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Los abogados de Obama cuestionan el sistema de fianzas y alegan que los pobres no pueden pagarlas

Las cárceles locales mantienen a las personas en espera de sus juicios.

Las cárceles locales mantienen a las personas en espera de sus juicios.

(Getty Images)

Los abogados de derechos civiles del presidente Obama están en busca de un fallo potencialmente de largo alcance para sostener que la Constitución prohiba la práctica común de mantener a la gente en la cárcel antes del juicio, incluso por delitos menores, simplemente porque son demasiado pobres para pagar una fianza.

Cada día, cerca de 450,000 personas son arrestadas y trasladadas a cárceles del condado porque no pueden hacerse cargo de la fianza. Así lo informó la organización Southern Center for Human Rights and Equal Justice Under Law, un pequeño grupo de derechos civiles con sede en Washington.

La semana pasada, el Departamento de Justicia intervino por su cuenta en un caso de Georgia que se opone a la utilización de estándares fijos de fianza para las personas arrestadas. Todo comenzó cuando Maurice Walker, un hombre pobre y discapacitado, fue detenido el año pasado como “peatón bajo la influencia”, y trasladado a la cárcel durante seis días en Calhoun, Georgia, porque no podía abonar la suma estándar de $160 en concepto de su fianza.

La Constitución prohibe “castigar a la gente por su pobreza”, tal como argumentaron los abogados de derechos civiles del gobierno en un escrito enviado a la Corte del Onceavo Circuito de Atlanta. La Octava Enmienda sostiene que “no se exigirán fianzas excesivas”, mientras que la Enmienda 14, que protege los derechos a la libertad y la protección igualitaria ante las leyes, prohíbe “las prácticas de fianzas que encarcelan a individuos indigentes antes del juicio por el sólo hecho de su incapacidad para pagar”.

Los abogados acordaron, sin embargo, que las personas arrestadas pueden permanecer tras las rejas si un juez cree que suponen un riesgo en caso de estar libres, o que son propensas a escapar.

La intervención del Departamento de Justicia fue el paso más reciente en un creciente ataque legal y político al sistema de fianzas. Esto surgió, en parte, de las investigaciones que revelaron cómo las personas pobres en Ferguson, Missouri, habían quedado atrapadas por la escalada de los costos y multas en casos de delitos relativamente menores.

Los letrados expertos en derechos civiles describen el sistema de fianzas tradicional como “un régimen de detención basado en la riqueza”, que en gran medida ha escapado al escrutinio de los tribunales superiores de la nación.

“Este es un gran escándalo y ha sido casi ignorado durante los últimos 30 años”, señaló Alec Karakatsanis, cofundador del proyecto Equal Justice. “Si uno es peligroso pero rico, puede quedar libre. La permanencia en la cárcel depende de cuánto pueda pagar la persona”.

Karakatsanis afirmó que este sistema ataca más a aquellos con menos recursos, para quienes unos pocos días en prisión significan la pérdida de un empleo o, en el caso de un padre soltero, la pérdida de su hijo. La posibilidad de encarcelamiento también impulsa a las personas a declararse culpables de delitos, incluso en caso de ser inocentes. Algunos de ellos hasta morirán en la cárcel, agregó. “Sandra Bland no podía pagar y falleció en una prisión de Texas”, dijo. Así se refería Karakatsanis al caso de una mujer negra oriunda del área de Chicago, quien había sido detenida el año pasado por un policía blanco en una carretera de Texas. El oficial alegó que la mujer había hecho un cambio de carril indebido. Cuando ambos comenzaron a discutir, la mujer fue arrestada y trasladada a la cárcel. Al no poder pagar la suma de $500 por su fianza, se suicidó tres días después.

El grupo Equal Justice presentó demandas para desafiar el sistema de fianza en las grandes ciudades del sur del país, entre ellas Houston, y tiene pendientes pleitos en San Francisco y Sacramento. Varias ciudades han acordado dejar de emplear las fianzas con dinero para los nuevos arrestados.

