¿Qué hará Estados Unidos si México legaliza la marihuana?

México pronto podría entrar en un club de élite compuesto por Holanda, Portugal, Uruguay, Colorado, Oregon y el estado de Washington: Está a punto de excluir a la marihuana de la destructiva guerra contra las drogas. Pero ¿se interpondrá los Estados Unidos en su camino?

El 4 de noviembre, la Suprema Corte de México votó por un amplio margen para declarar inconstitucional la prohibición del país sobre la producción, la posesión y el consumo recreativo de la marihuana. Un grupo de ciudadanos se había unido en un denominado club de cannabis (llamado SMART, por las siglas en español de su nombre completo) y solicitó permiso para cultivar e intercambiar marihuana entre ellos mismos; la agencia de salud del gobierno (el equivalente de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos) les negó el permiso; el grupo buscó un mandato de hábeas corpus y fue hasta la Suprema Corte, la cual les otorgó el mandato judicial y le ordenó a la agencia legalizar el club y permitir que funcione.

Esta decisión no implica una despenalización generalizada de la marihuana recreativa. Por el momento, se aplica sólo al grupo que solicitó el permiso. Pero la resolución de la Corte eventualmente podría extenderse a todas las personas que busquen cultivar o consumir la droga.

La Corte resolvió que, bajo la Constitución, todas las personas tienen derecho a disfrutar de la vida como él o ella lo consideren pertinente, y la legislación secundaria — como el prohibir la marihuana — no puede limitar ese derecho.

La Corte también dictaminó que aunque la marihuana en grandes cantidades puede causar algún grado de daño a algunos usuarios adultos, la prohibición es un antídoto excesivo a ese daño. Otras sustancias peligrosas, tales como el alcohol y el tabaco son legales y están sujetos a la regulación, entonces, ¿por qué no la marihuana?

A diferencia de Estados Unidos, en México la opinión pública está en contra de la legalización de la marihuana, es por eso que SMART eligió el camino judicial en lugar de perseguir un enfoque legislativo. La reciente historia ha mostrado que una vez que los tribunales resuelven cuestiones sociales controvertidas – el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los testamentos en vida – la opinión pública cambia y eventualmente llega a la visión más progresista.

El fallo significa mucho para México. A nivel nacional, probablemente significa el principio del fin de su sangrienta, costosa e infructuosa guerra de elección sobre la marihuana. Será cada vez más difícil para que las fuerzas armadas y la policía del país enjuicie a los productores, a los grandes traficantes y a los distribuidores de una sustancia que puede ser cultivada y consumida legalmente, si es que todavía no se compra y se vende libremente.

La decisión no afectará inmediatamente a los carteles del país o a los (una vez más) crecientes niveles de violencia relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, eventualmente disminuirá los precios de la marihuana, lo cual con el tiempo dañará el negocio de los carteles. Y si el presidente Enrique Peña Nieto desea continuar con la guerra contra las drogas, la decisión le permitirá concentrarse en la heroína y las metanfetaminas (producidas en México) y la cocaína (traída de América del Sur).

Para los siempre quisquillosos vínculos que tiene el país con Washington, el dictamen de la Suprema Corte de México podría evolucionar en cualquier dirección. Si los miembros de la línea dura en los Estados Unidos – la Administración para el Control de Drogas y sus partidarios en el Congreso -- determinar la respuesta estadounidense, habrá problemas.

Washington podría insistir en que México honre una estricta interpretación de las convenciones de las Naciones Unidas contra todas las drogas, incluyendo la marihuana. Podría darle presión a México, como lo ha hecho en el pasado, para que siga interceptando los envíos de marihuana a los Estados Unidos, arrancando las plantaciones de marihuana, buscando túneles a través de la frontera y encarcelando a los jóvenes por delitos de drogas no violentos.

O, si el presidente Obama, así como los miembros moderados de los departamentos de Estado y de Justicia dirigen el programa, la decisión podría funcionar como una excusa necesaria para reconsiderar la prohibición.

Así como Obama decidió sabiamente por no interferir en la legalización a nivel estatal en los Estados Unidos, podría alentar a Peña Nieto a no interferir en la decisión de la Corte. Ambos gobiernos se podrían unir y dejar claro que la sentencia, más la probable legalización del uso recreativo en California del próximo año, hacen que la guerra contra las drogas sea inmanejable.

Tanto los Estados Unidos como México no tendrían más opción que buscar soluciones alternativas y dejar atrás el enfoque disciplinario y basado en la seguridad que Washington ha impuesto al mundo desde principios de la década de 1970.

Jorge Castañeda sirvió como ministro de relaciones exteriores de México bajo el gobierno del presidente Vicente Fox. Es profesor de política y estudios latinoamericanos y caribeños en la Universidad de Nueva York.

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