Una corte de L.A. destruyó por error la evidencia que, según un recluso, lo hubiera puesto en libertad; ¿qué pasará ahora?

Desde su pequeña celda en el corredor de la muerte de California, Scott Pinholster juró que podía probar su inocencia. La prueba, afirmó, estaba en la sangre seca en una bota de trabajo y una toalla rosa recuperadas de su casa hace años.

El recluso condenado insistió en que las pruebas modernas de ADN -inexistentes cuando fue declarado culpable de un doble asesinato, en 1984- mostrarían que la sangre le pertenecía a él y no a las víctimas, como argumentó la acusación en su juicio.

Pero una búsqueda reciente de los artículos terminó en un descubrimiento inquietante que podría poner el caso en peligro: los tribunales del condado de Los Angeles destruyeron, por error, la evidencia.

Ahora, un juez deberá determinar qué hacer para remediar el grave error.

El abogado de Pinholster solicitó una audiencia para saber cómo ocurrió la destrucción, y asegura que pedirá un nuevo juicio. Los fiscales, sin embargo, argumentan que la vida de un asesino no debe ser perdonada simplemente por un error inocente del personal judicial.

Uno de los miembros del jurado que votó para enviar a Pinholster al corredor de la muerte, hace más de tres décadas, se sorprendió al escuchar que el hombre condenado por apuñalar y golpear fatalmente a dos hombres podría tener una segunda oportunidad.

“¡Oh, Dios mío!”, exclamó el miembro del jurado, que habló bajo condición de anonimato cuando The Times se puso en contacto con él, recientemente. “¿Es probable que se salve, entonces?”.

Pinholster es una de las 744 personas que esperan ser ejecutadas en California, la mayor población en espera de ajusticiamiento en el país. Aunque el estado no ha ejecutado a nadie desde 2006, eso podría cambiar pronto, ya que los votantes aprobaron una medida el año pasado para acelerar el proceso. De los reclusos condenados del estado, unos 20 agotaron sus recursos, algo que los coloca al frente de la línea; entre ellos está Pinholster.

La ley de California exige que los tribunales conserven pruebas hasta después de que un prisionero condenado a la pena capital sea ejecutado o muera tras las rejas, una salvaguarda implementada en pos de preservar la evidencia para juicios futuros. Mary Hearn, portavoz del Tribunal Superior de Los Angeles, consideró que el procedimiento del tribunal para destruir pruebas, que fue actualizado el año pasado, ahora requiere que el personal se comunique primero con la Corte Suprema de California para confirmar que un preso condenado a muerte ha fallecido. El tribunal, explicó Hearn, comenzó una revisión de su procedimiento antes de enterarse del caso de Pinholster.

Según Hearn, el caso de Pinholster, de 58 años, es el único ejemplo conocido de destrucción de pruebas en un caso de un condenado vivo, en el condado de Los Ángeles. Pero otras situaciones en el país han planteado problemas legales similares.

En vísperas de una ejecución en 2005, el gobernador de Virginia redujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional la sentencia de un condenado a muerte, después de enterarse de que un secretario judicial había destruido pruebas en su caso por asesinato, a pesar de que algunos subordinados le habían advertido no hacerlo. Dos años más tarde, otro condenado a pena capital en Oklahoma fue liberado de prisión después de que un magistrado dictaminara que un analista de laboratorio policial había destruido intencionalmente evidencia de cabellos que podría haber señalado su inocencia.

Elisabeth Semel, profesora de derecho de UC Berkeley y directora de la clínica universitaria que defiende a presos condenados que enfrentan la ejecución, resaltó que la destrucción de las pruebas físicas paraliza la capacidad de examinar el reclamo de inocencia de un recluso.

“Si la evidencia que necesitas desaparece… ¿cómo haces justicia para estas personas?”, se preguntó, al tiempo que describió la situación como “horrible, terriblemente devastadora”.

