Trabajadores sociales podrían enfrentar un juicio por la muerte del niño Gabriel Fernández

En un caso que conmocionó a los trabajadores de protección infantil en todo el país, un juez del condado de Los Ángeles pronto decidirá si hay pruebas suficientes para enjuiciar a cuatro trabajadores sociales por negligencia criminal por la muerte de un niño de ocho años, en Palmdale, cuyo cuidado estaba a su cargo.

Para los fiscales, Gabriel Fernández murió en mayo de 2013, después de meses de torturas y abusos en manos de su madre y el novio de ésta, quienes están ahora a la espera del juicio por cargos de asesinato capital.

Pero el foco también está puesto sobre cuatro exempleados del Departamento de Niños y Servicios de Familia, acusados de abuso de menores y falsificación de registros públicos. Los fiscales alegan que las trabajadoras sociales Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y los supervisores Kevin Bom y Gregory Merritt, ignoraron evidencia de abusos repetidos y minimizaron las lesiones del pequeño.

El caso de Fernández es el primero en Los Ángeles en el cual trabajadores sociales se enfrentan a cargos criminales por el desempeño de sus funciones, señaló el fiscal, y es uno de muy pocos casos presentados a nivel nacional en las últimas décadas.

En dos semanas de testimonios durante las audiencias preliminares, la maestra de primer grado de Gabriel y otros testigos narraron sus preocupaciones crecientes por las señales de abuso físico -moretones faciales, costras, mechones arrancados y labios rotos- que veían, y el temor de que sus llamadas a los trabajadores sociales siguieran siendo ignoradas. El juez M.L. Villar, de la Corte Suprema del Condado de Los Ángeles, tiene previsto indicar esta semana si la evidencia justifica un juicio penal para ellos.

El condado despidió a los trabajadores sociales, pero Merritt ha presentado una apelación contra su relevo. Los cuatro empleados niegan con vehemencia cualquier mal proceder.

“Son chivos expiatorios”, afirmó el abogado de Merritt, Jim Barnes. “Hay muchas otras personas involucradas aquí en la toma de decisiones”.

La decisión de Jackie Lacey, fiscal de distrito del condado de L.A., de enjuiciar a los empleados sorprendió a muchos expertos en protección infantil, que temen que el caso pueda obstaculizar los esfuerzos para contratar más trabajadores sociales en el sector público.

“Este caso está creando mucha aprensión”, afirmó Janlee Wong, directora ejecutiva de la división de California de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. “La gente que considera ingresar al campo del trabajo social infantil ahora se pregunta: ‘¿Podría enfrentar cargos si algo sale mal?’”.

Wong no hizo comentarios sobre los méritos de la fiscalía de Los Ángeles, pero señaló que los trabajadores sociales son tropas terrestres que, en su mayor parte, siguen órdenes de sus superiores. “Cuando un niño muere, hay mucha culpa y responsabilidades por asumir”, expresó. “Cuando ponemos la responsabilidad en ciertas personas, nos olvidamos de responsabilizar a todo el sistema”.

Marilyn Flynn, decana de la Escuela de Trabajos Sociales Suzanne Dworak-Peck, de USC, aseguró que el departamento del condado había estado “lleno de problemas” por años, plagado de sistemas anticuados, gran cantidad de casos y la frecuente deserción de sus líderes. “Esto afectó la calidad de supervisión, la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones consistentes, y desmoralizó a los empleados”, remarcó Flynn.

Los fiscales presentaron el caso luego de que el departamento de bienestar solicitara una revisión de su propia investigación interna. “En nuestra rigurosa reconstrucción de los acontecimientos que rodearon la muerte de Gabriel, encontramos que cuatro de nuestros trabajadores sociales no habían cumplido con sus tareas. Indiqué que todos fueran despedidos”, relató Philip Browning, por entonces director del departamento.

La maestra Jennifer García, de Summerwind Elementary School, relató que en los meses previos a la muerte de Gabriel había reportado en varias oportunidades a los trabajadores sociales nuevos signos de abuso, que según los fiscales provenían de manos de su madre, Pearl Fernández, y el novio de ésta, Isauro Aguirre.

