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Podrían aumentar responsabilidad de las escuelas públicas para los niños con discapacidades

El caso podría resolver si los sistemas escolares públicos deben reembolsar a los padres que buscan educación privada para los alumnos con discapacidades.

El caso podría resolver si los sistemas escolares públicos deben reembolsar a los padres que buscan educación privada para los alumnos con discapacidades.

(Jacquelyn Martin)

Los jueces del Tribunal Supremo parecían listos este miércoles para aclarar y reforzar los derechos de los 6.7 millones niños con discapacidades del país, tal vez exigiendo que las escuelas públicas proporcionen un programa de educación especial que garantice sus avances.

El caso de un niño autista de Colorado, Endrew F. vs el Distrito Escolar del Condado de Douglas, podría tener un profundo impacto sobre millones de pequeños y sus padres, así como en los presupuestos de los distritos escolares en todo el país.

La cuestión es una antigua ley federal que sostiene que los niños con discapacidades tienen derecho a una “educación pública adecuada y gratuita”. Las escuelas, los tribunales y los padres de familia han estado divididos sobre qué significa esta promesa en la práctica.

¿Significa, por ejemplo, que una escuela simplemente debe ofrecer un programa especial mínimo que brinde “algunos beneficios educativos” para el niño, como dictaminó un tribunal federal de apelaciones en Denver? O, por el contrario, ¿significa que estos alumnos tienen derecho a “realizar un progreso educativo significativo”, como sostienen los abogados de la saliente administración de Obama?

Durante la discusión del miércoles, los magistrados discutieron con los abogados y entre ellos mismos para encontrar la norma jurídica adecuada. En un momento dado, el juez Samuel A. Alito Jr. provocó sonrisas cómplices en sus colegas cuando se quejó de la “ventisca de palabras” que se estaban utilizando, la mayoría de las cuales no tenían ningún significado claro.

Sin embargo, la mayoría de los magistrados parecían estar a favor de establecer una norma ligeramente más alta, que debería llevar al niño a obtener un avance moderado en lo académico o en el comportamiento. El presidente del tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., estimó que no es suficiente que las escuelas proporcionen un experto durante cinco minutos al día para ellos y afirmen así brindan “algún beneficio” al niño.

Pero el juez Roberts Jr. y otros se mostraron reacios a establecer una norma más estricta y poco realista, que requeriría que los estudiantes alcanzaran ciertos objetivos. También expresaron sus preocupaciones sobre los costos y un posible estallido de demandas.

Los padres de familia que no están satisfechos con los programas educativos especiales pueden retirar a sus niños de las escuelas públicas, inscribirlos en escuelas privadas y luego demandar para que los costos sean cubiertos por los distritos escolares. Pero para obtener el reembolso, los padres deben demostrar que las escuelas públicas no proporcionaron la educación “apropiada” prometida por la Ley Federal para la Educación de Individuos con Discapacidades.

Una coalición de distritos escolares de grandes ciudades, que incluye al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), advirtió al Tribunal Supremo de los crecientes costos de los programas privados, los cuales en promedio son más de cuatro veces más caros que uno público. Los funcionarios escolares de Los Ángeles señalaron que gastan $93 millones de dólares al año en estas colocaciones privadas.

En el caso llevado ante el Tribunal, los padres de Endrew F., un niño autista del condado de Douglas, Colorado, lo inscribieron en una escuela pública hasta el cuarto grado y trabajaron con los maestros para elaborar un programa de educación especial para él. Pero cuando el niño estaba en cuarto grado, su comportamiento era cada vez peor; tenía repetidos arrebatos en clase, golpeaba su cabeza en el piso y se escapó de la escuela en dos ocasiones.

Sus padres lo trasladaron a un centro educativo privado, donde comenzó a “prosperar”, según el Tribunal de Apelación del Décimo Circuito. Sin embargo, los jueces dictaminaron que no era necesario que el sistema escolar público reembolsara a los padres, porque le había proporcionado al niño un programa educativo mínimamente “adecuado”. “Pagar por su instrucción [en la escuela privada] no es responsabilidad del distrito [escolar], ya que Drew estaba logrando algunos avances bajo su tutela. Eso es todo lo que se requiere”, escribió el juez Timothy Tymkovich, quien es además uno de los 21 magistrados nombrados por el presidente electo Donald Trump como posibles candidatos al Tribunal Supremo.

El profesor de derecho de Stanford Jeffrey Fisher, que representa a los padres, aseguró que el Tribunal Supremo debería rechazar el estándar de ‘mínimamente adecuado’ establecido por el Décimo Circuito y, en lugar de ello, decir que los niños con discapacidades tienen derecho a tener avances ‘significativos’ en la escuela.

Los abogados de la oficina del procurador general de los Estados Unidos se unieron en apoyo a los padres. Irv Gornstein, un asesor de la oficina, expresó que la ley requiere que las escuelas proporcionen un programa de aprendizaje “enfocado a un avance significativo dadas las circunstancias del niño”.

Si bien esto no es una garantía de progreso, sí es un enfoque que requiere que las escuelas apunten alto, sostuvieron.

david.savage@latimes.com

Twitter: DavidGSavage

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí:


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