Propietarios de apartamentos de L. A. son acusados de desalojar a los inquilinos y alquilar sus unidades a través de Airbnb
Después de años de ver el desplome en la oferta de vivienda asequible, del aumento de los desalojos y la oleada de demoliciones, y que los arrendadores obtienen ganancias rápidas con alquileres a corto plazo, los funcionarios de Los Ángeles están contraatacando.
Por primera vez, la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles ha presentado cargos criminales en contra los propietarios de un edificio de apartamentos de renta controlada en el distrito de Fairfax, indicando que después que los inquilinos fueron desalojados, convirtieron los apartamentos en unidades de alquiler a corto plazo y los ofrecieron en el sitio de internet Airbnb.
Los cargos por delitos menores, junto con demandas civiles que fueron archivadas en contra de los propietarios de otros tres edificios, han sido interpretados como una señal enviada a otros arrendadores que quebrantan las leyes de control de renta, en momentos que Los Ángeles enfrenta una crisis de vivienda asequible.
“Considerando la escasez de vivienda económica, la conversión ilegal de las unidades de alquiler en hoteles a corto plazo tiene que pararse”, dijo Feuer el lunes, durante una conferencia de prensa. “Mi oficina va a intervenir para preservar unidades de alquiler de renta controlada y restaurar esas unidades cuando argumentamos que fueron sacadas del mercado de forma ilegal”.
Se desconoce cuántos lugares de alquiler a corto plazo funcionan en Los Ángeles, pero Feuer dijo que es prioridad de su oficina investigar dichas quejas.
Carol J. Alsman e Inversiones LSJB LLC, que son dueños de un edificio de cuatro unidades en el 500 N. Avenida de Genesee en el distrito de Fairfax, fueron acusados la semana pasada de seis cargos por delitos de menores de violar las leyes de zonificación de la ciudad, los códigos de construcción y las leyes de control de renta.
La querella alega que ellos desalojaron a arrendatarios conforme a la Ley Ellis, una ley estatal que permite a los arrendadores salir del negocio de alquileres. La ley requiere que los arrendadores paguen por honorarios de reubicación y que notifiquen a los arrendatarios si ellos tienen la intención de alquilar de nuevo las unidades dentro de cinco años.
Posteriormente, los dueños alquilaron aquellas unidades por más de $550 por una noche a través de Airbnb e impidieron a los antiguos inquilinos tener la oportunidad de alquilar de nuevo esas unidades.
“Obviamente usted va a tener una gran ganancia si, en su capricho, cambiara su unidad de apartamento a una unidad de alquiler por cada noche”, dijo Feuer.
Los casos subrayan las profundidades de la crisis de vivienda de la ciudad. En la zona urbana angelina, más de 1,000 apartamentos de renta controlada fueron retirados del mercado el año pasado - un aumento de casi el triple desde 2013, según informes de un análisis de datos de vivienda dado a conocer a principios de este año. Los desalojos en dichas unidades se han duplicado durante el mismo tiempo.
Los archivos de la ciudad indican que en todo Los Ángeles, más de 20,000 unidades de renta controlada han sido sacadas del mercado desde 2001.
Defensores de inquilinos afirman que la supresión de estas unidades ha dañado la oferta de viviendas asequibles, y se da en un tiempo en que Los Ángeles también se ha convertido en una de las ciudades menos accesibles para vivir en el país.
El año pasado, tres inquilinos desalojados demandaron a los propietarios del edificio Genesee, después se dieron cuenta que sus unidades aparecieron en Airbnb, semanas después de que se habían mudado. El caso civil aún está pendiente.
Alsman no pudo ser contactada para emitir comentarios.
Carrie Kirshman, una antigua inquilina dijo que cree que la demanda presentada por el fiscal de la ciudad refuerza su afirmación de que ella y otros fueron desalojados injustamente.
“Los propietarios deben saber que hay consecuencias para este tipo de acciones”, dijo Kirshman.
Randy Renick, un abogado que representa a los inquilinos en el edificio de Genesee Avenue, dijo que es alentador que la oficina del fiscal de la ciudad esté tomando en serio el problema, pero dijo que también debería ir detrás de sitios de alquiler de corto plazo, como Airbnb.
