Un vistazo al interior de un centro de detencion para familias migrantes

En este complejo de 50 hectáreas, que alberga a cientos de mujeres y niños inmigrantes, las luces permanecen encendidas las 24 horas del día. Por la noche, las luces se atenúan, pero no se apagan completamente, dicen los oficiales de seguridad.

Las luces son unos de los recordatorios persistentes de que el Centro Residencial Familiar de South Texas está diseñado para mantener en custodia a hasta 2,400 personas. Las fotografías granuladas en blanco y negro de los rostros de las madres y los niños son colocadas enfrente de sus puertas. Incluso los niños pequeños reciben tarjetas de identificación.

La instalación, localizada a una hora al sur de San Antonio, combina la frialdad institucional con los toques hogareños. El centro es dirigido por un contratista privado, la Corporación de Correccionales de América, la cual le ha dado a cada “vecindario” de 480 madres y niños, un animal y un color de tema: pájaro rojo, rana amarilla, mariposa azul. Los detenidos se alojan en remolques, no en celdas, y a diferencia de los prisioneros, se les permite usar cordones en los zapatos, señalan los funcionarios.

El miércoles, la administración de Obama anunció cambios a sus políticas de detención, diciendo que permitiría que más familias sean liberadas bajo fianza. La medida llegó después de las protestas, demandas y una orden de un juez que establecía que la administración tenía que dejar de utilizar la detención familiar como una forma de disuadir a los inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera.

Más de 130 miembros del Congreso le han pedido a la administración que cierre los centros. Esta semana, algunos políticos recorrieron los centros en Dilley y en Karnes City, Texas, y dijeron que a pesar de las comodidades – entre ellas, una capilla, un salón de belleza y un campo de fútbol soccer -- los centros son cárceles y no son lugar para los niños.

Una visita realizada este mes al centro en Dilley — el más grande de tres centros de detención familiar a nivel nacional, incluyendo a Karnes City y Leesport, Pensilvania — destacó su naturaleza doble como un lugar de encierro y de vida familiar. Aquí, la edad promedio de un niño es de 9 años. En la biblioteca, los niños pequeños le daban vuelta a las páginas de los libros de dinosaurios y Hello Kitty, mientras que del otro lado de la habitación alfombrada, los adolescentes jugaban videojuegos.

Dilley comenzó a funcionar en diciembre con capacidad para albergar a 480 personas, y para el mes de abril fue ampliado para albergar a hasta 2,400 personas y cuenta con un personal de casi 700, incluyendo a maestros, pediatras y psiquiatras — es casi tan grande como el pueblo que los rodea con 3,600 habitantes. A partir del 12 de junio, el centro albergaba a 1,735 personas, aproximadamente 1,000 eran niños.

En la clase de preescolar, los niños se sentaron rodeado de carteles luminosos y tarjetas de palabras y números en español y en inglés. Los estudiantes realizaron juegos en las computadoras para aprender a contar, mientras sus compañeros coloreaban, jugaban con estatuitas de bomberos y veían libros de Jorge el Curioso.

En un cercano salón de secundaria, los niños mayores se reunieron alrededor de una mesa para una lección de inglés. Una maestra les pidió que deletrearan dos palabras en inglés: “Very bad”.

Uno de los muchachos hizo una mueca de frustración.

La maestra pacientemente escribió las palabras sobre un pizarrón blanco y luego les pidió a sus alumnos que las tradujeran. Otro joven se ofreció como voluntario, traduciendo correctamente las palabras: “Muy mal”.

En otro remolque, 45 mujeres escuchaban junto con sus hijos a un hombre del programa de orientación jurídica del centro. Algunas mujeres solo tienen unos cuantos años de educación, hablan lenguas indígenas y no pueden leer.

“¿Quién tiene un abogado?”, preguntó el hombre en español.

Media docena de mujeres levantaron sus manos. En los tribunales de inmigración de la nación, dirigidos por el Departamento de Justicia, no hay defensores públicos. Los abogados no están garantizados, ni siquiera para los niños.

