Inmigrantes buscan el indulto de los gobernadores como un recurso para bloquear la deportación

Los dos refugiados camboyanos que vivían en el norte de California habían sido condenados por delitos hace años y, en el marco de las políticas inmigratorias más agresivas de la administración Trump, esas ofensas los habían puesto en vías de deportación.

Pero el sábado, el gobernador Jerry Brown anunció el perdón de ambos hombres, Mony Neth, de Modesto, y Rottanak Kong, de Davis, alegando que habían pagado sus deudas con la sociedad y que ahora llevaban vidas honestas y rectas.

Si bien la inmigración es una responsabilidad federal, no estatal, los abogados de ambos esperan que los perdones eliminen la justificación para deportarlos. En todo el país, los letrados expertos en inmigración hacen lo mismo: buscan obtener el indulto de los gobernadores como un último intento para impedir las deportaciones o lograr que los deportados regresen a los EE.UU.

Apuntar a los criminales convictos para la expatriación no es una idea nueva; ya era una prioridad para el presidente Obama, quien deportó a más personas que cualquiera de sus predecesores. Pero durante su gobierno, sólo aquellos con delitos graves eran blanco de deportación.

Ahora, el presidente Trump tiene políticas mucho más amplias. Poco después de su toma de mando, el actual primer mandatario firmó una orden ejecutiva para ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que dé prioridad a la remoción de personas sin autorización en los EE.UU. con condenas penales. Además de acelerar la deportación de convictos, los decretos también exigían la eliminación inmediata de aquellos indocumentados acusados de delitos y a la espera de sus sentencias. Los funcionarios federales comenzaron a actuar rápidamente.

En junio, las autoridades de inmigración en Michigan arrestaron a más de 100 ciudadanos iraquíes con antecedentes criminales. Un mes después, aproximadamente 40 de ellos le pidieron indultos al gobernador republicano Rick Snyder.

Entre ellos se encontraba Usama Hamama, de 54 años, quien es copropietario de un mercado en el área de Detroit. Hamama, que llegó a los Estados Unidos como refugiado cuando tenía 11 años, fue declarado culpable de agresión y tenencia de arma en un vehículo, en 1988, y sentenciado a dos años de prisión. Desde 1992 se ha enfrentado a la amenaza de la deportación, pero el tema no era una posibilidad real hasta la llegada de Trump.

Su abogado, Bill Swor, quien trabaja en estrecha colaboración con el capítulo local de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), describió el delito de su cliente como un incidente menor en la carretera. Desde entonces, dijo, Hamama formó una familia y ha abierto su pequeño negocio. “Un indulto borrará esta ofensa y su registro de antecedentes”, indicó Swor sobre su representado, quien está detenido en un centro federal de inmigrantes en Michigan. “Él estaba en el país con permiso cuando ocurrió la ofensa, por lo cual un indulto nos lleva nuevamente a ese estado”.

El mes pasado, la hija de Hamama, Lindsey, de 12 años de edad, le escribió una carta al juez federal que supervisaba el caso de su padre. También envió una copia al gobernador. “Todo lo que quiero para Navidad”, escribió, “es que mi papá en casa; nada más”.

La oficina del gobernador no ha tomado una decisión sobre el indulto.

Por su parte, el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, un republicano, recibió un pedido similar -de un veterano del ejército con una condena por drogas-. Miguel Pérez Jr., de 39 años, se unió al ejército en 2001 como residente legal permanente y sirvió durante dos giras en Afganistán.

En 2008, fue declarado culpable de distribuir menos de 100 gramos de cocaína. Pérez, nativo de México, cumplió la mitad de su sentencia -de 15 años de prisión- pero se le revocó su residencia como resultado de la condena y está detenido en un centro penitenciario en Wisconsin.

Rauner no decidió aún si le concederá el beneficio.

Los indultos de gobernadores no garantizan que un inmigrante que se enfrenta a la deportación pueda permanecer en los EE.UU., pero podrían tener un efecto en ello, consideró Jason Cade, profesor asociado de derecho en la Universidad de Georgia, quien caracterizó el tema como una cuestión a evaluar caso por caso.

Por ejemplo, señaló Cade, si un inmigrante tiene una condena por drogas que lo hace sujeto de deportación y esa condena es indultada, entonces la remoción ya no debería ser una posibilidad.

“La conclusión es que los indultos totales e incondicionales deberían ser absolutamente efectivos como defensa contra la deportación en aquellos casos donde la condena desencadena ciertas categorías de remoción, específicamente aquellas por delitos agravados... o múltiples condenas penales”, destacó Cade, quien ha escrito extensamente sobre leyes de inmigración.

