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En materia de migración, el presidente Obama lleva todas las de perder

Un niño se une a los activistas a favor de la inmigración durante la manifestación frente al Tribunal Supremo en Washington, DC, el 15 de enero pasado. ()

Un niño se une a los activistas a favor de la inmigración durante la manifestación frente al Tribunal Supremo en Washington, DC, el 15 de enero pasado.

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(MICHAEL REYNOLDS / Getty Images)

La lucha del presidente Obama para sacar de las sombras de la vida estadounidense a millones de inmigrantes se enfrenta ahora a la decisión del máximo tribunal del país, pero aun cuando su esfuerzo obtenga el visto bueno este próximo verano, el presidente podría quedarse sin tiempo para consolidarlo.

Durante todo el proceso, los activistas confiaron en que las acciones ejecutivas de Obama para garantizar presencia legal y permisos de trabajo a cerca de cinco millones de personas entraran en vigor y resultaran tan populares, que ni siquiera un presidente republicano pudiera revocarlas.

Pero un juez federal puso estos programas en suspenso el año pasado, en medio de una batalla legal por ellos, e incluso con el anuncio realizado el martes, acerca de que la Corte Suprema escuchará el caso, las acciones de Obama permanecerán en espera al menos hasta este verano. En el mejor escenario posible, el presidente tendría apenas seis meses para implementar el plan antes de terminar su mandato.

Ese tiempo podría ser insuficiente para alcanzar a millones de personas con sus programas, e incorporarlos tan profundamente a las entrañas de la vida estadounidense de forma tal que ningún futuro presidente pudiera deshacer las acciones de Obama.

Y con cada candidato presidencial republicano abiertamente en oposición a su política de inmigración, el destino de su plan depende en gran medida de la elección de un sucesor demócrata.

La situación actual refleja los peligros de la decisión de Obama de hacer cambios drásticos en esta política mediante acciones del Poder Ejecutivo en lugar de trabajar con el Congreso, y funciona como recordatorio de lo que podría esperarse si el mandatario continúa gobernando con autoridad unilateral.

Sin embargo, Obama probablemente se enfrente aún más a la oposición en el Congreso durante su último año en el cargo, algo que lo dejaría con pocas opciones para hacer avanzar sus planes y proteger su legado.

Fue su frustración con los legisladores la que inspiró a Obama inicialmente para esquivar al Congreso. Bajo la presión de los activistas por la inmigración, e impaciente con los republicanos de la Cámara que habrían frustrado la reforma, Obama actuó de manera unilateral para crear el programa en noviembre de 2014.

El programa proporcionaría protección temporal contra la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, entre ellos muchos padres de ciudadanos estadounidenses. Los abogados del gobierno afirmaron que Obama posee autoridad legal para actuar sin la aprobación del Congreso y describen el programa como una simple extensión de la facultad del Ejecutivo para ordenar o detener las deportaciones de individuos.

Pero el programa fue desafiado por una coalición de 26 estados, en su mayoría liderados por republicanos. El juez de distrito Andrew S. Hanen, de Texas, decidió que Obama se ha excedido en su autoridad constitucional y ha creado una “abdicación y entrega total” de la obligación de hacer cumplir las leyes de inmigración.

El gobierno debió poner fin a los preparativos para el programa, que ya habían comenzado. Entre otros, había concedido contratos a empresas de consultoría y rentado oficinas en Virginia para procesar los millones de aplicaciones esperadas. Del mismo modo, los grupos de activistas y organizaciones sin fines de lucro que trabajan con inmigrantes debieron suspender sus planes para entrenar a la gente acerca del proceso de solicitud.

Si la Corte Suprema permite la continuidad del programa, será difícil guiar a los solicitantes a través del proceso con la suficiente rapidez para llegar a todos los adultos elegibles, según afirmó Randy Capps, director de investigación de Migration Policy Institute, una organización no lucrativa.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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