La propuesta de Trump para eliminar el impuesto sobre la nómina para el Seguro Social podría ser la peor de sus ideas

La reforma tributaria del presidente Trump está en problemas. Eso no es noticia, pero sí lo es una propuesta que su equipo ha planteado como una forma, aparentemente, de reducir los impuestos sobre la clase media. De acuerdo con Associated Press, el gobierno juega con la idea de eliminar el impuesto sobre la nómina, que financia el Seguro Social y parte de Medicare, o de reducirlo drásticamente.

Se trata de una concepción absolutamente terrible, en parte porque huele a una forma solapada para recortar beneficios del Seguro Social, y necesita ser abortada de inmediato.

“Esta propuesta es un caballo de Troya”, afirmó Nancy J. Altman, veterana defensora del Seguro Social. “Aparenta ser un regalo, con forma de alivio tributario para la clase media, pero si se promulgara conduciría a la destrucción de la seguridad económica fundamental de los trabajadores estadounidenses”.

Para entender por qué, uno debe examinar la historia y la mecánica de la Seguridad Social, algo que el equipo de Trump no ha intentado o no quiere hacer. Nosotros, en cambio, sí pudimos hacerlo.

La naturaleza “contributiva” de la Seguridad Social, a través de la cual los beneficiarios pagan sus eventuales beneficios a través del impuesto sobre la nómina, se remonta a sus orígenes, en 1935.

La defensa habitualmente más citada al respecto proviene de Franklin Roosevelt, quien lo calificó como una “política recta” y explicó: “Ponemos esas contribuciones de nómina allí para dar a los contribuyentes el derecho legal, moral y político de recaudar sus pensiones… Con esos impuestos allí, ningún maldito político podrá jamás revocar mi programa de seguridad social”. Pero Franklin D. Roosevelt (FDR) no pronunció esa frase sino hasta 1941, seis años después de la promulgación, cuando fue entrevistado para un estudio gubernamental.

La razón real para el impuesto sobre la nómina era más sutil. El Comité de Seguridad Económica de FDR, que elaboró el programa en 1934, había entablado un intenso debate sobre si debía financiar el Seguro Social a través de los ingresos del gobierno general o de las contribuciones de los trabajadores.

Había varias razones para elegir esta última. Una de ellas era dejar en claro que el Seguro Social no sería un programa de prestaciones sociales, sino un beneficio de seguro de jubilación provisto por derecho. Inevitablemente, la comisión informó que una pensión “gratuita” -financiada por el presupuesto general- “debe estar condicionada a una ‘prueba de medios’”, lo cual significaba que sólo se entregaría a los estadounidenses más pobres y para satisfacer sólo muy pocas necesidades.

“La pensión gratuita, en justicia a las demandas legítimas de otros grupos necesitados, debe mantener a todos los beneficiarios bajo un nivel mínimo”, aconsejó el comité al Congreso. Un sistema contributivo que equivalga a una anualidad “puede ser suficiente para una existencia cómoda, que tenga alguna relación con los estándares salariales habituales”. Eso es esencialmente el sistema de jubilación de la Seguridad Social que tenemos hoy.

Los creadores del Seguro Social pensaron que el sistema de contribuciones no sólo aseguraría que los beneficios fuesen razonablemente importantes, sino que no fuesen demasiado grandes. La idea era que la presión sobre el salario neto de los trabajadores a resultado de una expansión desmedida del programa quedaría en manos del Congreso. Como sucedió, el Seguro Social resultó tan popular que el público apoyó varias ampliaciones, incluyendo la cobertura de cónyuges y dependientes, y la adición del seguro de invalidez en 1956.

Tal como predijo FDR, dotar a la Seguridad Social de su propio flujo de ingresos la ha protegido a lo largo de los años de los políticos avaros, mayormente conservadores, quienes desde 1935 han intentado derrumbar el programa. Las deducciones semanales o quincenales que se destinan a él han dado a los trabajadores un interés de propiedad en los beneficios, difícil de socavar.

Es por ello que el acuerdo de 2010 del presidente Obama con el Congreso para recortar temporalmente la participación de los empleados en el impuesto sobre la nómina -del 6.2% al 4.2% de los ingresos salariales- también fue una pésima idea (los empleados pagan otro 6.2%, pero su parte no fue modificada por dicho acuerdo).

El recorte de impuestos fue un mecanismo para poner más dinero en los bolsillos de las familias durante las profundidades de la Gran Recesión. Pero aunque se entendía que los ingresos perdidos serían compensados con el presupuesto federal, el arreglo podría haber socavado permanentemente las finanzas del sistema. Para peor, el recorte no logró dirigir fondos adicionales a aquellas familias que más lo necesitaban; cada trabajador recibió la misma exención impositiva -los multimillonarios obtuvieron el mismo tope de $2,136 que cualquier otro que ganara el máximo de $106,800 en salarios sujetos al impuesto sobre la nómina en ese momento-.

Con el programa Making Work Pay, que fue reemplazado por el recorte de impuestos de nómina después de que los republicanos se negaron a continuar con éste, las familias de bajos ingresos tenían derecho a un máximo de $800; cualquier familia que ganara $40,000 o menos hubiera recibido más de Making Work Pay que de cualquier recorte impositivo, mientras que al resto -entre ellos los altos ejecutivos y miembros del Congreso- le fue mucho mejor con el nuevo arreglo.

El impuesto sobre la nómina se restauró completamente después de dos años, pero la erosión del vínculo entre los salarios y la Seguridad Social ha sobrevivido; hasta el día de hoy, algunas personas creen que el Seguro Social es financiado por el presupuesto federal, aunque no es así.

La propuesta de Trump eleva potencialmente la manipulación del impuesto sobre la nómina a un nuevo nivel. Los detalles reportados por Associated Press son incompletos y preliminares pero, hasta ahora, no hay indicios de que Trump considere este cambio como una medida temporal. Si se ha diseñado como una conversión permanente del flujo de ingresos de la Seguridad Social del impuesto salarial a los ingresos generales, ello es una puerta abierta al recorte presupuestario a expensas de los jubilados y los trabajadores.

Ya los conservadores y los halcones del presupuesto repiten como un mantra que el costo de la Seguridad Social es “insostenible”. Ese es su reclamo, aunque el programa tiene hoy un superávit, y asegurar su estabilidad fiscal para el futuro requeriría un modesto aumento en la tasa impositiva o la eliminación del tope en los salarios sujetos a impuestos ($127,200 este año).

Eliminar el impuesto sobre la nómina simplificaría para el Congreso reducir los beneficios del Seguro Social bajo el disfraz de ahorrar dinero del gobierno. Y esa es otra forma de canalizar más dinero para los ricos, a expensas de la clase trabajadora. ¿Quién necesita eso, además de aquellos que ya tienen suficiente?

Traducción: Valeria Agis

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