Uno de las mujeres que aseguró a un abogado fue Alba Verónica Cruz Montano, de 32 años de edad y de El Salvador, y en este día se enfrentó a su última audiencia de inmigración. Cruz había sido deportada antes, en el 2010. Junto con su hija de 3 años de edad, Valeria Nicole Escobar Cruz, fueron retenidas en el centro durante 2 meses y medio.

Después de que entraron a los Estados Unidos, un oficial de Inmigración y Aduana, o ICE, encontró que Cruz tenía un “temor razonable” de volver a casa porque su novio había abusado de ella y su hija. Pero para quedarse, se tenían que enfrentar contra un abogado del Departamento de Justicia y persuadir al juez.

Cruz había revisado su historia con su abogado, Brian Hoffman, un abogado de Ohio quien ha estado coordinando casos para el Proyecto CARA de Ayuda Legal Gratuita para las Familias en Detención, patrocinado por varios grupos de abogados de inmigración. Estaba buscando asilo para su hija y deportación diferida para sí misma, y permiso para quedarse y trabajar legalmente.

En una sala de tribunal sin ventanas establecida dentro de un remolque, Cruz y Hoffman aparecieron en una teleconferencia con la juez Lourdes de Jongh en Miami. La alta demanda ha requerido que jueces de otras jurisdicciones escuchen los casos de Dilley. Valeria esperó afuera.

“Me vas a contar tu historia”, dijo De Jongh.

Cruz asintió con la cabeza. Hoffman dijo que Cruz dos veces había sido víctima de violencia doméstica.

Después de que llegó a los Estados Unidos, la primera vez en el 2004, Cruz conoció a un novio en Carmel, Nueva York, quien la golpeaba. “Solía beber mucho, y con tanto alcohol en su cabeza, solía decir que el diablo le decía que me matara”, dijo Cruz.

Amenazó con apuñalarla con un cuchillo, la siguió a su trabajo y destrozó las ventanas de su auto. Hoffman proporcionó un informe de la policía como corroboración.

Después de que Cruz regresó a El Salvador, conoció a un novio nuevo, quedó embarazada de su hija y se fue a vivir con él. Al principio su novio era bueno, pero una vez que nació el bebé, se negó a darle más de $5 dólares al día al menos que tuviera sexo con él.

“No quería ir con la policía en El Salvador porque al haber ido a la policía en los Estados Unidos, sabía que podría empeorar el abuso”, explicó Hoffman.

Con un intérprete traduciendo sus preguntas al español, Hoffman le preguntó a Cruz si alguna vez se había resistido a tener relaciones sexuales con su novio.

“Sí”, dijo Cruz. “Me jalaba y tiraba de mi ropa y me decía que tendría sexo conmigo por la fuerza”.

“¿Cómo te amenazaba?”, dijo Hoffman.

“Me decía que se llevaría a Valeria lejos… Me decía que si me iba, me iría sola… Él sabía que nunca dejaría a mi hija”, dijo Cruz.

Al mismo tiempo, Cruz dijo que su novio abusaba de su hija: gritándole, jalándola y golpeándola al sentarla en una silla.

Después de que regresó a los Estados Unidos en el mes de marzo, Cruz dijo que su novio había intentado contactarse con ella a través de Facebook y de su abuela. Si regresaba a El Salvador, vendría a buscarla, dijo.

El abogado del Departamento de Justicia le preguntó a Cruz si les había contado a sus familiares sobre el abuso.

No a muchos, dijo Cruz.

“Le decía a su madre lo que estaba sucediendo, y ella decía, ‘Para tener un hogar, tienes que aguantarlo’”, dijo.

El abogado del gobierno le preguntó cuánto dinero le había pagado a un contrabandista para traerla a los Estados Unidos esta vez, atravesando el Río Bravo desde ciudad Acuña, México. Cruz dijo que pagó $5,000 dólares. Sus familiares la ayudaron a recaudar el dinero.

El juez escucho con simpatía, y cuando Cruz surgió de la improvisada sala del tribunal, levantó a Valeria y exclamó, “¡Ganamos!”

Más tarde ese mismo día fueron puestas en libertad para quedarse con una tía y un tío en Houston.

Pero para muchas familias, la espera en el Centro Residencial Familiar de South Texas continúa.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí