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Demandan al mayor agente de préstamos estudiantiles por engaño a sus clientes

The Consumer Financial Protection Bureau accused Navient Corp. of cheating borrowers.

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La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) demandó al agente de préstamos estudiantiles más grande del país, Navient Corp., argumentando que engañó a los prestatarios y cobró tasas más altas a los estadounidenses que luchan para pagar sus préstamos estudiantiles.

La oficina federal del consumidor alegó que Navient, anteriormente parte de Sallie Mae, “no proporcionó las funciones básicas de un servicio de préstamos estudiantiles adecuado en cada etapa de reembolso, tanto para préstamos federales como privados”.

La compañía con sede en Wilmington, Delaware, brindó a los estudiantes información inexacta, ignoró las quejas, procesó incorrectamente los pagos y encaminó a los solicitantes hacia opciones de repago con mayor costo, señaló la agencia.

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“Durante años, Navient les falló a los consumidores que esperaban que la compañía los ayudara a tener una oportunidad justa para pagar sus préstamos estudiantiles”, afirmó Richard Cordray, director de la CFPB, en un comunicado.

“En cada etapa de repago, Navient optó por engañar a los consumidores para ahorrar en los costos de operación. Demasiados prestatarios pagaron más por sus préstamos porque Navient los engañó, y esta acción pretende responsabilizarlos”.

La demanda, presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Pennsylvania, asegura que Navient violó la Ley de Reforma Dodd-Frank, la Ley de Informe Justo de Crédito y la Ley de Prácticas Justas en el Cobro de Deudas. La oficina busca compensación para los prestatarios perjudicados por las prácticas y prevenir cualquier daño futuro.

En respuesta, Navient calificó de “infundadas” las acusaciones de la agencia y cuestionó el momento de la demanda, señalando que sucedió tan sólo unos días antes de que finalizara el gobierno de Obama. “El momento de la realización de esta demanda, una acción presentada en la víspera de una nueva administración, refleja sus motivaciones políticas”, señaló la empresa a través de una declaración publicada en su página web.

La presentación del pleito llega en medio de un aluvión de nuevas reglas y regulaciones ocurridas en los últimos días del gobierno de Obama, y mientras la CFPB se encuentra bajo amenaza de los críticos del partido republicano, quienes se han quejado de que tiene demasiado poder y de que sus intentos de ayudar a los consumidores han restringido el acceso al crédito.

Algunos senadores republicanos incluso le han pedido al presidente Trump que retire a Cordray del cargo de director, acción que, de llevarse a cabo, probablemente establecería un enfrentamiento legal sobre el derecho de Trump para hacerlo.

Bajo el mando de Cordray, la oficina se centró en la educación, específicamente en las universidades con fines de lucro y las escuelas técnicas, las cuales han sido acusadas de alentar a los estudiantes a cargarse de préstamos estudiantiles y tergiversar las perspectivas de empleo de los graduados.

Corinthian Colleges, en Santa Ana, fue una de las instituciones demandadas por la agencia, que en 2014 la acusó de engañar a decenas de miles de estudiantes a través de un “plan de préstamos predatorios ilegales”. Poco después, la escuela cerró sus puertas.

Más recientemente, la CFPB puso su atención sobre los agentes de préstamos estudiantiles. En 2015, la agencia emitió un informe que documenta los problemas generalizados en la industria, incluyendo denuncias de prestatarios que sostienen que los agentes no divulgan la disponibilidad de las opciones de repago más baratas. En ese momento, la oficina afirmó que más de una cuarta parte de los estudiantes prestatarios del país ya estaban en mora o no pagaban.

Los defensores de los consumidores elogiaron a la agencia por sus acciones activas, incluyendo la demanda presentada contra Navient. “La acción de la CFPB en contra de Navient demuestra la importancia del tener un grupo controlador del consumidor fuerte e independiente a favor de los estudiantes y las familias trabajadoras”, aseveró Persis Yu, director del proyecto de asistencia a prestatarios de préstamos estudiantiles de National Consumer Law Center. “Hacemos un llamado al presidente Donald Trump para rechazar los pedidos de Wall Street para despedir al director de la CFPB, Rich Cordray, o para debilitar el grupo de defensa del consumidor”.

Entre los prestatarios que aseguran haber tenido problemas con Navient se encuentra Michele McKeever, de 46 años de edad y residente de Austin, Texas, a quien le quedan casi 190 mil dólares por pagar en sus préstamos estudiantiles. McKeever, quien asistió a dos programas de posgrado, sostuvo que en los últimos dos años Navient le ha impuesto pagos incrementados después de que el agente prestamista afirmara incorrectamente que ella no había presentado a tiempo su solicitud para un plan de pago reducido. “El primer año que sucedió pensé, bueno, tal vez no lo recibí a tiempo. Pero este año sé que lo hice”, aseguró.

McKeever también dijo que les envío un correo electrónico a los representantes de la empresa e intentó llamar a Navient, pero “me acaban de informar que no hay mucho que se pueda hacer al respecto”.

En su demanda, la oficina del consumidor argumentó que muchos otros prestatarios presentaron problemas al inscribirse en los programas para reducir los pagos y que Navient los había redirigido hacia planes que generaban más dinero para la compañía, pero cargaban a los prestatarios con mayores costos.

Específicamente, el organismo alegó que Navient mantuvo políticas de compensación que alentaban a los representantes de servicio al cliente a encaminar a los prestatarios a la indulgencia, lo cual permite que los prestatarios suspendan los pagos, pero no detiene los intereses devengados.

Sin embargo, en 2009 la mayoría de los prestatarios de préstamos estudiantiles federales ganaron el derecho a inscribirse en las opciones de pago menos costosas, basadas en sus ingresos. Aunque esos planes les ahorran dinero, la indulgencia resultaba más lucrativa para Navient.

En total, el agente de préstamos les cobró a los prestatarios cargos por interés adicional de hasta 4 mil millones de dólares al inscribirlos en planes repetidos de indulgencia desde enero de 2010 a marzo de 2015, según la oficina del consumidor.

“Muchos de ellos, si hubieran estado inscritos en un plan de pago definido por los ingresos, habrían evitado mucho o todos los cargos adicionales”, remarcó la agencia en su denuncia, señalando que durante tres años el gobierno habría tenido que pagar la cuenta de los intereses no pagados sobre los préstamos subsidiados.

Cuando los prestatarios se inscribían en los planes de pago definidos por los ingresos, Navient no proporcionaba suficiente información sobre los plazos de renovación. Ello causaba que los estudiantes perdieran la oportunidad de inscribirse, lo cual “generaba que sus pagos mensuales se incrementaran por cientos o incluso miles de dólares”, estimó la oficina en un comunicado de prensa.

En un correo electrónico, una portavoz de Navient aclaró que la empresa promueve activamente los programas de pagos definidos por los ingresos y “envía múltiples notificaciones y comunicaciones a los prestatarios para ayudarlos a reinscribirse a tiempo, cumpliendo o superando todos los requisitos federales”.

Navient presta servicios de préstamos federales y privados por valor de más de $300 mil millones de dólares a más de 12 millones de prestatarios, de acuerdo a la agencia.

La oficina también afirmó que Navient le informó a las agencias de registro de créditos que varios estadounidenses discapacitados, incluyendo veteranos, habían dejado de pagar sus préstamos, cuando en realidad éstos habían sido exonerados bajo un programa vigente para tales prestatarios.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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