La importancia de tales pruebas se destacó el mes pasado, cuando el gobernador Jerry Brown indultó a un prisionero que pasó 39 años tras las rejas por el asesinato, en 1978, de una mujer joven y su hijo de 4 años en Simi Valley. Después de que el recluso, Craig Coley, agotó sus apelaciones hace años, un juez autorizó la destrucción de la evidencia de la escena del crimen. Pero un detective de casos pendientes encontró recientemente la evidencia y, cuando la analizó, ayudó a limpiar el historial de Coley de los asesinatos.

En cuanto a Pinholster, los fiscales señalan una decisión de 1988 de la Corte Suprema de los EE.UU. que hace difícil que los presos revoquen condenas o reduzcan penas, a menos que puedan demostrar que la evidencia fue destruida de “mala fe”. En este caso, los fiscales argumentan que la destrucción fue resultado de “a lo sumo, negligencia, incompetencia o imprudencia”, pero no “mala fe”.

En su juicio, un fiscal argumentó que la sangre en la bota y la toalla encontradas en el apartamento de Van Nuys del acusado pertenecían al menos a una de las dos víctimas: Thomas Johnson, de 25 años, y Robert Beckett, de 29. Los hombres fueron apuñalados y golpeados hasta su fallecimiento, en la casa de Tarzana de un traficante de marihuana, el 9 de enero de 1982.

El testigo clave del estado, Art Corona, afirmó a la policía que él, Pinholster y un tercer sujeto, Paul Brown, estaban todos armados con cuchillos cuando ingresaron a la casa para robar drogas y dinero. Minutos más tarde, precisó Corona, aparecieron las dos víctimas. Pinholster los atacó con un cuchillo, además de con sus puños y pies, relató Corona, y agregó que Brown también apuñaló a uno de los hombres.

El botín fue de $23 y un cuarto de onza de marihuana.

Pinholster declaró que que había robado drogas de la casa unas horas antes de los asesinatos, pero que nunca había lastimado a nadie. En el estrado, el hombre pareció deleitarse con sus antecedentes penales. Cuando se le preguntó por su ocupación, sonrió y respondió “soy un ladrón”, de acuerdo con documentos judiciales. También se jactó ante el jurado de haber cometido cientos de atracos, pero insistió en que siempre llevaba armas de fuego, no cuchillos.

Un criminalista del Departamento del Sheriff señaló al jurado que había analizado la bota de trabajo y la toalla recolectadas en la casa de Pinholster, y que habían arrojado un resultado positivo de sangre humana, pero que la tecnología en ese momento no podía precisar de quién se trataba dicha sangre. El fiscal sugirió que Pinholster había pisado un charco de sangre en la casa de Tarzana y había usado la toalla para limpiar el arma homicida.

Ni el recluso ni su abogado argumentaron en el juicio que la sangre provenía de él, una omisión que, según la fiscalía, socava su reclamo actual. Su nuevo letrado destacó que nunca se le preguntó a Pinholster durante el juicio a quién pertenecía la sangre.

Al ser contactado recientemente, otra miembro del jurado que pidió ser identificada solamente como una mujer de 76 años, indicó que confiaba en el veredicto. “Era absolutamente culpable”, dijo. “No hay duda”.

Incluso después de tres décadas, indicó la mujer, puede evocar un recuerdo inquietante de la imagen pintada en el juicio por el fiscal: Pinholster, con botas, pateando el cráneo de una de las víctimas.

Después de la condena, los tribunales estatales rechazaron las apelaciones, pero un juez federal anuló la sentencia de muerte en 2003, al dictaminar que el abogado defensor no había informado al jurado sobre el alcance de los problemas de salud mental de Pinholster. Sin embargo, en 2011, la Corte Suprema de los Estados Unidos restauró la pena capital para el recluso.

“Se ha sentido muy desalentado”, indicó Sean Kennedy, letrado actual de Pinholster.

