Responden a Trump con fondo millonario para evitar deportaciones en Los Ángeles
En respuesta a la represión esperada contra la inmigración sin documentos durante la administración de Donald Trump, los líderes de Los Ángeles anunciaron hoy lunes un fondo de 10 millones de dólares para asistir legalmente a los inmigrantes que enfrentan a la deportación.
Bajo el esfuerzo conjunto de la ciudad y el condado de Los Ángeles, la Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles se comprometió con tres millones de dólares, según la oficina de la supervisora Hilda Solís. Se espera que la ciudad agregue por lo menos $1 millón, y el resto del dinero será recaudado por grupos filantrópicos.
El movimiento surge en el momento en que los líderes en California, estado dominado por los demócratas, desarrollan formas de contrarrestar las promesas de deportación de millones de personas realizadas por el presidente electo durante su campaña.
El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti, la supervisora Solís, el fiscal Mike Feuer y el concejal Gil Cedillo se unirán a los esfuerzos de los líderes filantrópicos para anunciar la creación del Fondo de Justicia de Los Ángeles.
El anuncio de hoy se produce en medio de los temores de que Trump deportará ilegalmente a millones de personas que viven en Estados Unidos. Más de 1 millón de los 11 millones de inmigrantes estimados en el país sin estatus legal viven en el condado de Los Ángeles, de acuerdo información de Migration Policy Institute.
Fredy Ceja, portavoz del concejal Cedillo, dijo que el fondo económico es una muestra de que la ciudad está “lista para responder”.
“Estamos tratando de encontrar una solución común a cualquier amenaza que el gobierno federal lanza”, agregó Ceja.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes de Los Ángeles, sindicatos y organizaciones legales enviaron una carta el mes pasado a Garcetti, el Concejo Municipal y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles pidiendo acciones más agresivas ante las posibles deportaciones.
La lista de demandas de la coalición incluía en la carta la creación de un fondo de defensa legal.
Los legisladores estatales también presentaron recientemente una serie de proyectos de ley dirigidos a proteger a los inmigrantes. El senador estatal Ben Hueso (D-San Diego) presentó una ley para crear un programa que pague los gastos legales de aquellos que enfrentan deportación, mientras que el asambleísta Rob Bonta (D-Oakland) quiere crear centros financiados por el estado para capacitar abogados sobre la ley migratoria.
El presidente del concilio de Los Ángeles, Herb Wesson, anunció el mes pasado que buscará contratar a un defensor de los inmigrantes para que asuma el esfuerzo y aplique políticas para evitar que los residentes de Los Ángeles sean deportados. También dijo que la ciudad debe trabajar con escuelas y colegios comunitarios en estrategias para mantener a las familias unidas e impedir las deportaciones.
Sin embargo, todavía no está claro lo que los gobiernos de las ciudades pueden hacer para bloquear o incluso retrasar las deportaciones, que están bajo jurisdicción federal.
Algunas ciudades se han negado a cooperar plenamente con los agentes de inmigración. San Francisco promulgó una ley que declara que las autoridades locales no pueden retener a los inmigrantes para su posible deportación si no tienen delitos violentos y nadie los está acusando actualmente.
Los críticos dicen que las fuertes discusiones tras la elección de Trump es más política que verdaderamente prevenir que el presidente electo se salga con la suya.
Los funcionarios de Los Ángeles han expresado desde el día de la elección de Trump sobre la protección de los inmigrantes de la ciudad. El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, reiteró que el departamento no tiene planes de involucrarse en ningún esfuerzo de deportación y continuará con su política de no permitir a los policías detener a las personas únicamente para determinar su estatus migratorio.
La inmigración ilegal fue un tema central de la campaña presidencial de Trump. Él dijo que construiría un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, deportaría a los inmigrantes sin documentos y eliminaría las acciones ejecutivas del presidente Obama.
Para presionar a los estados, el presidente electo dijo durante su campaña que retendría los fondos federales para castigar las llamadas ciudades de santuarios, incluyendo Los Ángeles y Chicago, por sus políticas indulgentes contra la inmigración ilegal.
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