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Editorial: Ofrecer abogados a migrantes que enfrentan deportación es una valiosa forma de gastar el dinero público

Una beneficiaria del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), de 24 años, llora porque su abuela se niega a ir al médico por temor a ser deportada (Los Angeles Times).

Una beneficiaria del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), de 24 años, llora porque su abuela se niega a ir al médico por temor a ser deportada (Los Angeles Times).

(Los Angeles Times)

Tener un abogado puede marcar toda la diferencia del mundo para alguien que se enfrenta a una deportación en una corte inmigratoria federal, donde la ley es vertiginosamente compleja. Sin embargo, sólo el 37% de los potenciales deportados cuentan con uno. Parte del problema es la falta de letrados capacitados en el tema, y la otra parte es el dinero: los inmigrantes, como es de esperar, a menudo carecen de recursos para contratar a estos profesionales.

Desde luego, si se enfrentan a cargos criminales, el sistema les provee de abogados como derecho constitucional enmarcado en los fallos de la Corte Suprema de los EE.UU. Pero los códigos de inmigración son civiles, y no hay derecho constitucional para contar con un defensor durante estos procesos. Si la persona puede contratar uno por su cuenta, muy bien, pero el gobierno no le suministra uno.

Forzar a alguien -a menudo una persona sin siquiera una comprensión básica del inglés- a navegar este complicado terreno jurídico sin idea de qué dice la ley, o qué alternativas podrían estar disponibles, es kafkiano. Más aún, es particularmente absurdo e inhumano exigirlo de un niño, incluidos los miles de menores no acompañados que huyen de las salvajes calles de El Salvador, Honduras y Guatemala para buscar asilo en los EE.UU. Grupos de activistas sin fines de lucro y bufetes privados con rigurosos programas pro bono han provisto abogados en algunos casos de individuos que se enfrentan a la deportación, pero no hay suficientes profesionales para repartir.

En un mundo perfecto, nadie debería llegar a un procedimiento legal sin el beneficio de la representación. Pero el gobierno federal, responsable de la aplicación de la ley de inmigración, no tiene los recursos o la voluntad de proporcionar letrados a quienes intenta deportar. Con el inquietante endurecimiento de restricciones de la administración Trump a los inmigrantes indocumentados -cualquier persona que viva en los EE.UU. sin permiso es ahora blanco de deportación, sin importar cuánto tiempo ha residido en el país ni sus vínculos con la comunidad en la cual vive- algunos gobiernos locales y estatales intentan dar un paso al frente para llenar parte de la brecha. Las estimaciones sugieren que una persona detenida que se enfrenta a su deportación es aproximadamente 10 veces más propensa a triunfar en la corte si cuenta con un abogado (el número es menor para quienes no están detenidos).

Desde 2014, el Departamento de Servicios Sociales de California ha enviado cerca de $3 millones al año a organizaciones para proporcionar ayuda legal a más de 500 menores no acompañados que se enfrentan a la deportación. Ahora, la ley SB 6, aprobada por el Senado estatal y que está siendo considerada por la Asamblea, proporcionaría unos $12 millones adicionales para pagar los abogados de las personas que enfrentan una deportación.

La norma daría prioridad a los detenidos que tienen un padre, cónyuge o hijo viviendo en California de forma permitida, y una prioridad levemente inferior a los veteranos militares y sus cónyuges, solicitantes de asilo y aquellos con vínculos comunitarios de mucho tiempo. La medida descartará específicamente a los culpables de un delito violento, una exclusión que ha molestado a los activistas defensores de la inmigración, quienes sostienen que todas las personas que se enfrentan a la deportación deberían contar con un letrado. También argumentan que el señalamiento de convictos está en sintonía con el retrato que el gobierno de Trump hace de los inmigrantes indocumentados como criminales violentos.

El mismo debate ha girado en torno a una iniciativa de la ciudad y el condado. Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles, sigue impulsando una propuesta para contribuir con $3 millones de dólares a un nuevo Fondo de Justicia de Los Ángeles, a pesar de que los supervisores aún no han acordado si excluir de éste a los criminales convictos. El Concejo Municipal de L.A. avanza con un plan para contribuir con $2 millones anuales, durante tres años, en tanto los delincuentes violentos queden fuera.

El Fondo de Justicia, que será administrado por la California Community Foundation, fusionaría el dinero de la ciudad y el condado con $5.7 millones de varias fundaciones sin fines de lucro. Cada defensa de una deportación cuesta cerca de $5,000 dólares, por lo cual el Fondo de Justicia de L.A., de $10.7 millones, serviría para unas 2,140 personas en una región donde las cortes de inmigración tienen 44,600 casos acumulados. De ellos, el 68% de los inmigrantes detenidos y el 26% de los liberados durante el proceso de deportación no cuentan con ayuda legal.

Dada esa necesidad, tiene sentido priorizar el gasto. Entre los que deberían recibir una consideración especial se encuentran los menores no acompañados y las personas elegibles para el programa DACA. Aquellos con el tipo de condenas criminales que implicarán una derrota en la corte deberían estar al final de la lista. Ello no es porque creamos que se les debe negar un abogado, sino porque los recursos públicos son limitados y necesitan destinarse allí donde pueden causar un beneficio mayor.


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