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Un grupo de abogados ayuda en Tijuana a quienes intentan ingresar a los EE.UU. por la vía legal

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Nora Phillips se detuvo a cinco millas de la frontera de los EE.UU., en un vecindario ubicado en la cima de una colina, con casas hechas de bloques de hormigón y líneas de tensión eléctrica bajas.

Dentro del refugio de inmigrantes, cientos de mexicanos, centroamericanos y haitianos se agolpaban, desesperados por hallar una forma legal para cruzar a los EE.UU. “Merci pour votre patience”, le dijo Phillips, de 35 años, a los haitianos francófonos para agradecer su paciencia.

Residente del este de Los Ángeles, Phillips fue uno de los 45 abogados de inmigración que se habían reunido allí para escuchar sus pedidos. Algunos habían sido deportados antes, otros esperaban conseguir asilo en el puerto de entrada de San Ysidro. Muchos tenían historias que resultarían empáticas, y unos pocos podrían, con sus relatos, avergonzar a miles.

A comienzos de octubre, Phillips persuadió a otros abogados -algunos de los cuales viajaron desde sitios tan lejanos como Nueva York- para sumarse como voluntarios en esta clínica legal de Tijuana, durante dos días. “Como mínimo, en una democracia, uno merece saber cuáles son sus derechos”, expresó la letrada, mientras daba un sorbo a un jarabe contra la tos y su hija, de cinco años de edad, la seguía por todo el sitio. “Mi trabajo como abogada es tomar un caso a su valor nominal y evaluar si califica para algo bajo la ley que existe actualmente”.

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El trabajo que esta mujer y el resto de los letrados emprendieron está lejos de ser nuevo. Pero ocurre en un momento en el cual la cuestión de la migración masiva -ya sea de inmigrantes de México y América Central, como de refugiados de Siria y otras partes del mundo- genera una intensa ansiedad global y establece el tenor de la elección presidencial.

“No quiero separar a las familias”, aseguró Hillary Clinton durante el último debate presidencial, en el cual reiteró su promesa de aprobar una reforma migratoria integral para otorgar estatus legal a millones de personas en el país.

Donald Trump, quien se ha propuesto construir una gigantesca muralla en la frontera con México, afirma que Clinton quiere fronteras “abiertas” y acusa a quienes se encuentran en el país indocumentados de ‘colados’. “Hay gente que está en fila esperando para convertirse en ciudadana”, expresó el candidato republicano y estimó que el resto debería esperar su turno y entrar al país legalmente. “Es injusto que alguien pueda cruzar la frontera y ser ciudadano”.

La gente reunida en el refugio de Tijuana sostiene que preferiría entrar a los EE.UU. legalmente. Pero, a diferencia de los peticionarios que son profesionales educados y trabajan para empresas en Silicon Valley, sus casos vienen con el equipaje de los pobres y desposeídos.

En el patio del refugio, uno de los abogados voluntarios, Troy Elder, habló en criollo a más de media docena de haitianos sentados en círculo a su alrededor. Después del devastador terremoto de 2010, miles de haitianos viajaron a Brasil -por entonces en auge- en busca de refugio. Pero después de que la economía de dicho país cayera, muchos de esos recién llegados emigraron a la frontera de México y los EE.UU., alentados por una política de no deportación de haitianos vigente en ese momento.

En septiembre pasado, el gobierno de Obama revirtió dicha política y anunció que las deportaciones de haitianos se reanudarían porque las condiciones en su patria habían mejorado. Pero Elder afirmó ante estos hombres que hay una posibilidad de que la nueva destrucción causada por el huracán Matthew llevara a los EE.UU. a poner un freno -al menos durante un tiempo- a las deportaciones. “Quizás la política se revierta en los próximos días. Sólo esperen”, les dijo, prediciendo correctamente un retraso en la iniciativa de deportaciones.

Quienes abogan por controles más estrictos afirman que los esfuerzos de personas como Phillips permiten el ingreso de inmigración no deseada, que abruman los tribunales con dudosas solicitudes de asilo.

“El gran volumen de estos reclamos se está utilizando para mantener ocupados los tribunales, lo cual funciona en beneficio de quienes quieren saltar el sistema”, señaló Ira Mehlman, vocero del grupo Federation for American Inmigration Reform, que aboga por más restricciones.

Aunque es inusual entre las personas en el refugio, el caso de José de Jesús Duarte González -un hombre mexicano que ha sido deportado en varias ocasiones, incluyendo hace un mes- sería especialmente crítico en un momento ya muy polarizado.

