Abogados, periodistas y defensores de derechos de los inmigrantes fueron investigados en la frontera

Documentos publicados el pasado miércoles indican que el gobierno federal ha monitoreado a un grupo de periodistas, abogados, defensores y activistas que interactuaron con las caravanas de migrantes que llegaron a Tijuana a fines del año pasado.

Hace tan sólo una semana, un abogado de Al Otro Lado, una organización de servicios legales que ha estado apoyando a los migrantes en Tijuana, fue detenido cuando trataba de entrar a México en lo que algunos creen que es una represalia contra las personas que trabajaron con la caravana o cubrieron la historia de su viaje a la frontera.

La NBC7 de San Diego publicó el pasado miércoles documentos filtrados que indican que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido expedientes de un grupo de 59 defensores, activistas, abogados y periodistas que tuvieron algún tipo de relación con la caravana de migrantes que llegó a Tijuana en noviembre.

Muchos de ellos aparecieron en artículos anteriores de The San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times y The Intercept hablando de frecuentes interrogatorios en la frontera o de que se les negaba la entrada a México.

A principios de este año varias personas del grupo comenzaron a cuestionar lo que estaba pasando después de haber sido interrogadas repetidamente en una inspección secundaria cuando cruzaban hacia el norte a través del Puerto de Entrada de San Ysidro. Dijeron que se les hicieron preguntas sobre la caravana y sobre las personas que la ayudaban.

Otros, como la fotógrafa independiente Kitra Cahana, se vieron impedidos de entrar a México. A Cahana se le negó dos veces la entrada al país cuando trató de regresar para continuar su trabajo con los migrantes.

La mayoría, pero no todas, las personas entrevistadas por el Union-Tribune que creían que habían sido blanco de las investigaciones de Aduanas y Protección Fronteriza habían estado presentes cuando algunos miembros de la caravana intentaban cruzar la frontera ilegalmente durante el incidente del Año Nuevo, cuando más de 100 migrantes se reunieron en el lado sur de la frontera y los oficiales estadounidenses dispararan gas lacrimógeno. (Los oficiales sostienen que estaban respondiendo a las piedras que se les lanzaban, pero algunos testigos han cuestionado el orden de los hechos).

Los documentos publicados indican que los funcionarios colocaron alertas sobre algunas de las personas del grupo y cancelaron visas o pases SENTRI a otras. Al menos nueve personas en los documentos parecen tener una X roja sobre sus fotos, lo que indica que fueron arrestadas. Algunos de esos nueve fueron deportados posteriormente de México.

Cuando se le preguntó sobre los expedientes, un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que las caravanas que llegaban habían "añadido nuevos y mayores retos a una misión ya de por sí complicada y peligrosa".

"Los eventos criminales, como la violación del muro fronterizo en San Diego, que involucra asaltos a las fuerzas de seguridad y un riesgo para la seguridad pública, son rutinariamente monitoreados e investigados por las autoridades", dijo el funcionario de la CBP.

"Estas actividades podrían resultar en una revisión más profunda de aquellos que buscan entrar a nuestro país. El protocolo que sigue a estos incidentes es recoger las pruebas que puedan ser necesarias para futuras acciones legales y determinar si el evento fue orquestado. CBP y nuestros socios en la aplicación de la ley evalúan estos incidentes, siguen todas las pistas obtenidas de la información recopilada, llevan a cabo entrevistas e investigaciones, para prevenir futuros incidentes que podrían causar más daño al público, a nuestros agentes y a nuestra economía".

Cuánta autoridad tienen los funcionarios de la frontera para buscar e interrogar contra cuales son los derechos civiles de las personas que pasan por allí, es algo que se está litigando en los tribunales.

Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles pidieron una mayor supervisión de la agencia después de conocer los expedientes.

