Datos personales: por qué las aseguradoras de salud buscan ‘clientes’ incluso entre los muertos

La muerte no ha impedido que Martin Siegel siga siendo un buen candidato para las compañías de seguros.

Siegel, quien falleció en 2002, hubiera cumplido 65 este año. Por tal motivo, recibió solicitudes de UnitedHealthcare, Kaiser Permanente y otras aseguradoras que tratan de incorporarlo a sus planes de Medicare Advantage. “Casi todas las compañías de seguro que uno pueda imaginarse lo han hecho”, afirmó Geri Siegel, su viuda. “Recibo su seguridad social a mi nombre, por lo tanto el gobierno sabe que él ha muerto hace 14 años”, señaló la residente de Encino. “¿Cómo puede ocurrir algo así?”.

La respuesta a esa duda se introduce en el turbio mundo de los “datos personales”, en el cual la información se compra, vende y comparte entre entidades públicas y privadas. Un ítem incorrecto puede tener un efecto cascada en el ciberespacio, creando numerosos archivos equivocados en, potencialmente, miles de bases de datos.

Los datos erróneos son responsables por la mala puntuación de un crédito de una víctima, aun después de numerosos intentos por hacer frente a las consecuencias del robo de identidad. Son la forma en que el correo basura puede seguir llegando incluso mucho después de que el consumidor ha marcado su preferencia por no recibir ofertas. Son los motivos por los que los vendedores pueden seguir intentando dar con una persona fallecida.

“Las bases de datos están lejos de ser perfectas”, aseguró Peter Swire, profesor de derecho y ética en Georgia Tech’s Scheller College of Business y exconsejero jefe de privacidad en la Oficina de Administración y Presupuesto de los EE.UU. “En mi casa, sigo recibiendo cantidades de correo para los previos residentes. Así es el sistema de comercialización en nuestro país”.

La semana pasada escribí acerca de cómo los datos masivos están planteando cuestiones de privacidad en el campo de la salud y de la probabilidad de crear una base de datos nacional del ADN de las personas. Estos son temas serios.

Pero incluso molestias relativamente menores, tales como esos catálogos no deseados que llenan su buzón, pueden reflejar la penetración de los datos y la impotencia que sobreviene cuando uno debe enfrentarse a sistemas automatizados. “Hay una gran cantidad de información inexacta, y puede ser muy difícil detectar de dónde una compañía la obtuvo”, señaló Joel Reidenberg, profesor de derecho e director del Fordham University’s Center on Law and Information Policy.

El el caso de Siegel, tanto la Administración de la Seguridad Social como los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid afirmaron que no entregan información de los beneficiarios a los vendedores.

Por ello, pregunté a varias aseguradoras cómo un hombre que falleció hace 14 años aún sigue en sus listas de correo. Nadie quiso brindar detalles.

Taylor Joseph, vocero de UnitedHealthcare, afirmó solamente que “nuestra información es compilada de diversas fuentes accesibles al público”. Sandra Hernández-Millett, vocera de Kaiser Permanente, sostuvo que “utilizamos una variedad de fuentes disponibles al público para comprar datos de consumidores, que adquirimos tanto a través de vendedores como de propietarios de esos listados”.

Y aquí es donde el tema se pone frustrante para los consumidores. ¿Quiénes son estos vendedores y propietarios? Los últimos son dueños de listados en todo tipo de empresas, particularmente aquellas que se basan en membresías o suscripciones, tales como publicaciones y empresas de telecomunicaciones. Sí, eso incluiría a Los Angeles Times y a casi cualquier otro periódico y revista.

La venta de listas de clientes y abonados es una manera para las empresas de ganar dinero extra. Esto sucede hace décadas.

Los vendedores o corredores de listados son compañías que compran y venden listas de información de consumidores. Operan principalmente en las sombras y por ello es tan difícil para los consumidores corregir los datos erróneos. Rastrear la fuente de un error es prácticamente imposible.

En 2003, California aprobó una ley que exige a las empresas revelar cuando venden información de sus clientes. Sin embargo, no requiere que informen dónde compran sus datos.

Realicé una búsqueda en Google de “gente que cumple 65 años”, que es presuntamente cómo las aseguradoras hallaron a Martin Siegler. La consulta regresó con más de 7 millones de resultados, y las primeras dos páginas al menos eran principalmente corredores de listas.

Allí estaba InfoUSA, que se jacta de que sus listas “son una opción ideal para cualquier negocio que intente dirigirse a individuos a punto de jubilarse o a aquellos que necesitan complementar Medicare”. También aparecía Dataman Group, que señalaba a las personas en sus listados como “grandes candidatos para pólizas suplementarias de Medicare y otros productos de seguros, a quienes se accede mejor a través del correo electrónico”.

Cada aseguradora con la cual me comuniqué expresó su pesar por la dolorosa experiencia de Geri Siegler. Y cada una aseguró que retiraría el nombre de su esposo de la lista. Pero eso no resuelve el problema. Sin saber cómo las listas se generan o de dónde provienen, Martin Siegel vive en el purgatorio del marketing. Su nombre y su dirección están aún en venta.

“Los consumidores deberían poder averiguar esto”, señaló Beth Givens, directora ejecutiva de Privacy Rights Clearinghouse, en San Diego. “Pero no hay manera de seguir las migas de pan”. La especialista afirmó que los consumidores quedan atrapados en la mecánica de llamar individualmente a las empresas para ser retirados de sus listas de correo, pero que hay otros pasos que pueden darse para lograr mejores resultados.

Para dejar de recibir ofertas de tarjetas de crédito no deseadas se puede ingresar a OptOutPrescreen.com. El sitio es administrado por las principales compañías de informes de crédito y permite al usuario salir de las bases de datos durante cinco años. Para optar por ello es necesario enviar un formulario firmado.

Otro sitio, llamado DMAchoice.org y manejado por la Asociación del Marketing Directo, permite poner un alto a las ofertas de tarjetas de crédito, catálogos, anuncios publicitarios de revistas por suscripción y otros, de casi 3,600 compañías que pertenecen a la agrupación.

Y no hay que olvidar la lista ‘no llame’ del gobierno federal, que intenta mantener a raya a los vendedores telefónicos. Las empresas acreditadas normalmente respetarán la preferencia del usuario. Las menos reputadas seguramente no.

Traducción: Valeria Agis

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