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Apenas tome poder, Trump comenzará a trabajar para reducir la inmigración indocumentada

Trump podría aumentar fácilmente las deportaciones en más del 75% durante su primer año en el cargo, concediendo más autoridad a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, según el secretario del estado de Kansas, Kris Kobach.

Los asesores están claramente despejando el camino para que el presidente electo, Donald Trump, dé los primeros pasos hacia la transformación del sistema de inmigración apenas asuma el cargo, este viernes, cumpliendo así con una importante promesa de campaña mientras se profundizan los temores de los defensores de la inmigración acerca del porvenir.

Las protecciones temporales de los últimos años de Obama para quienes viven en el país de forma ilegal ya son parte del pasado. En su lugar, es posible que las noticias nocturnas muestren imágenes de redadas en los lugares de trabajo, mientras Trump envía el mensaje de que no perderá un segundo en su ajuste de riendas.

Además de las incursiones de alto perfil, Trump podría también ampliar la gama de personas señaladas para la deportación, centrándose en aquellos con condenas penales, y también reducir de inmediato el número de refugiados permitidos en los EE.UU., según entrevistas realizadas con defensores y personas familiarizadas con sus planes. Sumado a ello, podría limitar quién puede ingresar al país, como medida de seguridad, cumpliendo con su cometido de detener a los inmigrantes “de cualquier nación que hayan estado involucrados con el terrorismo”.

“Necesitamos controlar nuestras fronteras y sistema de inmigración, y podemos hacerlo de forma inteligente y metódica, que asegure que la prioridad es ante todo la gente que intenta hacernos daño o aquellos que son un peligro para la comunidad”, aseguró Sean Spicer, vocero de Trump, este miércoles.

Otros cambios se desarrollarían más lentamente, pero serán diseñados para que sus efectos posean un largo alcance. Se espera que se deporte a quienes hayan cometido delitos menores, junto con cerca de 800,000 personas que ya poseen orden de remoción pero aún se encuentran en el país.

Más agentes de inmigración serán enviados a cárceles locales para buscar infractores y menos gente será elegible para solicitar asilo en el país bajo la definición del “miedo creíble”.

En conjunto, las acciones podrían resultar en un cambio significativo en la aplicación de la ley de inmigración, lo cual podría crear un efecto de propagación que altere la inmigración y la vida de los 11 millones de personas que se encuentran en el país ilegalmente. A diferencia de algunos de sus otros planes importantes, como reemplazar el programa Obamacare, Trump puede actuar sobre la inmigración sin el Congreso bajo la amplia autoridad del primer mandatario para controlar las fronteras.

“Nos moveremos con mucha rapidez en temas de frontera”, aseguró el vicepresidente electo, Mike Pence, a NBC News este miércoles. Además, resaltó que Trump podría usar su poder ejecutivo para comenzar a concretar su mayor promesa de campaña: la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.

El próximo año, el presupuesto de Seguridad Nacional incluye cerca de $175 millones destinados a mejorar los edificios de la Patrulla Fronteriza y el agregado de nuevos equipos, que junto con otros fondos podrían desviarse rápidamente para iniciar la construcción de una pared, mientras el Congreso considera propuestas para aumentar el financiamiento.

El equipo de transición de Trump ha planeado “unas semanas muy robustas” de acciones ejecutivas sobre la inmigración, la política energética, el delito y la lucha contra el terrorismo, señaló Spicer a los periodistas este miércoles. También remarcó que el nuevo presidente firmará “cuatro o cinco” decretos ejecutivos dentro de las primeras horas en el cargo, el viernes, y planea otras acciones el lunes.

Con una firma, Trump podría también poner fin al movimiento de Obama para proteger de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños. Bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más de 740,000 personas se sometieron a una verificación de antecedentes y recibieron permisos de trabajo por dos años. De ser cancelado el programa, dichos permisos podrían expirar durante los dos primeros años de Trump en la Casa Blanca.

Obama prometió luchar contra cualquier iniciativa del gobierno entrante para rastrear y deportar a aquellos que solicitaron protección mediante el programa. El presidente señaló el miércoles, durante su última conferencia de prensa, que planea mantener un perfil bajo al dejar el cargo, pero que se expresará si ve pruebas “de iniciativas para perjudicar a los niños que han crecido aquí y que son, para todos los efectos, niños estadounidenses”.