"Esta es una violación escandalosa de la Primera Enmienda", dijo Esha Bhandari, abogada del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. "El gobierno no puede utilizar el pretexto de la frontera para atacar a los activistas que critican sus políticas, a los abogados que proporcionan representación legal o a los periodistas que simplemente hacen su trabajo. Estamos explorando todas las opciones en respuesta".

El nombre de la abogada de Al Otro Lado, Erika Pinheiro, no aparece en los documentos que publicó la NBC7, pero el de su colega Nicole Ramos sí. (El medio de comunicación difuminó muchos de los rostros y nombres en el expediente, pero Ramos parece ser la única persona identificada como abogado en las páginas que fueron publicadas. Algunos de los que aparecen en los documentos no tienen un papel plenamente definido.)

A Pinheiro se le negó la entrada cuando intentó entrar a Tijuana a pie desde San Diego a finales de enero debido a una alerta internacional colocada en su pasaporte, dijo. Pasó alrededor de un mes en Estados Unidos tratando de obtener una tarjeta de residencia para poder regresar.

"Toda mi familia vive en México", dijo Pinheiro. "Durante todo el tiempo que estuve fuera, mi familia estaba separada. Me sacaron de México sin mi hijo".

La alerta se disparó de nuevo cuando condujo hasta el Puerto de Entrada de San Ysidro hace poco más de una semana y llevó los papeles de su tarjeta de residencia a las autoridades de inmigración mexicanas, dijo. Uno de los supervisores le dijo que la alerta es para personas que tienen problemas de seguridad nacional o criminales, dijo.

Tuvo que llenar un cuestionario que preguntaba si tenía órdenes de arresto en otros países y si alguna vez había sido condenada por un delito. Las autoridades del puerto de entrada enviaron su información a la Ciudad de México, y se le permitió entrar al país después de esperar una hora.

"La última vez habían sido mucho más agresivos", dijo Pinheiro sobre su experiencia. "Esta vez parecían sólo confundidos en general".

Un funcionario de inmigración mexicano confirmó que Pinheiro tuvo que pasar por un "proceso administrativo" en el puerto de entrada debido a una alerta en su pasaporte. El funcionario no pudo decir la razón de la alerta.

Pinheiro cree que el gobierno de Estados Unidos puso la marca en su pasaporte.

"Parece que el gobierno de Estados Unidos está enfocándose en cualquiera que preste asistencia a los migrantes", dijo Pinheiro. "Hay un patrón muy claro de eso".

A Nora Phillips, directora legal de Al Otro Lado, también se le negó la entrada a México en enero debido a marca en su pasaporte.

Al Otro Lado es parte de varias demandas contra las políticas de inmigración de la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional se negó a hacer comentarios en el expediente.

Días antes del segundo incidente de Pinheiro en la frontera, los abogados incluyeron una solicitud de información sobre la alerta en el pasaporte de Pinheiro como parte del proceso de investigación en un caso en el que se alegaba que el gobierno federal rechazaba ilegalmente a los solicitantes de asilo. Los documentos de la corte relacionados con la solicitud del abogado se encuentran sellados.

Una declaración de las organizaciones involucradas en el caso dijeron que los abogados habían presentado una solicitud de investigación para determinar si las alertas sobre los dos pasaportes de los abogados de Al Otro Lado eran en represalia a la demanda y a la defensa de los solicitantes de asilo por parte de dicha organización. Señala que el trabajo que hacen Pinheiro y varios abogados de Al Otro Lado, incluyendo la representación de clientes en las demandas contra el gobierno de Estados Unidos, lo cual requiere que puedan viajar a México.

Aunque Pinheiro ha podido regresar a México, le preocupa que se le siga negando la entrada desde cualquier otro país debido a la alerta en su pasaporte.

Su trabajo requiere que viaje a Centroamérica con frecuencia, ya que se encuentra entre los que han estado en el terreno apoyando a los padres deportados de familias separadas. Precisamente esta semana Al Otro Lado apoyó a 29 padres deportados en un viaje de regreso a la frontera de Estados Unidos en Calexico para pedir que se reunieran con sus hijos.

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