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El condado de L.A. gasta más de $233,000 al año por cada joven encarcelado

El superintendente Gregory McCovey inspecciona un cuarto en el Centro de Detención Juvenil en Los Ángeles, en 2014.

El superintendente Gregory McCovey inspecciona un cuarto en el Centro de Detención Juvenil en Los Ángeles, en 2014.

(Christina House / For the Times)

El sistema de detención de menores del condado de Los Ángeles fue diseñado en una época en la cual la delincuencia juvenil estaba en alza.

Sin embargo, el número de arrestos de menores se ha reducido drásticamente en los últimos años.

Para algunos, el sistema no ha estado a la altura de este cambio, y ahora le cuesta más dinero del necesario a los contribuyentes.

Una reciente auditoría del condado descubrió que el costo promedio de encarcelar a un joven se ha elevado a $233,600 por año, una cifra notablemente mayor que en otras jurisdicciones comparables. En Chicago, por ejemplo, el costo anual es de $204,400 por joven; en San Diego la cifra asciende a $127,750, y en Houston el costo es de $84,680, precisó el informe.

“Hay tanto despilfarro”, afirmó Jacqueline Caster, una de las 15 miembros de la Comisión de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles. “Y a nadie le importa; nadie presta atención”.

El alto costo de encarcelamiento de los jóvenes genera debate tanto dentro como fuera del gobierno del condado, y ejerce presión sobre los funcionarios de libertad condicional para que aborden el problema.

La delincuencia juvenil comenzó su descenso a mediados de la década de 1990, a medida que las tasas generales de delitos también descendía en muchas otras ciudades del país.

En su pico máximo, los centros juveniles de detención del condado de Los Ángeles alojaban 2,000 internos. El mes pasado, la cifra era de 621. Los arrestos de menores han caído un 30% en el condado de Los Ángeles desde 2012 hasta la fecha, según un estudio de Rand Corporation.

Aun así, la plantilla se mantuvo relativamente estable, mientras la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se resiste a cerrar la envejecida red de tres centros de detención y 18 campos para jóvenes, o a reducir el personal general.

Cal Remington, quien fue nombrado jefe interino de libertad condicional el mes pasado, se encuentra entre quienes ven la situación como algo ineficiente e insostenible. “Probablemente tengamos que considerar algunos cierres”, afirmó.

En los campos hay 535 niños detenidos, en instalaciones construidas para albergar a 1,469. En tanto, el condado sigue pagando por los gastos generales y de personal para una capacidad de 948 internos.

Algunos auditores señalaron que los costos del condado de Los Ángeles son altos, en parte porque el Departamento de Libertad Condicional se ha visto obligado a gastar dinero en mejoras, como el asesoramiento en salud mental, luego de un acuerdo alcanzado en 2008 con el Departamento de Justicia de los EE.UU., que determinó que en los campos y centros de detención se maltrataba a los jóvenes detenidos.

Los aumentos de salarios y beneficios también contribuyeron al aumento general de costos, al igual que el número inusualmente alto de empleados con licencia por lesiones -que van desde agresiones por parte de los detenidos hasta caída de sillas-, observaron los auditores.

Hace dos años, un 15% del personal estaba de licencia o era reasignado a causa de lesiones en el puesto de trabajo. Desde entonces, el número de empleados con licencia se ha reducido al 6,2%.

Sin embargo, en general las razones del alto costo por joven no quedan del todo claras, informa la auditoría.

Caster, comisionado de libertad condicional, aseguró que se debe prestar especial atención a los costos laborales. “Tenemos tantos contratos con los sindicatos y costos de pensiones; además, es muy difícil despedir a la gente”, dijo. “Creo que, posiblemente, esto es parte de lo que nos está frenando”.

La supervisora Hilda Solís expresó que apoya un enfoque centrado en los resultados. “Necesitamos invertir en estos jóvenes, pero debemos hacerlo con inteligencia, para asegurarnos de que la inversión pública nos lleva a los resultados que todos deseamos ver, que es recuperar a estos niños para que sean ciudadanos pacíficos y productivos”.

La supervisora Sheila Kuehl afirmó que desconocía los altos costos y que no se opondría a gastar tanto dinero de los contribuyentes en los campos y centros si éstos ayudaran a revertir la situación de los jóvenes con problemas. Al observar el alto costo de la pobreza crónica y el encarcelamiento, Kuehl expresó que $233,000 por año sería “dinero bien gastado”.

Unos pocos investigadores en justicia de menores, sin embargo, argumentan que el sistema –con independencia del monto gastado en el encarcelamiento- hace un gran trabajo de rehabilitación con los jóvenes.

Un estudio reciente dirigido por la profesora Denise Herz, de Cal State, descubrió que más de un tercio de los jóvenes en las cárceles del condado volvieron a ser arrestados por nuevos delitos dentro del año de su puesta en libertad. Más allá de eso, un creciente número de investigaciones dan cuenta de que alguien encarcelado cuando es menor de edad está en mayor riesgo de meterse en problemas en el futuro, que alguien condenado por delitos similares pero no encarcelado.

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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