a una importante realineación de los servicios del sistema penitenciario en los condados de California, el 58% de las nuevas sentencias de prisión fueron por delitos contra la propiedad o por drogas.

Pero los cambios que alejaron a muchos de esos delitos de la prisión -mantener a más delincuentes en las cárceles locales, reducir las penas por delitos contra la propiedad y una amplia expansión de la libertad condicional- no se implementaron sin controversia. Los críticos señalaron que demasiados delincuentes de bajo nivel fueron responsables de nuevas faltas. Y una coalición vocal de defensores de las víctimas elaboró ​​un plan para que los votantes cambien esas reglas de libertad condicional a través de una medida que aparecerá en la boleta electoral de noviembre de 2020.

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Los funcionarios de las prisiones estatales expusieron la semana pasada que la población total en 34 instalaciones ahora es de poco menos de 126.000 reclusos, por debajo del máximo permitido por los tribunales. Pero el espacio para el crecimiento no es lo suficientemente grande como para volver a la era de las largas penas de prisión, un cambio que exigiría al estado hacer algo casi inaudito en los últimos años: construir más de ellas.

Tampoco sería tan barato alojar a esos internos en California. Los funcionarios correccionales expusieron que el año pasado el costo promedio fue de $31.106 por recluso enviado fuera del estado, pero aquellos dentro del estado cuestan un promedio anual de $82.910.

Aún así, el final de los traslados fuera del estado marca un momento importante. Díaz, quien fue designado por el gobernador en marzo para dirigir el sistema penitenciario, señaló que ello envía un mensaje importante sobre la rendición de cuentas. “Me siento mucho mejor cuando puedo levantar el teléfono y enviar a alguien directamente a una prisión bajo mi cuidado en el mismo día”, afirmó. 

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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