Pocas semanas después del comienzo del año escolar 2012-2013, García vio un moretón importante en el rostro del niño, quien reveló que había sido golpeado con la hebilla de una correa y que había sangrado. De inmediato, la docente llamó a la línea de emergencia del condado para casos de abuso infantil, y recibió un llamado de la trabajadora social Rodríguez, relató en la corte.

En enero de 2013, prosiguió García, Gabriel llegó a la escuela con los ojos hinchados y el rostro con cicatrices. En un primer momento, el niño dijo que se había caído, pero luego le dijo a su maestra: “Mi mamá me disparó en la cara con un arma de perdigones (balines)”.

En dos ocasiones, prosiguió la docente, el temeroso pequeño le pidió: “¿Podría llamar a esa señora?”, en referencia a la trabajadora social. García dijo que comenzó a perder confianza en los servicios de protección infantil cuando los meses pasaban y Gabriel seguía con su madre. “Comencé a sentir que nada ocurría”, afirmó.

Los registros muestran que Rodríguez fue a la casa para investigar y documentó pequeños moretones e hinchazón en la cara de Gabriel. La madre del niño culpó a su otro hijo de disparar balas de goma a Gabriel, según sus notas. Rodríguez también pidió explicaciones de los golpes con la correa, pero el niño negó su relato anterior y dijo que había sido una broma. Luego del incidente con la pistola balines, Clement, una antigua monja y capellán juvenil, se hizo cargo del caso.

Al anunciar los cargos, Lacey expresó: “Cuando su negligencia es tan grande como para convertirse en un delito, las vidas de los pequeños se ponen en riesgo. Creemos que estos trabajadores sociales fueron negligentes y cumplieron sus deberes legales con desprecio deliberado contra el bienestar de Gabriel”.

Los fiscales se han negado a proporcionar detalles de los cargos, por ejemplo cómo los registros podrían haber sido falsificados. El abogado de Rodríguez, Lance M. Filer, aseguró que no hay pruebas de que su cliente haya fabricado notas o reportes.

“Están intentando responsabilizar a nuestros clientes por las acciones independientes de los criminales”, dijo, refiriéndose a la madre de Gabriel y el novio de ésta.

Hagop Kuyumjian, abogado de Bom, uno de los supervisores, insistió en que su cliente dependía de los informes de Rodríguez y no tenía conocimiento directo de los actos abusivos.

El juez James Chalfant, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, revocó en enero de 2016 la decisión de una comisión de servicio civil para restablecer a Merritt en su cargo, alegando que el supervisor había aprobado la proposición de Clement de anular la puntuación de alto riesgo de la familia en una evaluación y había ordenado cerrar el caso en abril de 2013.

Un mes después, un grupo de paramédicos llegaron a la casa de Palmdale y hallaron a Gabriel sin respiración. Su cráneo estaba fracturado, tenía tres costillas rotas y tenía la piel magullada y quemada. También tenía balines incrustados en su pulmón e ingle, y le faltaban dos dientes.

El abogado de Merritt señaló que la escalada de violencia ocurrió cuando el caso fue cerrado y la familia ya no estaba bajo la supervisión del departamento. Según el testimonio de un detective asignado al caso, el hermano de Gabriel declaró que habían disparado balines de metal a su hermano y que había perdido los dientes semanas antes de su muerte. La violencia de Aguirre aumentó cuando éste pensó que Gabriel le había robado un cuchillo y su tarjeta de crédito.

Shelly Albert, abogada de Clement, afirmó que los cuatro trabajadores sociales son el blanco de una persecución selectiva, y que otros trabajadores sociales y autoridades, entre ellos los agentes del sheriff que respondieron a los informes de abusos, no han sido considerados. García, la maestra del niño, afirmó que nunca habló directamente con el Departamento del Sheriff del Condado de L.A.

Varios oficiales que visitaron la casa para llevar a cabo controles fueron disciplinados, según autoridades del Sheriff. Ningún agente perdió su trabajo o fue procesado.

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Traducción: Valeria Agis