Con salarios de hambre los inmigrantes mantienen los centros de detención familiar

En septiembre, Delmi Cruz huyó de Honduras junto con su hijo Alexis, de 11 años de edad, cruzando ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos y terminando en un centro de detención familiar en una parte rural de Texas.

“Trabajé inmediatamente”, dijo Cruz. “Para poder tener algo que comer, para comprarle dulces a mi hijo”.

Cruz, de 36 años, limpió baños, pasillos y otras áreas del centro de detención contratado por el gobierno por $3 dólares al día. En la cooperativa, una bolsa de papitas fritas cuesta $4 y el agua embotellada cuesta $2. La instalación de Karnes City está dirigida por el Geo Group, la segunda empresa privada de prisiones más grande del país.

“Fue voluntario”, dijo Cruz respecto a su trabajo ahí, pero “no fue justo”.

Cruz engloba los sentimientos de los críticos que cuestionan la forma en cómo son utilizados los detenidos para mantener funcionando a los centros de detención. Los defensores de los inmigrantes dicen que los detenidos son mal pagados y han sido retirados de sus trabajos como castigo. Unas demandas presentadas en Colorado y Massachusetts afirman que el programa de trabajo no es voluntario en absoluto.

A los migrantes que se encuentran en los centros de detención familiar y en otros tipos de centros se les paga de $1 a $3 dólares por día a través del programa de trabajo voluntario para detenidos. Limpian, cocinan, lavan, realizan trabajos de jardinería y otros trabajos.

“Es irónico -- es ilegal que trabajen, pero en cierta forma están trabajando para el servicio de inmigración”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo de estudios conservador en Washington.

“Puede ser un elemento útil para manejar a las personas que se encuentran en detención”, agregó Krikorian. “No tengo ningún problema con ello, en principio. La pregunta es: ¿Es dirigido correctamente?”

Los contratos gubernamentales no solo toleran que trabajen los detenidos, sino que lucran de ello, dijeron los expertos, aprovechándose de un vacío jurídico que ha impulsado demandas de acción colectiva por parte de los inmigrantes y los defensores.

“Tenemos un nombre para el encerrar a las personas y obligarlas a realizar trabajo verdadero sin salarios. Se llama esclavitud”, dijo Carl Takei, un abogado de planta con el Proyecto Nacional de Prisiones del ACLU quien recientemente visitó el centro de detención familiar en Dilley, Texas.

En 1950, el Congreso aprobó una ley que permite la tarifa de pago de un dólar por día para el trabajo voluntario en los centros de detención de inmigrantes. Cuando los legisladores revisaron por última vez la tarifa en 1979, eligieron no aumentarla, y en 1990 un tribunal de apelación mantuvo la tarifa, concluyendo que “los detenidos extranjeros no son ‘empleados’ del gobierno”, dijo Takei.

Mientras que los reclusos pueden verse obligados a trabajar en las cárceles de la nación, dijo Takei, hay una diferencia legal entre los reclusos y los detenidos. “La diferencia clave es que la detención del ICE no se supone que debe ser un castigo”, dijo.

Además de las tres instalaciones familiares, hay más de otras 80 instalaciones en donde ICE aloja a los inmigrantes en todo el país, incluyendo algunas dirigidas por las agencias locales de aplicación de la ley. ICE está financiado el alojamiento de 34,000 inmigrantes diariamente. De esos inmigrantes, decenas de miles están trabajando anualmente en base a los contratos del ICE, de acuerdo a Jacqueline Stevens, una profesora de ciencias políticas y directora de la Clínica de Investigación de Deportación de la Universidad Northwestern.

Las autoridades federales dicen que el trabajo incrementa la moral y la disciplina y reduce los gastos en un sistema de detención que cuesta aproximadamente $2 mil millones de dólares al año.

“El programa les permite a los detenidos sentirse productivos y contribuir a la operación de los centros de detención”, dijo Gillian Christensen, una portavoz de ICE.

Los detenidos no pueden trabajar más de 40 horas a la semana y ocho horas al día y están limitados a las actividades que contribuyen directamente a la operación de la instalación. Generalmente hay más voluntarios que trabajos, dijo.

Los contratos del Departamento de Seguridad Nacional realizados con aquellas personas que dirigen los centros incluyen los cálculos de qué tanto trabajo voluntario los detenidos proporcionarán, dijo Andrew Free, un abogado de inmigración de Nashville que ha realizado trabajo de voluntario en el centro de detención de Dilley.

Denise Gilman, directora de la clínica de ley de inmigratoria en la Universidad de Texas en Austin, dijo que el programa de trabajo “no es un servicio para las mujeres. Es parte de su modelo lucrativo”.

A los detenidos se les cobra de dos a siete veces más por la mayoría de los productos que hay en las tiendas de los centros de detención de lo que pagarían en un Wal-Mart local, de acuerdo a un estudio realizado por Nancy Hiemstra, una profesora adjunta de estudios de migración en la Unversidad Stony Brook.

En las demandas de acción colectivas que fueron presentadas durante el año pasado en Colorado y Massachusetts, los inmigrantes alegan que el programa de trabajo no es voluntario, en algunos casos no se recibe pago, y viola las leyes de salario mínimo del estado.

Free y otros abogados para nueve inmigrantes detenidos en una instalación de 1,500 camas localizada en Aurora, Colorado, demandaron al Geo Group en el mes de octubre, alegando que fueron amenazados con castigo por no participar en el programa de trabajo, incluyendo el aislamiento solitario. Un juez encontró que podían proceder con los reclamos que afirmaban que la compañía se enriqueció injustamente y violó una ley federal que prohíbe el trabajo forzado de las víctimas de tráfico humano.

Pablo Páez, un portavoz del Geo Group, dijo que la compañía “rechaza firmemente” las acusaciones de la demanda, añadiendo en un comunicado que los centros de detención de la compañía “proporcionan servicios de alta calidad en entornos residenciales seguros, estables y humanos”.

“El programa de trabajo voluntario en los centros de inmigración, así como los salarios y las normas asociadas con el programa son establecidas por el gobierno federal”, dijo Páez.

Dijo que las instalaciones de la compañía contratadas por el ICE son verificadas e inspeccionadas por la agencia de forma “rutinaria y sin previo aviso”, y son acreditadas por la Asociación de Correccionales Estadounidenses, recibiendo un puntaje promedio superior al 99%.

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