Trump ya ha insinuado que trabajará con el Congreso liderado por republicanos para renovar el sistema de visas de trabajo, reducir el flujo de inmigración legal y revivir una propuesta -antes llamada Dream Act- que daría algún estatus legal a los inmigrantes traídos ilegalmente al país en la infancia.

En una entrevista concedida este miércoles a Fox News, Trump afirmó que “trabajará en un plan” durante los próximos meses que podría ayudar a algunas personas a quedarse en el país. “Es un plan que será firme, pero tendrá mucha consideración”, aseveró. “Habrá mucha buena gente que vendrá al país, gente que ama a nuestro país”.

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes esperan que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas allanen sitios de trabajo para detener a personas indocumentadas, y se preparan para aconsejar a aquellos menores que verán a sus progenitores deportados o trasladados a un centro de detención. “Trump y su equipo han demonizado a los inmigrantes desde el primer día en su campaña, y esperamos lo peor”, afirmó Frank Sharry, líder de America’s Voice, un grupo de defensa de inmigración.

En una encuesta de Gallup realizada este mes, el 41% de los estadounidenses se mostraban satisfechos con el nivel actual de la inmigración, un porcentaje más alto que en cualquier momento desde que la consultora comenzó a sondear el tema, en 2001. En medio del polémico debate del último año sobre la cuestión, el porcentaje de personas que quieren un índice de inmigración menor cayó al 36%. Son parte de la mayoría (un 53%) que está insatisfecha con el tema, aunque algunos en ese grupo quisieran ver más inmigración o que los niveles permanezcan estables.

El gobierno de Obama limitó las deportaciones a los recién llegados, los infractores reincidentes y las personas con múltiples condenas penales. Si Trump elimina esas restricciones, muchas de ellas consagradas en un memorandum de noviembre de 2014 de Jeh Johnson, secretario saliente de Seguridad Nacional, los agentes de inmigración tendrán libertad para deportar a más personas. Ellos podrían impulsar rápidamente las remociones en un 75%, hasta niveles alcanzados por última vez en 2012, al final del primer mandato de Obama, cuando hubo más de 400,000 deportados. El año pasado, el gobierno de Obama deportó a 235,000 individuos.

Gran parte de la tarea de desmantelar las protecciones migratorias de Obama y aumentar las deportaciones recaerá en el elegido por Trump para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, el general retirado John F. Kelly, quien supervisó las operaciones antidrogas en Centroamérica hasta comienzos del año pasado. Se espera que su designación sea ratificada este viernes.

“Una de las cuestiones eficaces sería que el General Kelly diera a los agentes de Patrulla Fronteriza y de ICE la autorización clara para hacer cumplir la ley”, afirmó Rosemary Jenks, vicepresidente y directora de relaciones gubernamentales de NumbersUSA, un grupo que aboga por la reducción de los niveles de inmigración. “Creo que es un mensaje importante, que debe salir tan pronto como se confirme al General Kelly, porque han esperado largos ocho años para conseguir esa orden”.

Construir una “pared grande y hermosa” -tal como la definió Trump- en toda la frontera de los EE.UU. con México, también caería bajo la responsabilidad de Kelly. El nuevo presidente a menudo mencionó el tema en sus mitines de campaña, señalando que obligaría a México a pagar por el muro.

Una propuesta de sus asesores sería la de imponer impuestos en parte de las remesas que todos los años los trabajadores mexicanos en los EE.UU. envían a su país de origen, unos $25 mil millones. A esa idea se opondrían, presumiblemente, las empresas de servicios financieros que facilitan las transferencias de dinero.

Trump sorprendió a algunos legisladores republicanos este mes al decir que pedirá al Congreso que enfrente el costo -estimado entre $12 mil millones y $38 mil millones de dólares- del muro, antes de exigir el reembolso de México. Más tarde sostuvo que no había alterado sus planes de campaña, sino simplemente intentaba avanzar más rápido de lo que el proceso de asignaciones permitiría. “Los medios de comunicación deshonestos no informan que cualquier dinero gastado en construir el ‘Gran Muro’ -por razones de velocidad- serán reembolsados más tarde por México”, tuiteó Trump.

Las autoridades mexicanas han asegurado que se negarán a cooperar.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí


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