No presentarán cargos por el fallido proyecto de ‘iPads para todos’ en LAUSD
Estudiantes de Carson Elementary School, con las nuevas iPads entregadas por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en agosto de 2013. (Bob Chamberlin)
La oficina del fiscal general de los Estados Unidos decidió no interponer cargos después de una larga investigación realizada por el FBI al proceso de licitación que ganó Apple en un contrato para proporcionar 650,000 iPads a estudiantes, maestros y administradores en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).
La decisión, que fue confirmada este martes por el distrito escolar y por las autoridades, cerró así un infame capítulo en la historia del segundo sistema escolar público más grande del país, que aún sigue atormentándolo.
Ninguna autoridad de las agencias involucradas, entre ellas el FBI, emitió comentarios sobre la investigación o su conclusión.
El proyecto, valuado en $1,300 millones, fue la iniciativa más importante del entonces superintendente John Deasy, quien la consideraba ‘una cuestión de igualdad’.
“Este es un asunto de derechos civiles”, había dicho en su momento Deasy. “Mi objetivo es proporcionar a los jóvenes pobres las herramientas que hasta ahora solo han tenido los niños ricos. Y quiero hacerlo lo más pronto posible”.
El plan se convirtió en un fiasco que comenzó con un despliegue complejo, siguió con revelaciones sobre los costos y el proceso de licitación y finalmente terminó con la renuncia bajo presión de Deasy, en octubre de 2014. Ese diciembre, agentes del FBI salieron de la sede del distrito con 20 cajas de documentos.
“Probablemente el plan de las iPads fue al inicio una idea encomiable, pero resultó una catástrofe política y de políticas”, aseguró Raphael Sonenshein, director ejecutivo del Instituto Pat Brown de Asuntos Públicos de Cal State L.A. “Terminó con la carrera del superintendente y todavía se utiliza como ejemplo en las discusiones de la Junta Escolar, acerca de cómo no se deben tomar decisiones”.
El punto clave para los investigadores fueron los lazos personales que Deasy y otros administradores del distrito tenían con los ejecutivos de Apple y Pearson, la compañía que proporcionó el currículo instalado en los dispositivos.
En junio de 2013, sin discusión, la Junta Escolar aprobó el proyecto de las iPads por unanimidad, con 6 votos. Bajo la asesoría de los abogados, Deasy dejó la sala mientras el consejo deliberaba porque era poseedor de 15 acciones de Apple, por un valor de $7,793.70.
Más tarde se descubrió que Deasy había trabajado muy de cerca con Apple y Pearson, y que había tenido muy poco contacto con los competidores, de acuerdo con registros dados a conocer por el distrito.
Además, había grabado un video promocional para iPad en diciembre de 2011, antes de anunciar el plan escolar. Un proyecto piloto realizado el año previo a la votación contempló que la Junta Escolar probara sólo iPads, mientras que otro proyecto realizó pruebas únicamente para los contenidos en línea de Pearson.
Después de que, en el otoño de 2012, Deasy anunciara su plan de proporcionar una tableta a estudiante, se mantuvo al margen mientras que su personal realizó las evaluaciones formales de los proveedores.
Meses más tarde, los miembros con más antigüedad del personal le dieron a la Junta de Educación sus recomendaciones formales de que la combinación de Apple y Pearson proporcionaría el mejor producto al mejor precio, afirmaciones que más tarde serían cuestionadas.
Los primeros problemas públicos surgieron en el otoño de 2013, dentro del primer grupo de beneficiarios, integrado por 47 escuelas. Los estudiantes de preparatoria inmediatamente descubrieron que podían borrar el programa de seguridad con pulsar dos veces las teclas y luego navegar libremente por la internet, visitar redes sociales y mirar sitios para adultos. Las autoridades retiraron rápidamente las iPads, y en algunas escuelas las confiscaron por el resto del año.
También quedó claro que el distrito no tenía un plan de contingencia en caso de que las tabletas se dañaran, así como tampoco si se perdían o eran robadas. Pero tal vez el problema fundamental fue que los profesores no habían sido debidamente capacitados para el programa. La primera evaluación interna descubrió que solamente un maestro entre 245 aulas utilizaba el costoso currículo en línea.
Un momento embarazoso tuvo lugar cuando los directivos fueron incapaces de proporcionar información precisa. Durante una junta pública, un administrador afirmó que el distrito sería el dueño del currículo cuando, de hecho, había comprado una licencia por tres años, y solamente algunas lecciones estarían disponible el primero de ellos.
Para empeorar el panorama de Deasy, Monica Ratliff, nueva miembro de la Junta, decidió pasar un año revisando e investigando el proyecto. Su compromiso concluyó que las reglas iniciales para ganar el contrato parecían estar confeccionadas especialmente para los eventuales ganadores, Apple y Pearson, más que para demostrar las necesidades del distrito.
Además, señaló que se hicieron cambios clave en las reglas de licitación después de haber eliminado a la mayor parte de los competidores conforme esas normas.
Posteriormente, en agosto de 2014, en respuesta a los registros públicos solicitados por Los Angeles Times y KPCC, el distrito dio a conocer correos electrónicos, posiblemente por error, del período inmediatamente anterior a la evaluación de los competidores.
En uno de ellos, la entonces directora ejecutiva de Pearson, Marjorie Scardino, derramaba elogios para Deasy: “Mi mente no paró en todo el fin de semana; estoy muy impresionada por tu inteligencia y compromiso, y tu valentía en tomar las oportunidades. Estoy ansiosa por trabajar contigo”.
En otro, el principal auxiliar de Deasy, Jaime Aquino, perecía establecer estrategias con personas de alto rango en Pearson sobre cómo podían ganar el trabajo. “Creo que tenemos que asegurarnos de que su oferta sea la más baja”, escribió Aquino, quien había sido ejecutivo de una filial de Pearson antes de unirse al LAUSD. “Simplemente le estaba explicando que tenían que ser el mejor postor”, aseguró Aquino más tarde a The Times. “Se trató de explicar cómo funcionaba el proceso”.
Nunca se conoció evidencia alguna de que Deasy o Aquino hayan obtenido beneficios financieros personales de la selección de los dos proveedores. Ninguno de los dos pudo ser localizado este martes, pero ambos han negado cualquier ilícito, señalaron que sus contactos con los vendedores eran legales y que tenían la intención de obtener los mejores precios y servicios para los estudiantes.
“Nada se hizo de manera inapropiada, en absoluto”, dijo Deasy después de la divulgación de los correos electrónicos. “Por supuesto que hablé con la gente, eso es lo esperado”.
El sucesor de Deasy, Ramón C. Cortines, calificó el programa de iPads como inaccesible y lo canceló parcialmente. En la actualidad, los estudiantes del distrito tienen acceso a una variedad de computadoras -entre las cuales se cuentan más de 124,423 iPads-, aunque muchas son compartidas.
Traducción: Diana Cervantes
