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Demandan a la Corte Suprema de L.A. por suspender las licencias a los pobres

Una fila se extiende en torno al edificio de la corte de tránsito, en 2010.

Una fila se extiende en torno al edificio de la corte de tránsito, en 2010.

(Damian Dovarganes/Associated Press)

Abogados de derechos civiles presentaron una demanda este martes contra la Corte Suprema de Los Ángeles, a la cual acusan de suspender indebidamente el privilegio de conducir para decenas de miles de personas de bajos recursos que no pueden afrontar el pago de sus multas de tránsito.

La demanda sostiene que la corte provoca las suspensiones de las licencias por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) sin determinar si los automovilistas ignoran “intencionalmente” las multas o se encuentran en una situación económica complicada para hacer frente a las sanciones, a menudo exorbitantes. Las suspensiones desproporcionadas de los permisos de conducir perjudican notablemente a las personas de raza negra y latinos, alega la denuncia.

“Si estas personas son pobres y no cuentan con el dinero para pagar, por definición, no pueden ser consideradas como deudores ‘intencionales’”, afirmó Antionette Dozier, de la organización Western Center on Law and Poverty, una de las letradas del caso. “Sólo son pobres”.

El impacto de las multas de tránsito en las personas de bajos recursos comenzó a ser objeto de análisis luego de que el Departamento de Justicia, a raíz de los disparos de la policía a Michael Brown, emitiera un agudo informe que halló que en Ferguson, Missouri, las suspensiones de licencias y las luchas contra otras infracciones alimentaban la desigualdad racial.

Un estudio posterior realizado por defensores de los derechos civiles descubrió que a más de cuatro millones de californianos se les había suspendido la licencia por multas impagas desde 2006. Los índices más altos de suspensiones provenían de los barrios pobres, dominados por residentes negros y latinos, como Compton, Bell, Hawthorne y el este de Los Angeles, halló un reporte de seguimiento.

En el condado de Los Ángeles, los negros representan el 9,2% de la población, pero conforman el 33% de los detenidos por conducir con una licencia suspendida desde septiembre del año pasado, demuestra el informe. Sin licencia, las personas pobres a menudo no pueden hallar trabajo, concurrir a sus citas médicas u obtener beneficios públicos, sostienen los defensores.

Actualmente, la Legislatura considera un proyecto de ley propuesto por el senador estatal Bob Hertzberg (D-Van Nuys) para detener la suspensión automática de los privilegios de conducir por no pagar las multas de tránsito de menor importancia.

El costo de las multas de tránsito se disparó durante la crisis presupuestaria del estado debido a los cargos adicionales para pagar ciertos programas estatales. La demanda señala que las contravenciones que antes costaban $100 ahora valen $500, y $800 si se abona después del primer plazo de pago.

El pleito también alega que la demandante Gloria Mata Alvarado perdió su licencia por no poder pagar una multa de $712 por ajustarse su cinturón de seguridad mientras viajaba con su marido. Alvarado y su esposo son discapacitados y viven gracias a su jubilación y pagos fijos por invalidez, de $1514 por mes. Cuando la mujer informó a la corte acerca de su condición, el juez redujo la multa únicamente a $600, detalla la demanda.

El pleito fue presentado en la Corte Superior de Los Ángeles, pero podría ser trasladado a otra jurisdicción para evitar un conflicto, señalaron los abogados. En ella se pide a la corte llevar a cabo un análisis de impacto racial de sus políticas de suspensión de licencias y emisión de multas, e instituir nuevos procedimientos de notificación y audiencias para asegurar que las personas no pierdan su privilegio de conducir por no poder pagar.

También se presentan en la demanda la Escuela Gould de Leyes de USC; Hadsell Stormer & Renick; Rapkin & Associates; Schonbrun Seplow Harris & Hoffman y New Way of Life Reentry Project. Además, los abogados enviaron al DMV una carta solicitando el cese de la suspensión de licencias hasta que se garantice un debido proceso para las personas sin recursos.

Traducción: Valeria Agis.

Si desea leer este artículo en inglés, haga clic aquí


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