Pero meses después de que se restauró su pena de muerte, el recluso recibió buenas noticias. Finalmente, un juez había aprobado su solicitud para que se realizaran pruebas de ADN en la toalla y la bota. Pinholster sostiene que las manchas provenían de su repetido uso intravenoso de heroína.

Un oficial de la policía de Los Ángeles fue asignado para buscar en el depósito del LAPD, en caso de que el tribunal hubiera devuelto las pruebas después del juicio. La búsqueda fue infructuosa, por lo cual los oficiales registraron otro sitio de almacenamiento de la policía. Aún así, no lograron obtener las pruebas. Cuando la caza llegó a su cuarto año, Kennedy empezó a sospechar. Finalmente, un fiscal intervino para ayudar a acelerar el proceso. “Y allí”, dijo Kennedy, sacudiendo la cabeza, “fue cuando finalmente confesaron”.

Los documentos judiciales de enero de 1998 muestran que el caso ‘La gente vs. Pinholster’ figuraba erróneamente entre más de una docena considerados elegibles para la destrucción de pruebas. Las exhibiciones de las pruebas, según los registros, habían sido destruidas ese verano. Dos altos funcionarios de la Corte Superior del condado de Los Angeles firmaron la orden de destrucción: el juez John Reid y Ty Colgrove, un administrador que ayudaba a ejecutar las operaciones criminales de la corte. Ambos hombres se han retirado desde entonces.

Cuando se lo consultó, Colgrove indicó que no recordaba el caso, ya que había firmado cientos de órdenes de destrucción a lo largo de los años, pero agregó que confiaba en los empleados de menor rango para que se ocuparan adecuadamente de los casos.

Hearn, portavoz de la corte, informó que Reid no podía hacer ningún comentario, ya que a veces sustituye en el banquillo. En una declaración firmada recientemente, Reid escribió que si hubiera sabido que la evidencia de un caso capital sería destruida, “no habría firmado la orden”.

Kennedy, profesor clínico asociado en la Facultad de Leyes de Loyola, cuyo trabajo en el caso de Pinholster se trasladó desde sus días como defensor público federal hasta el Distrito Central de California, se molestó con el razonamiento. “Es casi como si la judicatura estuviera facilitando ejecuciones injustas”, consideró.

La vida en el corredor de la muerte desgastó a Pinholster. El año pasado, cuando los votantes de California sopesaron dos opciones -acelerar las ejecuciones o prohibir la pena de muerte- Pinholster fue citado en un artículo del Times, donde expresó su apatía ante el tema. “Después de 30 años”, afirmó, ”a uno ya no le importa ninguna opción”.

Pero todavía hay alguna esperanza para su exoneración, indicó Kennedy, señalando la exhibición de la prueba 29 - unos vaqueros manchados de sangre, también recuperados de la casa de Pinholster hace años. Si bien los empleados del tribunal presumen que los pantalones se perdieron o fueron destruidos, no encontraron ningún documento que demuestre que, de hecho, fueron descartados.

Kennedy solicitó una audiencia especial para poder interrogar a los funcionarios judiciales que aprobaron la destrucción. Se espera que un juez resuelva sobre esa solicitud a principios del próximo año.

Para Michael Kumar, extraficante de marihuana que vivía en la casa donde ocurrieron los asesinatos, la mención de Pinholster trae una ráfaga de recuerdos. A pesar de que había estado fuera de la ciudad el fin de semana de los asesinatos, el dolor todavía sigue latente por la pérdida de Johnson, quien era su mejor amigo; un gentil gigante que amaba tocar el piano clásico.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un nuevo juicio, Kumar suspiró. “Es absurdo para mí... Es completamente una broma que este tipo diga que es inocente”, indicó Kumar, de 58 años, quien ahora vende partes y restaura autos clásicos. “No voy a decir que no tiene derecho, porque no estoy seguro de cuáles son los detalles técnicos, pero es sólo eso, un tecnicismo”.

Traducción: Valeria Agis

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