El ex sheriff Lee Baca podría mantener su pensión, aun si es hallado culpable

Lee Baca, el ex sheriff del condado de Los Ángeles, ya retirado, podría perder su libertad durante seis meses cuando sea sentenciado en una corte federal, en mayo próximo. Sin embargo, hay algo que no perderá: su pensión.

Las reformas promulgadas en 2013 para retirar las pensiones a los empleados públicos que cometan delitos relacionados con su trabajo tendrán poco efecto, o ninguno, ante el beneficio anual cercano a los $328,000 adeudados a Baca, quien esta semana se declaró culpable de mentir a las autoridades federales que investigaban hechos de corrupción y brutalidad en la cárcel del condado.

Las amplias reformas de pensiones que tomaron efecto hace tres años incluyeron una disposición que obligaría a los empleados públicos condenados por delitos relacionados con sus funciones a renunciar al beneficio de una pensión “desde el día del acto criminal en adelante”, afirmó Greg Rademacher, director ejecutivo de Los Angeles County Employees Retirement Association.

En otras palabras, los beneficios devengados hasta la fecha del delito se pagan; los obtenidos después no. “Reduce el tiempo trabajado al día de la transgresión”, precisó Rademacher.

Tal disposición de confiscación podría tener un importante efecto en el beneficio de pensión de un empleado público condenado por un delito cometido muchos años atrás. En el caso de Baca, sin embargo, la fecha operativa parece ser el 12 de abril de 2013, el día que admitió haber realizado una declaración falsa al FBI y abogados de los EE.UU. que investigaban el sistema carcelario más grande de la nación.

Como parte de su declaración de culpabilidad, que requiere hasta seis meses en prisión, Baca admitió haber mentido durante una entrevista con los fiscales que lo interrogaron acerca de su participación en un intento de impedir la investigación federal iniciada en 2010, luego de que algunos prisioneros se quejaran de haber recibido golpes y otros abusos.

Los agentes hallaron evidencia de ataques, entre ellos la agresión a un recluso con enfermedad mental y a un hombre que visitaba a un familiar encarcelado. Más de una docena de exoficiales del sheriff fueron condenados por cargos relacionados con golpizas e intentos de ocultarlos. Baca será sentenciado el próximo 16 de mayo, por el juez de distrito de los EE.UU. Percy Anderson.

Baca, quien dejó el cargo en 2014, fue inicialmente elegible para una pensión mensual de $26,961, suma que fue ajustada por inflación en dos ocasiones. El beneficio actual del sheriff retirado es de $27,300 mensuales, de los cuales obtiene $19,447, mientras que el resto se paga a su exesposa, de conformidad con un acuerdo de disolución aprobado por el tribunal, explicó Rademacher.

La pensión de Baca podría recalcularse si la corte determina que la fecha del delito original fue anterior a abril de 2013. Pero de otro modo es probable que no tenga un gran impacto, porque hace tiempo que Baca sacó provecho de sus beneficios. Bajo los términos de su plan de retiro, un empleado debe trabajar 39 años y tener al menos 55 años de edad para alcanzar el 100% de su salario, informó Rademacher. Baca, de 73 años, alcanzó 48 años de servicio en el sistema y pasó los últimos 15 años como el sheriff electo. “Podría haberse retirado hace muchos años”, señaló Rademacher.

Mario Mainero, profesor de la Escuela de Derecho Dale E. Fowler de la Universidad Chapman, expresó que en 2012 los legisladores estatales tomaron medidas para reformar los requisitos de jubilación de los empleados públicos a raíz de dos casos muy publicitados de delincuentes que continuaron percibiendo sus pensiones: el antiguo sheriff del condado de Orange Mike Carona, quien fue condenado por un caso de corrupción, y el maestro Mark Berndt, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, declarado culpable de múltiples cargos de actos lascivos contra niños.

Hasta que las reformas fueron aprobadas, con pocas excepciones, sólo las autoridades electas podían perder su beneficio de pensión y exclusivamente por delitos relacionados con su cargo, tales como fraude y malversación de fondos. Mainero afirmó que la acción de la Legislatura amplió la ley para que alcance a todos los empleados públicos, y expandió la confiscación de modo que se imponga en todos los delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, en el intento de lograr un cargo o un aumento de salario o beneficios.

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