Duarte aseguró que estaba desesperado por volver a los EE.UU. para reunirse con su hijo de ocho años de edad, Christian, quien tiene síndrome de Down. Su esposa murió recientemente de un ataque al corazón en su hogar de Phoenix, comentó, por lo cual el niño se encontraba allí sin padres. Pero, antes de su última expulsión, Duarte había estado en prisión por violencia doméstica. “Lamento todo lo que hice”, dijo. “Pero mi hijo no debe sufrir por eso”.

Juan Carlos Pallares, abogado de inmigración de Long Beach, le recomendó a Duarte dos abogados de Arizona, pero no le dio demasiada esperanza. Debido a su dudosa reputación, sus posibilidades de volver al país legalmente son escasas.

Sin referirse a Duarte, Phillips señaló que hay ciertas personas por las cuales no puede abogar. Aunque lo hiciera, señaló, no tienen prácticamente ninguna posibilidad de volver a ingresar. “Creo que algunos han hecho cosas horribles y no deben estar en los EE.UU… Muchos son un peligro”, afirmó. “Si usted es mi cliente, lo defenderé con pasión, pero hay ciertos casos donde sé que no puedo hacer nada”.

También hay otras personas que simplemente no tienen casos lo suficientemente fuertes. “Muchas veces el consejo es que realmente no califican para nada, que no tienen opción”, afirmó la abogada, y agregó que la condición para obtener asesoramiento en las clínicas legales es que la persona sea de bajos ingresos.

Los abogados ayudan a los candidatos que se consideran buenos para obtener algún alivio con representación pro bono, y los preparan para entregarse en el puerto de entrada de San Diego. A través de un intérprete de habla hispana, la voluntaria y residente de Laguna Niguel Iris Anderson explicó a Jhanny Rolando Seoanes Chávez que si ella lograba pasar una entrevista de ‘miedo comprobable’ con los funcionarios de inmigración probablemente tendría que permanecer en un centro de detención por meses.

Seoanes es una mujer transgénero que escapó de Honduras luego de que su padre le diera una patada en la cara y le dislocara la mandíbula cuando ella reconoció su situación ante su padre. Inicialmente buscó refugio en Guatemala, pero allí también era maltratada a menudo a causa de su condición de género. Seoanes se dirigió entonces a México cuando alguien le dijo que allí sería más aceptada. En cambio, afirmó, fue violada por militares en Oaxaca. Cuando denunció el delito, los funcionarios no la tomaron en serio y la culparon por “provocar” la violación.

Anderson y el intérprete le indicaron que se prepare para un escrutinio extenso. “Sólo enfócate en tu miedo y lo que has pasado… que has sido violada y golpeada, y amenazada de muerte”, señaló Anderson.

“Los Estados Unidos es el único lugar donde creo que estaré bien siendo yo misma, donde no seré perseguida ni discriminada”, expresó Seoanes. “Allí ya no viviré con miedo”.

Afuera, Alejandra, de 25 años y oriunda de Veracruz, intentaba mantener a su hija, de seis años, y a su hijo, de cinco, en el patio del refugio mientras su novio sostenía al más pequeño de los niños, de un año, dormido. Alejandra, quien no quiso dar su apellido porque aseguró que su vida corre peligro, señaló que su familia había huido de su anterior novio, quien la había golpeado tanto que le había dislocado la clavícula. “Está loco y ha puesto detectives privados para buscarme”, afirmó. “He tratado de obtener ayuda en mi estado, pero él soborna a los funcionarios y no le ocurre nada”.

Uno de los voluntarios llenó un formulario con toda la información de Alejandra. Hicieron una copia y escribieron con letras mayúsculas la frase ‘Quiero una entrevista de temor creíble’ para que ella recite. La mujer dejó caer una carpeta de manila con decenas de documentos. “Tengo mis pruebas aquí; reportes policiales sobre cómo me ha golpeado”.

Pero, pese a todo, Alejandra tiene dudas de hacer el movimiento. Uno de los voluntarios le ha dicho que hay una buena chance de que termine detenida y que sus dos niños mayores -ciudadanos estadounidenses- sean enviados con algún familiar en los EE.UU. o en el sistema de cuidado de crianza. Ella permaneció durante horas en el patio, en espera de una abogada que le había prometido más ayuda, o incluso hasta llevarla al puerto de entrada. Se estaba haciendo tarde, y sus dos niños mayores estaban de notable mal humor. No habían dormido siesta en todo el día, explicó ella. Phillips le aseguró en español: “Pronto estaremos contigo. Lo prometo”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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