California suaviza las leyes contra ofensores sexuales
En el 2006, el gobernador Arnold Schwarzenegger le pidió a los californianos que apoyaran la Proposición 83, mejor conocida como “La Ley de Jessica”. Al gobernador se le unió, en una conferencia de prensa, Mark Lunsford (a la izquierda) papá de Jessica Lunsford, y Marc Klass, (a la derecha) padre de Polly Klass. (Al Seib / Los Ángeles Times)
El Departamento de Corrección y Rehabilitación del estado de California (DRDC, por sus siglas en inglés), anunció el jueves que el estado dejará de obligar al cumplimiento de una provisión clave de una ley que prohíbe a todos los ofensores sexuales registrados, vivir dentro de 2,000 pies de distancia de escuelas y parques, independientemente de si sus crímenes involucran a menores o no.
Los ofensores sexuales de alto riesgo y aquellos en cuyos crímenes estuvieron relacionados niños menores de 14 años seguirán teniendo prohibido vivir a menos de media milla de distancia de una escuela, enfatizó el DCRC.
Las autoridades evaluarán a cada ex convicto en libertad condicional y se basaran en casos específicos, puntualizó la agencia.
El cambio llega 9 años después de que los votantes californianos aprobaron una ley que ha hecho que sea más difícil que algunos ofensores sexuales encuentren un lugar para vivir.
El 2 de marzo la Corte Suprema de California dictaminó unánimemente que la “Ley de Jessica” violaba los derechos constitucionales de aquellos que viven en libertad condicional en el condado de San Diego, y argumentaron que estas limitaciones hicieron imposible que consiguieran alojamiento. Como resultado, algunos de los convictos en libertad condicional, terminaban viviendo en cauces de ríos y callejones.
El vocero del DCRC Luis Patiño declaró el jueves que “aunque el dictamen de la corte es específicamente para el condado de San Diego, el razonamiento no lo es. Después de revisar la decision de la corte, la oficina del fiscal general del estado le hizo ver al DCRC que el aplicar las restricciones de residencia de manera generalizada será encontrada inconstitucional en todos los condados”.
El miércoles el DCRC envió un memorándum a las autoridades de libertad condicional esbozando el cambio de política. La directiva establecía que las restricciones de residencia podrían restablecerse si hubiera un “nexo con la ofensa cometida, la historia criminal y/o futura criminalidad”.
El memorándum informaba que a las autoridades darían más directivas de cómo mejorar las condiciones de los que se encuentran en libertad condicional ya viviendo en la comunidad.
En su dictamen, la Suprema Corte determinó que las disposiciones genéricas para los ex convictos en libertad bajo palabra “restringen severamente su posibilidad de encontrar alojamiento”. El juez Marvin R. Baxter dijo que las reglas “aumento el número de desamparados, obstaculizaron su acceso a tratamiento médico, servicios de dependencia a las drogas y al alcohol, consejería psicológica y otros servicios sociales de rehabilitación disponibles para todos los que están en libertad condicional”.
Un reporte del DCRC descubrió que el número de ofensores sexuales que viven como desamparados en todo el estado aumentó 24 veces en los tres años siguientes de que la Ley Jessica entro en vigor. Las autoridades de libertad condicional externaron a la corte que las personas en libertad bajo palabra que viven en situación de calle eran más difíciles de supervisar y que constituían un riesgo mayor para la seguridad de la comunidad que aquellos que tenían casa.
Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí
