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Varias mujeres testificaron contra agentes del LAPD en un caso de abuso sexual

Dos policías de L.A. se enfrentan a cargos por agresión sexual repetida a cuatro mujeres.

Dos policías de L.A. se enfrentan a cargos por agresión sexual repetida a cuatro mujeres.

(Bob Chamberlin / Los Angeles Times)

La primera vez que conoció a los dos oficiales de narcóticos fue en julio de 2009, cuando la apresaron comprando metanfetamina en Hollywood. Si ella les daba nombres de los traficantes, le dijeron, podrían sacarla de la cárcel. La mujer no prometió nada, relató, pero tomó el número de teléfono de uno de los policías antes de ser apresada.

Tres días después fue liberada. Al salir de un tribunal del centro de L.A., esa noche, los oficiales la esperaban afuera, en un coche de policía sin identificación. Bajaron la ventana del Volkswagen Jetta y le ofrecieron llevarla. Ella aceptó.

Lo que siguió a ello, testificó la mujer durante una audiencia preliminar el viernes pasado, fue una serie de oscuros desacuerdos con los dos oficiales, incluyendo un encuentro, semanas más tarde, mientras ella caminaba con su perro por Hollywood. Esa noche, los oficiales le ordenaron que ingresara en el asiento trasero del vehículo, donde -según dijo- uno de ellos desabrochó sus pantalones, los bajó y la forzó a practicarle sexo oral. El otro agente, en tanto, permaneció en el asiento delantero mirando hacia adelante y sosteniendo a su perro.

Conmocionada y asustada, dijo, ella no se defendió. “Intentó besarme después de eso y dijo que no había estado tan mal”, testificó la mujer, quien lloró al relatar los detalles del ataque.

El testimonio se produjo durante una audiencia de dos días, en la cual ella y otras mujeres dieron pruebas contra los oficiales Luis Valenzuela y James Nichols, acusando al par de violación o agresión sexual. Los fiscales afirman que los agentes atacaron a cuatro mujeres entre finales de 2008 y 2011, forzando a las víctimas a mantener relaciones o practicar sexo oral en el asiento trasero de su auto de policía sin identificar, después de dirigirse a un área aislada. L.A. Times no menciona las víctimas de agresión sexual.

Al final de la audiencia, el juez del Tribunal Superior Rand Rubin dictaminó que había pruebas suficientes para exigir que Valenzuela y Nichols, ambos de 44 años, fueran juzgados por múltiples cargos delictivos, alegando que abusaban de las mujeres a quienes antes habían llevado a la cárcel como informantes. Valenzuela también está acusado de agredir a una mujer con una pistola. Ambos se han declarado inocentes.

En el exterior de la sala, el lunes, sus abogados sostuvieron que las mujeres se conocían entre sí y que sus relatos no estaban verificados. “No eran mujeres al azar que paseaban de noche”, señaló Robert Rico, letrado de Nichols. “Sabemos que la comunidad de los narcotraficantes y usuarios de drogas está detrás”, señaló Bill Seki, abogado que representa a Valenzuela.

Durante la audiencia, los dos oficiales se sentaron junto con sus abogados, vestidos con uniformes de color naranja y con sus muñecas encadenadas alrededor de la cintura. Valenzuela inclinó la cabeza durante gran parte del testimonio, mientras Nichols escribía en su cuaderno o miraba fijamente, sin expresión.

Ambos oficiales, con licencia sin goce de salario hace más de dos años, han estado presos desde febrero, cuando fueron detenidos por detectives de su propio departamento. Cada uno de ellos permanece detenido y sus fianzas se establecieron en $3.7 millones.

The Times reportó por primera vez las acusaciones contra ambos en 2013, cuando detectives del LAPD obtuvieron una orden de registro para requisar los ordenadores y teléfonos de ambos.

La primera mujer en acusar a Valenzuela y Nichols se presentó tres años antes. Ella testificó el lunes que los agentes la recogieron cerca de su casa, una noche, en diciembre de 2008. Ella esperaba enfrentarse a su rutina habitual como informante: la enviarían a comprar drogas y ella obtendría por lo menos $40 a cambio, un trato al que accedió después de ser arrestada por posesión de drogas. Pero en el asiento trasero del auto, Nichols se expuso y le pidió a la mujer que lo tocara. Ella lo hijo, y él eventualmente presionó su cara contra su regazo.

Otra acusadora fue arrestada en diciembre de 2009, después de ser sorprendida vendiendo heroína. Esa noche, Valenzuela y Nichols la llevaron desde una estación de policía en Hollywood a una cárcel de Van Nuys, testificó la mujer. Pero antes de ser fichada, contó, los oficiales la llevaron a un callejón apartado. Había algo más que ella podía hacer, le dijo Valenzuela, para evitar permanecer en la cárcel. Así, tuvieron sexo en el asiento trasero del auto, mientras Nichols permaneció afuera. “Estaba en un callejón oscuro, con un tipo y una pistola”, afirmó el lunes la mujer, desde el banquillo de los testigos. “Realmente sentí que no tenía opción”.

Más tarde fue liberada sin tener que pagar fianza. Ese mismo mes, comentó, tuvo sexo con Nichols en situaciones similares, en el estacionamiento de un Denny’s cerca del Correccional Twin Towers, en el centro de L.A.

Una cuarta mujer, quien no testificó en la audiencia, relató a un investigador de asuntos internos en 2012 haber tenido relaciones sexuales con ambos varias veces para “ganar puntos” y obtener el perdón de sus cargos por drogas.

Una vez, Valenzuela le envió un mensaje de texto preguntándole qué le gustaba beber, testificó el sargento del LAPD Greg Bruce. La mujer reportó que el agente se presentó en su casa con alcohol, ambos bebieron y tuvieron relaciones, narró Bruce en la corte. “Él le decía que, si tenían sexo, eso la ayudaría en su caso”.

Con Nichols, los acuerdos eran básicamente iguales. La mujer temía que, de no cumplir, los oficiales la enviarían nuevamente a la cárcel. “Hay un patrón aquí”, señaló la fiscal de distrito Ann Marie Wise. “Estos oficiales colocaron a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

Las cuatro víctimas presentaron demandas civiles contra la ciudad. Dos de los casos se resolvieron mediante acuerdos y la ciudad aceptó pagar $575,000 a una de ellas, y $750 a la otra. En los dos casos pendientes las demandantes buscan cada una más de $3 millones por daños y perjuicios. Una sesión conjunta de mediación está programada para diciembre, según Dennis Chang, uno de los letrados.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí


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