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Agencia independiente incrementa costos y falla en la supervisión de alumnos con discapacidades del LAUSD

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Un supervisor independiente a quien el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) paga para controlar los programas para estudiantes discapacitados fue criticado en el distrito escolar por la supuesta mala supervisión de su propia sede, incluyendo los crecientes costos de dos asesores que ganan, cada uno, más de $200,000 dólares al año.

David Rostetter fue contratado para observar las acciones del distrito escolar y asegurar que se cumplan ciertos objetivos. La relación entre su oficina y el sistema escolar en ocasiones ha sido tensa; uno de sus informes más recientes afirmaba que el LAUSD carecía de las condiciones sanitarias apropiadas para cambiar los pañales de los niños de preescolar.

El distrito envió a auditores a revisar los registros de Rostetter, afirmaron los funcionarios, porque los costos del servicio estaban subiendo notablemente, a pesar de que el sistema escolar había cumplido 17 de los 18 objetivos especificados en un contrato para mejorar los servicios ofrecidos a las personas con discapacidades.

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“Existe una falta de controles y equilibrios adecuados para prevenir, desalentar y detectar los errores y las malversaciones. El riesgo se ve agravado por la falta de supervisión”, escribieron los auditores.

Rostetter negó las acusaciones de mala administración y alegó que los auditores realizaron una interpretación incompleta o equivocada de lo que descubrieron. No obstante, también acordó cambiar algunas de las prácticas fundamentales de su empresa.

Los programas para los alumnos con discapacidades en el segundo sistema escolar más grande del país caen bajo la supervisión autorizada a nivel federal, llamada decreto de consentimiento, después de una demanda de 1993 que sostuvo que el distrito había ignorado las necesidades educativas de Chanda Smith y muchos otros estudiantes discapacitados.

En los más de 20 años desde ese suceso, el distrito intentó satisfacer al juez federal y a los defensores de los discapacitados. El monitor independiente se sumó a la receta en 2003, cuando ambos lados acordaron metas específicas que, de cumplirse, dejarían al distrito libre de una supervisión que algunos funcionarios consideran costosa y molesta.

El distrito identificó que el 12.6% de su más de medio millón de alumnos son estudiantes con discapacidades, y dice que cerca de un tercio poseen discapacidades moderadas a severas y, por lo tanto, educarlos resulta más costoso. El LAUSD gasta $1,540 millones anualmente en servicios especiales para los discapacitados.

La auditoría de la oficina de Rostetter, la cual fue publicada esta semana, se enfocó en gran medida en su administración y el trabajo de sus dos asesores con experiencia, el director de investigación Jaime Hernández, y el analista jefe Jay R. Alleman, durante un período de cuatro años, a partir del año fiscal 2012-2013.

Hernández percibió aproximadamente $239,000 por los dos primeros años, y luego más de $280,000 en los dos años subsiguientes. Alleman, por su parte, recibió alrededor $195,000 los dos primeros años y $268,089 en el cuarto año de trabajo, por salarios y gastos, informó el distrito. El incremento en compensaciones representó la mayor parte del aumento en los gastos, de $713,126 a $849,710, durante esos cuatro años.

Rostetter, quien vive fuera del estado, gana $255,000 anualmente, y también presentó cargos por $30,760 en gastos y cuotas adicionales el año pasado.

Los auditores cuestionaron su supervisión de los empleados y resaltaron que los dejaba trabajar fuera del espacio proporcionado en la sede del distrito. Además, afirmaron que carecían de documentación adecuada para las tareas que realizaban. Alleman era “libre para emitir cheques a terceros sin conocimiento de nadie”, agregaron. El permiso incluía la posibilidad de emitir cheques para sí mismo.

Los auditores recomendaron, entre otras medidas, que la oficina jurídica del distrito se hiciera cargo de la emisión de los cheques. “Debido a nuestro deber de salvaguardar los fondos públicos, debemos garantizar que los costos de reembolso sean ‘razonables’, a pesar de nuestra limitada capacidad para negar el pago”, aseguró el consejero general del distrito, David Holmquist, en un comunicado emitido el miércoles último.

En una respuesta emitida en diciembre, que fue incorporada al informe final, Rostetter dijo por su parte que los auditores llegaron a “conclusiones basadas en conjeturas y especulaciones” y que formularon recomendaciones que “violarían” su independencia. Pero esta semana, en una carta dirigida al distrito, suavizó su tono y se comprometió a abordar las inquietudes. Rostetter -quien no pudo ser localizado por este medio para emitir comentarios- afirmó que asumiría el control directo sobre el gasto e insistiría en contar con documentación más completa.

En una entrevista, Hernández reconoció que los costos han aumentado, pero estimó que algunos de los problemas se relacionan con el mal funcionamiento del sistema de registro estudiantil del distrito. El decreto exige un seguimiento eficaz de los servicios a los discapacitados. También agregó que, mientras el decreto esté en vigor, sus 18 objetivos requieren de revisión continua.

También dijo que el distrito todavía debe completar un plan completo para cumplir con la Ley federal de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

“Antes de irnos debemos asegurarnos de que el distrito pueda supervisarse a sí mismo e identificar y remediar cualquier incumplimiento”, expresó Hernández. “Necesitamos ver que los sistemas adecuados están bien establecidos. Se está llegando a eso”.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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