Policías del Sur de California le han disparado a más de 2,000 sospechosos desde 2004; solo un oficial fue procesado

Un video borroso muestra al veterano de guerra en Irak, Elio Carrion -de 21 años-, en el piso, suplicando a un policía del condado San Bernardino, quien lo tenía sometido a punta de pistola.

Carrion era el pasajero de un carro que el agente Ivory Webb detuvo, después de una persecución de alta velocidad en Chino. Carrion, quien estaba desarmado, es escuchado diciéndole a Webb “no me lastimes”, segundos después, el oficial le disparó tres veces sin una provocación visible.

El video de un espectador sobre dicho tiroteo en 2006, atrajo la atención nacional y puso en marcha un inusual proceso: Webb es el único agente en servicio acusado de un crimen, de entre más de 2,000 tiroteos de la policía del Sur de California desde 2004, mostró un análisis del L.A. Times basado en los registros del Fiscal de distrito.

El abogado de Webb dijo que el agente temió que Carrion podría haber estado tratando de sacar un arma cerca de sus pies. Un jurado absolvió a Webb. Pero el fiscal de San Bernardino, Michael Ramos, sostiene que estuvo en lo correcto al presentar cargos y dice que el verdicto le enseñó una lección para toda la vida acerca de sentimiento público.

“Ellos tal vez estén marchando en las calles debido a los tiroteos de la policía”, dijo Ramos, pero cuando la gente sirve como jurado, “ellos todavía tienen en un pedestal a los policías y el difícil trabajo que realizan”.

El año pasado, mientras las protestas contra el uso excesivo de fuerza de la policía se extendían por todo el país, hubo un incremento nacional en el número de cargos presentados contra policías por tiroteos mientras estaban en servicio.

Pero dichas acusaciones se mantienen practicamente sin escucharse en seis condados del Sur de California —Los Ángeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino, Imperial— donde ha habido tiroteos con policías involucrados una vez cada dos días desde 2004, según muestran los registros.

La mayoría de esos tiroteos fueron justificables bajo la ley, involucrando a sospechosos armados que abrieron fuego contra policías, o que se negaron a soltar sus armas durante confrontaciones, o gente —a menudo con problemas mentales o de drogas— que atacó a los policías.

Antiguos y actuales fiscales del Sur de California dijeron en entrevistas que declinaron presentar cargos incluso cuando videos, declaraciones de testigos o evidencia forense levantaba serias dudas sobre las versiones de eventos de los agentes, porque ellos hubieran tenido que convencer a un jurado de que los policías no temieron legitimamente por sus vidas cuando jalaron del gatillo.

Pero más allá de eso, los juzgados estatales han determinado que el sistema de justicia criminal debería ser “sumamente respetuoso” de los juicios hechos por los policías en el campo, porque algunas veces se ven forzados a tomar decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos.

Los policías no pueden ser considerados penalmente responsbles, incluso si malinterpretan una amenaza —confundir un celular con una pistola es común, por ejemplo— mientras hayan actuado bajo convicciones razonables y honestas, han determinaro los tribunales.

“Nos guste o no, la ley les provee una enorme protección a los policías en esas situaciones”, dice Steve Cooley, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles del 2000 al 2012. Agregó que casi cada tiroteo que él revisó estuvo justificado, pero reconoció que tenía un término para casos que eran altamente cuestionables pero en los que carecía de evidencia para enjuiciar al agente: “awful but lawful” (terrible pero legal).

Otro ex fiscal de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, dijo que el hecho casi definitivo de que los fiscales no presenten cargos contra policías, significa que es tiempo de quitarles tal decisión de sus manos y dársela al fiscal general.

La fiscal general Kamala Harris se opuso el año pasado a una propuesta de ley que hubiera hecho justo eso, pero ideas similares están tomando fuerza a nivel naciona. En 2014, Wisconsin se convirtió en el primer estado en requerir que las investigaciones sobre tiroteos de policías sean hechas por agencias externas.

El año pasado, Nueva York comenzó a solicitarle al fiscal general estatal que investigara los casos en los que la policía hubiera matado a civiles desarmados y Connecticut le quitó las investigaciones de tiroteos de policías a los fiscales locales.

Garcetti dijo que mucha gente, especialmente en comunidades de minorías, creen que los fiscales de distrito no presentan cargos por su cercana relación con la policía, en la que se apoyan como investigadores y testigos en otros casos. “Incluso si los fiscales locales pudieran manejar los casos objetivamente, el público no confiará en sus decisiones debido al evidente conflicto”, agregó Garcetti.

En el condado de Los Ángeles, los departmentos de policía llevan sus propias investigaciones en casos de tiroteos, pero bajo la supervisión de un abogado y un investigador de la oficina del fiscal de distrito, para asegurarse que la evidencia y los testigos no estén manipulados.

Si los fiscales concluyen que un tiroteo fue injustificado, los cargos más probables incluirían agresión u homicidio involuntario, lo que obligaría a la oficina del fiscal de distrito comprobar que un agente actuó con total indiferencia por la vida humana.

Garcetti (padre del alcalde Eric Garcetti) fue el principal fiscal del condado durante el escándalo de la División Rampart, en el que dos agentes del LAPD admitieron haber encubierto un tiroteo injustificado y acusaron a otros de haber hecho los mismo.

Él dijo que la policía a veces excluye de sus investigaciones a los testigos civiles de tiroteos. Además, cuando varios agentes están involucrados en una de esas situaciones, el departamento a veces les permite coordinar sus historias antes de ser entrevistados por la oficina del fiscal, agregó Garcetti.

“Hubo veces que supimos que no teníamos la historia completa”, reveló.

Jackie Lacey, una fiscal de profesión que relevó a Cooley en 2012, dijo no saber de ningún caso en el que un departamento de policía interfiriera con el trabajo de los investigadores.

“Creo que hacemos un extraordinario trabajo al colectar y evaluar independientemente la evidencia y aplicar la ley”, le escribió en un email al Times.

En diciembre, el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, le pidió a Lacey acusar a uno de sus agentes por dispararle fatalmente en la espalda a Brendon Glenn, un vagabundo desarmado, durante un incidente en Venice el 5 de mayo pasado.

Si Lacey presenta cargos, el agente Clifford Proctor sería el primero en ser procesado por un tiroteo estando en servicio en el condado de L.A. desde el 2000, un lapso en el que ha habido más de 1,300 tiroteos por parte de policías, muestran los registros. Lacey declinó pronunciarse en el caso .

El tiroteo de Glenn fue captado en una cámara de video de seguridad, y no ha sido presentado públicamente. El video parece contradecir la versión de los oficiales de que ellos dispararon porque temieron por sus vidas, algo que ha sido clave en las decisiones de los fiscales de otros casos de alto perfil en Carolina del Sur, Ohio, Louisiana e Illinois.

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