El control inmigratorio de Trump ha empeorado una situación que ya era mala de por sí
He aquí un interesante desarrollo: a pesar de agregar 91 jueces desde noviembre de 2915, la acumulación de casos pendientes en los tribunales federales sigue en aumento. ¿Por qué? Gracias a la línea dura del presidente Trump para la aplicación de la ley de inmigración.
Según las estadísticas analizadas por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestan a más personas sospechosas de vivir en el país sin autorización, mientras que la administración Trump ha puesto un alto en la práctica del gobierno de Obama, de emplear la facultad o discrecionalidad procesal para cerrar casos de deportación, permitiendo que aquellos sin antecedentes y con profundos lazos comunitarios permanezcan en el país.
“Durante los primeros cinco meses del gobierno actual, la facultad procesal cayó precipitadamente a menos de 100 por mes, de un promedio cercano a las 2,400 mensuales empleadas durante los mismos cinco meses de 2016”., señaló TRAC en el informe, publicado este martes.
Es cierto que, con el aumento del número de jueces de inmigración, los tribunales cierran ahora más casos que hace un año, pero no los suficientes como para contrarrestar el aumento de los nuevos incidentes y la acción del gobierno en pos de emitir órdenes de deportación en casi todas las circunstancias.
“Hay pocas pruebas de que este aumento en la contratación sea suficiente para manejar el número de casos que llegan”, aseveró TRAC en un informe anterior, “y mucho menos tener impacto en el atraso colosal de la corte”.
De hecho, TRAC predice que para el final del año fiscal federal, en septiembre, los magistrados de inmigración emitirán sólo 20,000 órdenes de deportación más que el año anterior, para un total de alrededor de 99,000. La cifra es menos del 1% de los 11 millones de personas que viven aquí indocumentados.
Mientras que la administración Obama centró sus iniciativas de deportación en “aquellos considerados como un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, el gobierno de Trump ha dicho a los agentes que arresten a cualquier persona que viva en el país sin permiso. Ello ha tenido un efecto nefasto en las familias.
Esa política, y el fin efectivo de la discrecionalidad procesal, han aumentado el retraso de la corte a más de 610.000 casos que llevan pendientes, en promedio, 672 días. La demora es casi 100.000 casos más alta que la registrada el año pasado, aunque el tiempo de espera es casi el mismo a pesar de los jueces añadidos, y se ha exacerbado por la decisión del gobierno de reasignar a algunos magistrados a la región fronteriza, lo cual significa que el número de casos que dejan atrás también se retrasa.
El comité editorial del Times señaló el mes pasado que, ante toda la jactancia del gobierno de Trump sobre su control de la inmigración, el continuo fracaso del Congreso en expandir la capacidad de la corte de inmigración significa que el aumento de los arrestos sólo obstruirá un sistema ya sobrecargado. “Este enorme retraso tiene consecuencias en la vida real”, escribió la junta editorial de este periódico.
“Las personas en centros de detención están pasando más tiempo encarceladas, mientras esperan audiencias para saber si se les permitirá permanecer en el país.
Para quienes tienen peticiones legítimas de asilo u otro alivio de deportación, los retrasos prolongan la incertidumbre de saber si han encontrado un santuario”. “Esto no debe poner muy felices a quienes se oponen a la inmigración no autorizada.
Si la gente no está siendo deportada, sino que está atrapada en el limbo del sistema de inmigración, el programa de control de Trump es una quimera. Aquellos inmigrantes que deben ser considerados inelegibles para permanecer en el país debido a su pasado delictivo u otras descalificaciones terminan, de hecho, con una prórroga abierta e indefinida”.
Por supuesto, para aquellos que piensan que el endurecimiento del gobierno es injusto e inhumano, un sistema judicial sobrecargado no es necesariamente algo malo, siempre y cuando quienes estén a la espera de las audiencias permanezcan arrestados en centros de detención. Pero, en el fondo, se trata de un fracasado plan de aplicación de la ley por parte del gobierno, que sólo empeora una situación ya mala de por sí.
Traducción: Valeria Agis
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