Aunque el gobierno federal aún puede tener motivos para deportar a una persona, continuó, un indulto podría llevar a las autoridades a “ejercer una discreción favorable”.

Aunque eso no es lo que ha sucedido siempre.

Este año, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, un demócrata, indultó a Liliana Cruz Méndez, una madre de dos hijos que vivía en los suburbios de Washington. Cruz Méndez, quien se encontraba en el país sin autorización procedente de El Salvador, fue detenida por una infracción de tránsito menor en 2014; su automóvil tenía un faro fundido.

George Escobar, director de CASA, un grupo de derechos de inmigrantes en el área de Washington, calificó el perdón de McAuliffe como “una muestra de solidaridad por su causa y la creencia de que no debería tener que abandonar el país”.

“Esperábamos que la cuestión influenciara a Inmigración y Aduanas”, señaló Escobar, quien trabajó para lograr el indulto de la mujer. “Desafortunadamente, no fue así”.

Los funcionarios federales de inmigración deportaron a Cruz Méndez este verano.

Pero para otros, especialmente las personas con tarjetas de residente u otro estatus legal, los perdones han ayudado. Otro tema en común: vivir en un estado con un gobernador demócrata quien tal vez esté intentando un contrapeso contra la administración Trump.
En mayo pasado, el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, también demócrata, indultó a Rene Lima-Marín, quien en 2008 fue erróneamente liberado de prisión -donde cumplía condena por robo- antes de tiempo. Lima-Marín, que había huido de Cuba en la década de 1980, se casó, tuvo un hijo y comenzó a trabajar. Seis años después, en 2014, los funcionarios de Colorado se dieron cuenta del error y lo volvieron a poner bajo custodia.

Este año, días después de que un juez lo liberara, Hickenlooper le concedió el indulto. Aun así, el hombre se encuentra en un centro de detención de inmigrantes, aunque sus abogados esperan que sea liberado pronto.

“En términos de rehabilitación, demostró capacidad para contribuir al tejido de su comunidad y de Colorado”, resaltó Hickenlooper durante una conferencia de prensa en el momento del indulto. “Él reconstruyó su vida. Se ha convertido en un miembro productivo de su comunidad, respetuoso de la ley”.

Pero en otro caso este otoño, Hickenlooper negó una solicitud de indulto de Ingrid Encalada Latorre, quien encontró refugio en iglesias de todo Colorado durante gran parte del año pasado. Latorre, oriunda de Perú, vive indocumentada en los Estados Unidos hace 15 años. “Analizamos cuidadosamente cada caso y tomamos un enfoque holístico al considerar una petición”, informó Hickenlooper en un correo electrónico. “La clemencia no es la solución al sistema de inmigración quebrado de nuestro país”.

En California, Brown, otro demócrata, emitió indultos que afectaron a candidatos a la deportación, así como a aquellos que ya fueron expulsados del país.

En 2015, el gobernador indultó a Eddy Zheng, un inmigrante que luchaba contra su expatriación después de pasar más de dos décadas en prisión por una condena por robo. Zheng y su familia emigraron a los EE.UU. en la década de 1980, desde China. El hombre permaneció en los EE.UU. y se convirtió en ciudadano naturalizado este año.

Los indultos anunciados el sábado fueron otorgados a Neth -condenado por un delito de armas en 1995- y Kong -condenado por un delito grave en 2003-. En su mensaje, entre varias docenas de perdones emitidos, Brown afirmó que desde que Neth y Kong dejaron la prisión, ambos se habían convertido en “ciudadanos respetuosos de la ley”.

De Kong, agregó: “De hecho, varias personas escribieron en su apoyo, describiéndolo como amable y generoso, y como un modelo para aquellos que enfrentan desafíos insuperables en sus vidas”.

La primavera pasada, Brown indultó a dos ex Marines, Erasmo Apodaca Mendizábal y Marco Antonio Chávez, así como al exsoldado Héctor Barajas Varela. Los tres habían recibido altos honores militares pero luego fueron declarados culpables de delitos y finalmente expatriados.

Un juez de inmigración restableció la residencia de Chávez en noviembre, después del perdón concedido por Brown. El jueves, después de 15 años en México, Chávez regresó a los Estados Unidos.

Momentos después de cruzar la frontera, cerca de San Diego, le dijo a los periodistas que no podía creer que este año su mañana de Navidad comenzaría con un abrazo de sus parientes.

Traducción: Valeria Agis

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