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San Diego enfrenta el exceso de información de las cámaras corporales de los policías

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Todo empieza con el doble apretón de un botón.

Un relativamente pequeño dispositivo colocado en el pecho de un oficial de policía inicia la grabación de su interacción con la gente en su trabajo. Un oficial podría tener contacto con una docena o más de personas en un solo turno, resultando en horas de video.

Si hay un arresto y la posibilidad de que se presenten cargos ante la corte, los fiscales tienen que revisar toda la grabación.

La oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego, que lidia con todos los crimenes graves y la mayoría de los delitos menores de la región, espera recibir este año más de 100,000 videos de las cámaras corporales de sus policías.

El teniente fiscal Damon Mosler dijo que su oficina recibió más de 40,000 videos en ocho o nueve meses en 2015. Él y otros asistentes han pasado casi dos años tratando de descifrar cuál es la forma más eficiente para reunir, categorizar, revisar y almacenar los videos. Es un caro y desgastante proceso que se está volviendo cada vez más complicado, al tiempo que más y más departmentos adoptan la nueva tecnología.

“Es una conversación a nivel nacional”, dijo Mosler. “Estamos adelantados, pero todavía no estamos donde queremos o vamos a estar”.

Algunas de las preguntas al respecto fueron: ¿quién recibirá los videos en cada oficina? ¿Por cuánto tiempo se almacenará la información? ¿Cómo se le entregará a la defensa, considerando los problemas de seguridad y privacidad?

“Primero tenemos que tratar de ver los videos más relevantes”, dijo Mosler, explicando que los fiscales no pueden observar todos los videos entregados en cada caso antes de decidir si se le acusará a la persona de un crimen. “Cuando tienes 20 minutos para tomar una decisión, no puedes revisar cuatro horas de video”.

Randy Mize, un defensor público adjunto, reconoció que el volumen de información es demasiado, pero dijo que la mayor disponibilidad de videos de cámara de cuerpo podría tener efectos positivos para los acusados, abogados criminalistas y la policía.

“No hay nada como ver las cosas como sucedieron”, dijo.

Hasta ahora, los fiscales han estado compartiendo digitalmente algunos videos con los abogados defensores. Otros se han puesto disponibles para revisión en las oficinas del fiscal de distrito o los abogados de la ciudad.

En el condado de San Diego, cuatro departamentos de policía le han entregado cámaras corporales a sus agentes: San Diego, Chula Vista, Coronado y Escondido. Algunas otras agencias también las están usando, incluido el Southwestern College en Chula Vista y el Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego.

Mosler dijo que hay cerca de 1,000 cámaras corporales utilizadas por agencias del orden en el país, y muchos más departamentos —incluidos Oceanside, Carlsbad, El Cajon, La Mesa, National City y el Departamento del Sheriff del condado— están considerando adoptar el program en el futuro cercano.

Eso agregaría otras 1,800 o más cámaras a la ecuación, agregó Mosler.

Las camaras corporales han sido reconocidas por ayudar a reducir el número de quejas contra los agentes del orden, y algunas jurisdicciones han reportado una reducción en el número de incidentes en los que la policía tuvo que hacer uso de la fuerza.

Pero los fiscales dicen que las cámaras no siempre son de ayuda para determinar lo que pasó en un incidente. En vez de ello, mostraron sus consecuencias —lo que los testigos reportaron y cómo los agentes respondieron—.

“La mayoría del trabajo de la policía es reactivo”, agregó Mosler. “No vas a capturar en video el delito”.

Las cámaras, que cuestan $400 dólares, pueden grabar por varias horas. En la estación de policía están puestas en un muelle que sube los videos al almacén. Oficiales pueden ver videos grabados en sus propios dispositivos si necesitan preparar un reporte o estar listos para testificar en una audiencia.

El sistema no permite que los agentes borren los videos. Si un abogado redacta información más tarde —por ejemplo, para remover la información de identificación de un testigo— el cambio es visto en el video y en una computadora.

Leyes locales y estatales determinan cuándo los videos pueden ser eliminados y bajo qué autoridad. Algunas jurisdicciones requieren la aprobación del Concejo de la ciudad antes de destruir ciertos tipos de información digital.

Por ahora, dice Mosler, su oficina está evaluando cuánto tiempo toma investigar la información mientras los fiscales la reciben, y qué efecto tendrá en la carga de trabajo.

“Estamos tratando de minimizar los inconvenientes del tsunami de información”. concluyó.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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