“Sin Airbnb, ninguno de estos propietarios tendría participación en este tipo de fraude”, dijo Renick.
En un comunicado, Alison Schumer, portavoz de Airbnb, dijo que “nos oponemos firmemente a los especuladores de bienes raíces que desalojan ilegalmente a los inquilinos y abusan de plataformas de abuso como la nuestra, en busca de dinero rápido”.
Un apartamento de dos dormitorios en el edificio de Genesee Avenue también fue enlistado en HomeAway el lunes por más de $400 la noche, según indica una lista en el sitio web de la empresa de alquileres a corto plazo.
La oficina del fiscal de la ciudad, dijo que enviará una copia de la Ley Ellis a Airbnb y a otras plataformas de alquiler a corto plazo como una medida preventiva para prevenir el listado de propiedades similares.
El control de renta en Los Ángeles se aplica principalmente a edificios multifamiliares construidos antes del octubre de 1978. Cuando un nuevo inquilino se muda, el propietario puede elevar el alquiler tanto como quiera si hay alguien que esté dispuesto a pagarlo, pero los aumentos en años subsiguientes fueron restringidos, recientemente al 3%.
Los inquilinos de los edificios de renta controlada tienen una fuerte protección contra el desalojo para garantizarles que los propietarios no pueden sacarlos y cobrar alquileres del mercado más altos.
Sin embargo, bajo la Ley Ellis, aprobada en 1985, los propietarios pueden desalojar a los inquilinos si ellos tienen la intención de sacar la vivienda del mercado de renta o demoler el edificio para construir nuevos apartamentos.
La práctica ha provocado una reacción en Los Ángeles y San Francisco. Los esfuerzos realizados en años recientes por legisladores estatales para enmendar la ley fracasaron en medio de la oposición de la industria de bienes raíces.
En 2014, la Procuraduría de la ciudad de San Francisco presentó demandas civiles en contra de los dueños de dos propiedades de renta controlada por haber desalojado ilegalmente a inquilinos y convertirlas en alquileres a corto plazo. El año pasado, los propietarios acordaron pagar casi 400 mil dólares.
Demandas civiles en contra los propietarios de tres edificios de apartamentos de renta controlada, argumentan que los propietarios están operando y publicitándolos ilegalmente como hoteles.
Estos incluyen dos propiedades en Ocean Front Walk en Venice y una en Hollywood, en la venida North Van Ness. En los tres edificios hay más de 120 unidades, según la oficina del fiscal de la ciudad.
Las demandas buscan que un tribunal designe a un administrador judicial que opere esas tres propiedades hasta que se cumplan con las leyes, así como restitución y multas civiles.
Según funcionarios de planificación urbana, el alquiler de apartamentos o casas para permanencias cortas es ilegal en muchas áreas residenciales. El Departamento de Vivienda recibió decenas de quejas sobre el “uso ilegal” de edificios de apartamentos del año pasado.
Los residentes se han quejado de que la ciudad ha fallado en tomar medidas contra este tipo de alquileres. Feuer dijo que sus abogados procesaron los casos, porque fueron capaces de justificar reclamos pendientes de órdenes de ejecución presentadas por el Departamento de Vivienda de la ciudad.
Líderes de la ciudad han propuesto cambios para frenar los abusos de alquiler a corto plazo, tales como la limitación de la gente que sólo alquila su residencia principal hasta por 120 días al año.
A los huéspedes también se les prohibiría ofrecer apartamentos que caen en el rubro de estabilización de renta o establecer convenios económicos de alojamiento, y tendrían que pagar el mismo tipo de impuestos de alojamiento en hoteles que serían destinados a un fondo de vivienda asequible de la ciudad.
“Regulaciones simples que permitan el intercambio honesto de albergue, que permitan ir más fácilmente detrás de operadores sin escrúpulos que están operando hoteles de facto ayudará a proteger la vivienda asequible y el carácter de nuestros vecindarios”, dijo el concejal Mike Bonin.
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