Concejal de Commerce podría pagar multa de $55,000 por violar la ley de ética política
La concejal de Commerce Tina Baca Del Rio deberá pagar una multa de $55,000 y admitir sus múltiples violaciones a la ley estatal de ética política, luego de un acuerdo al que se llegó el pasado jueves con los reguladores de las elecciones estatales.
El avance del acuerdo tuvo lugar mientras la Comisión de Prácticas de Políticas Justas (FPPC, por sus siglas en inglés) tenía previsto votar acerca de una pena de $104,000 contra Baca Del Rio, por 24 cargos de violación de la Ley de Reforma Política.
Entre ellos se incluyeron acusaciones por haber gastado fondos de campaña en la remodelación de una cocina, y haber transferido indebidamente más de $8,000 de su campaña a su cuenta bancaria personal. Baca Del Rio se encontraba en Sacramento el jueves último para defender su caso, pero optó por negociar de forma privada con funcionarios del FPPC mientras la comisión deliberaba en otros asuntos.
Más de una hora después, un abogado de la FPPC señaló a la comisión que se había llegado a un acuerdo tentativo. Bajo los términos propuestos, Baca Del Rio admitiría sólo la mitad de los 24 cargos. A excepción de cuatro, todos los cargos estaban relacionados con acusaciones de que la concejal había completado tarde las declaraciones de finanzas de campaña, o directamente no lo había hecho. Sólo un cargo por mal uso de fondos de la campaña será eliminado bajo este acuerdo.
En respuesta a la cifra de seis dígitos propuesta como multa, Baca Del Rio escribió una carta a la comisión donde señaló que no había comprendido enteramente el proceso que generó la acción en su contra. Según documentos de la FPPC, la funcionaria no había cumplido los plazos para responder las comunicaciones de la agencia y resolver el asunto. En su carta, con fecha 18 de julio, Baca Del Rio reconoció que algunas de las acusaciones de los 24 cargos originales eran ciertas, pero destacó que había muchas “inexactitudes”.
La concejal leyó los documentos que la FPPC le había enviado, pero desestimó la parte donde se especificaba la fecha límite para responder porque “estaba escondida detrás de las pruebas” que ella pensó haber visto con anterioridad, señala el escrito. Luego de volver a leer los documentos y descubrir el plazo, le solicitó una extensión a la Jefa de Implementación de la FPPC, Galena West, pero le fue denegada.
Baca Del Rio también negó haber malversado fondos y señaló que simplemente había recuperado dinero que había prestado a la campaña. Los investigadores de la FPPC habían concluido que Baca Del Rio nunca había hecho los ‘préstamos’ que registró en los documentos. “Sobre la base de las circunstancias anteriores, le ruego que me dé la oportunidad de una audiencia”, escribió la concejal.
Los comisionados acordaron examinar el asunto en 30 días, pero dejaron en claro que Baca Del Rio tendrá que presentar un cheque por $55,000 para entonces, y que aún así se podría aprobar la pena de $104,000 o incrementar la suma de $55,000 si al leer el acuerdo concluyen que la pena es demasiado leve.
Parte de esa penalidad puede pagarse con fondos de campaña, pero la porción relacionada con el mal uso de fondos debe venir de su propio bolsillo. “Tenemos aún cien por ciento de autoridad para rechazar la estipulación”, aseguró la presidente de la FCCP, Jodi Remke.
La mayor multa impuesta contra un funcionario local elegido por mayoría popular antes del caso de Baca Del Rio fue de $50,000, detalló Jay Wierenga, vocero de la organización. En 1988, la agencia multó a un supervisor del condado de Sacramento con $290,000 luego de que dejara el cargo, agregó el portavoz.
En un caso anterior en contra de Baca Del Rio, la comisión la multó en $26,000 en 2011, por no presentar declaraciones de la campaña conforme los plazos estatales.
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