Regresan los agentes de ICE a las cárceles del condado

Los agentes federales de inmigración han regresado a las cárceles del condado de Los Ángeles para identificar a presos que deban ser deportados bajo una nueva política dada a conocer por el sheriff Jim McDonnell.

La nueva política del Departamento del Sheriff, hecha pública el martes, se produce después de que los supervisores del condado votaron este año para poner fin a un controvertido programa que permitía a los agentes de Inmigración y Aduanas trabajar dentro de las cárceles para evaluar el estatus migratorio de los reclusos.

Ahora los agentes de ICE pueden entrar de nuevo a las cárceles, pero sólo para entrevistar a los presos que han cometido delitos graves.

Bajo la nueva política, los funcionarios de la cárcel también pueden notificar a ICE, hasta con siete días de anticipación de que los reclusos sean liberados, de manera que los agentes puedan ir por ellos e iniciar su proceso de deportación.

Los nuevos procedimientos contrastan con los de San Francisco, donde los supervisores han prohibido toda colaboración del sheriff con los agentes de inmigración, salvo cuando las autoridades federales tengan una orden judicial para actuar.

Las políticas de esa ciudad han estado en el centro de la atención nacional desde el tiroteo en julio, cuando una mujer fue asesinada en un concurrido muelle de San Francisco, supuestamente por un hombre que se encontraba sin documentos en el país, y que había sido deportado varias veces.

El incidente provocó una protesta de figuras tan diversas como la senadora demócrata Dianne Feinstein y el candidato presidencial republicano Donald Trump, quienes exigieron una colaboración más estrecha entre la policía local y el ICE.

Defensores de los inmigrantes, dicen que tal colaboración conduce a las prácticas de perfil racial, y siembra la desconfianza en la policía entre las comunidades de inmigrantes. Para ellos, la nueva política del condado de Los Ángeles es una reacción a esa presión ejercida por los políticos.

“Parece que el ‘efecto Trump ‘ está teniendo un impacto en la política del Condado de Los Ángeles”, dijo Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, quien aseguró que la nueva política “parece motivada por el sensacionalismo político”.

“Es una política que enreda aplicación de la ley penal con el cumplimiento de las leyes civiles de inmigración que son obsoletas e injustas”, dijo Alvarado.

McDonnell, quien delineó la nueva política en una carta a la Junta de Supervisores, dijo que los nuevos procedimientos “equilibran apropiadamente” las necesidades de seguridad pública y las preocupaciones de las comunidades de inmigrantes, así como “las posiciones de los grupos que se encuentran en ambos lados del debate migratorio”.

McDonnell señaló que la nueva política se redactó después de tres reuniones con la comunidad a las que asistieron cerca de 400 personas y muchas reuniones privadas con abogados, funcionarios de inmigración y otros organismos de orden público de la zona.

Bajo la nueva política, ICE será notificado de la fecha de liberación de los reclusos. El preso será notificado y advertido de su derecho a consultar un abogado.

Pero defensores de los inmigrantes dicen que la nueva política - sobre todo la presencia de agentes en las cárceles - está fuera de sintonía con una decisión de la junta de supervisores este año, con la que se ponía fin al acuerdo con ICE que permitía la presencia de agentes en las cárceles.

La Junta de Supervisores puso fin a ese programa, conocido como 287 (g), en una votación ocurrida en mayo, luego de años de presión por parte de los defensores de los inmigrantes que afirmaban que dio lugar a la discriminación racial.

Pero el ese mismo día la junta votó 4-1 para instruir el Departamento del Sheriff de seguir cooperando con el ICE de otras maneras, incluyendo una nueva iniciativa federal llamada Programa de Cumplimiento de Prioridades.

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