Cuando se demandó a la ciudad de Calhoun, se adoptó una nueva política para dar a las personas detenidas una audiencia dentro de las 48 horas siguientes. Sin embargo, un juez federal dictaminó que era inconstitucional arrestar a la gente por delitos menores y mantenerlos en la cárcel durante un fin de semana porque no podían pagar la fianza. La ciudad apeló al Onceavo Circuito; el primero de los juicios para llegar a una corte de apelaciones de los EE.UU. Los abogados esperan que el caso de Walker vs. Calhoun se discuta en el otoño próximo.

En diciembre, la Casa Blanca convocó a una reunión para poner la mira en la “penalización de la pobreza”, y la fiscal general Loretta Lynch citó el sistema de fianzas como parte del problema. “En un país donde consideramos inconstitucional la cárcel para deudores civiles, demasiados de nuestros ciudadanos simplemente están presos porque no tienen el dinero para salir”, afirmó.

La American Bar Association (ABA) y el Cato Institute, de tendencia libertaria, se unieron al gobierno este mes en el caso de Georgia. Los abogados de ABA sostuvieron que fueron escépticos del sistema de fianza durante décadas y que han concluido ahora que los montos fijos “deben ser abolidos”. También manifestaron que hay otras formas de asegurar que los acusados se presenten a sus juicios.

Pero los letrados que desafían el sistema de fianzas no tienen de su lado un precedente claro del Máximo Tribunal. En 1983, los jueces determinaron que los pobres no pueden permanecer encarcelados simplemente porque no pueden pagar una multa, pero no cuestionaron la práctica de larga data de exigir a la gente pagar la fianza para recuperar su libertad antes del juicio. “Esta es una pregunta abierta. Es la primera vez que veo litigios de apelación por este tema”, señaló el profesor de leyes de la Universidad de Pensilvania Stephano Bibas. “La cuestión aquí es un crudo esquema de fianzas, que discrimina contra los pobres. Seguro, está mal castigar a aquellos que no son peligrosos y están en los márgenes de la sociedad”, dijo, pero también señaló que los jueces no han dictaminado previamente que la cláusula de “protección igualitaria” prohiba en general políticas que discriminan a las personas pobres.

La American Bail Coalition y la Asociación de Fiadores Profesionales de Georgia contrataron al exprocurador general Paul Clement en defensa del sistema de fianzas.

Los demandantes “efectivamente suprimirían las fianzas monetarias” y permitirían que los acusados pobres “sean liberados de inmediato”, escribió Clement. “No hay nada en la Constitución que apoye esa postura extrema… Al permitir a los demandados pagar su fianza con sólo una fracción del monto requerido, la industria comercial de las fianzas posibilita que las personas de todos los estratos financieros hagan uso de sus redes y contactos en la comunidad para obtener su libertad provisional. El sistema moderno de fianza no se trata de pobreza o riqueza, sino de preservar la libertad al tiempo que garantiza la seguridad de la comunidad y la aparición del acusado en la corte”.

¿Qué ocurriría si fueran abolidas las fianzas?

El abogado de la ABA sostuvo que las ciudades y los condados se ahorrarían “el inmenso costo” de encerrar a la gente innecesariamente. “El coste anual total de la prisión preventiva se estima en $9,000 millones”, informó.

Pero el escrito de Clement en nombre de la industria comercial de las fianzas sostuvo que muchas más personas no se presentarán a los juicios y que la policía deberá pasar más tiempo -y usar más dinero- en nuevos arrestos de estos fugitivos.

En concordancia, Jeff Clayton, director de políticas de la American Bail Coalition, sostuvo que la supresión de las fianzas conduciría a que más personas, y no menos, permanezcan en prisión. Los jueces decidirán que es riesgoso liberarlos “y eso significaría una expansión de la detención preventiva”, afirmó.

Por su parte, los defensores de la reforma aseguran que el sistema pecuniario encierra a la gente equivocada. Cerca de 12 millones de personas son encarceladas cada año, y más de las tres cuartas partes de ellas son acusadas de delitos menores, precisó Cherise Fanno Burdeen, directora ejecutiva del Pretrial Justice Institute, un grupo que se opone al sistema de fianzas. En ciertas zonas, agregó, nueve de cada diez personas no pueden pagar su fianza. “Necesitamos reemplazar el sistema existente y centrarnos en quién implica un riesgo, no en su dinero”, agregó.

Traducción: Valeria Agis

Si desea leer este artículo en inglés, haga clic aquí


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