Drogas para ejecutar criminales podrían costar cientos de miles de dólares
Vista de la nueva cámara de inyección letal en la Prisión Estatal de San Quentin.
Registros internos de la agencia de prisiones de California sugieren que el estado podría pagar cientos de miles de dólares para comprar las drogas de las inyecciones con las que se ejecutan a los reos condenados a muerte, según documentos revelados el martes por un grupo de libertades civiles.
Registros públicos obtenidos por la ACLU del norte de California muestran que funcionarios de las cárceles estaban ocupados en 2014 tratando de encontrar quien les vendiera las drogas que muchos fabricantes han rechazado vender a las autoridades para las inyecciones letales.
En ese entonces, los tribunales habían bloqueado las ejecuciones, y el estado había planeado proponer un nuevo método de ejecución de una sola droga. La última ejecución en California sucedió en el 2006.
Los correos electrónico muestran que potenciales proveedores querían confidencialidad y que los costos, al menos al principio, podrían ser excesivos.
Un correo electrónico de mayo de 2014 obtenido de los registros públicos decía que una farmacéutica estuvo de acuerdo con proporcionar pentobarbital, una de cuatro drogas de ejecución propuestas, a un costo inicial de $500,000 —y sólo si el nombre de la empresa no era revelado al público—.
Otro correo electrónico, escrito el mes anterior, dice que el estado había identificado un proveedor diferente para comprar el pentobarbital. Aquel correo electrónico notó que 18 internos habían agotado sus apelaciones y tomaría aproximadamente 324 gramos de la droga para ejecutarlos a todos.
El correo electrónico dice que el costo sería de $1,109 por 500 miligramos, además de los honorarios para cubrir los “gastos de servicio” y el pago de los abogados.
No había ninguna indicación de que el estado compró la droga, que habría costado unos $718,632 para las 18 ejecuciones, además de honorarios no especificados. El correo electrónico dice que el producto químico tenía una duración de 24 meses, que quiere decir que las drogas ya serían inservibles en este momento.
En noviembre, California reveló un nuevo método de ejecución de una sola droga. La ACLU demandó al estado para obtener los registros internos. Las audiencias públicas del protocolo de la inyección letal propuesto, que se suponía terminarían en enero, fueron alargadas hasta julio debido a la demanda.
Un portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación no pudo ser contactado para comentar al respecto.
Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí
