Analisis: ¿El presidente está cumpliendo las leyes de deportación o las está cambiándo?
Cuando el presidente Obama dio a conocer su plan para ayudar a casi 5 millones de inmigrantes a “salir de las sombras”, la Casa Blanca insistió en que no están reescribiendo la ley, simplemente estaban ejerciendo su “discrecionalidad” para decidir quién debe ser deportado primero.
Esta semana ese argumento se descarriló en el 5 º Tribunal del circuito de apelaciones, cuando los jueces conservadores tomaron partido con Texas y confirmaron una orden de bloquear el plan de Obama, impidiéndole tomar efecto.
A pesar de las protestas de los abogados del presidente, los jueces retrataron la última acción ejecutiva de Obama sobre inmigración como un gran cambio en la ley, una que no está aprobada por el Congreso.
“Ampliaría la presencia legal a millones de extranjeros ilegales de forma colectiva”, dijo el juez Jerry Smith y “afirmativamente les confiere” una “multitud de beneficios federales y estatales” incluso, dijo él, una pensión de Seguridad Social y cobertura de gastos hospitalarios por Medicare.
La decisión prepara el escenario para otra batalla altamente partidista en la Suprema Corte, con Texas y 25 estados parciales a los republicanos por un lado y Obama y los estados demócratas, incluyendo a California, por el otro.
Los abogados del presidente pueden enfrentar una lucha cuesta arriba en el Tribunal superior, donde algunos magistrados han manifestado su escepticismo sobre el audaz uso de Obama del poder ejecutivo. Dos veces, el tribunal superior ha mantenido la ley sanitaria de Obama contra los desafíos conservadores, pero en esos casos, el magistrado John G. Roberts Jr. emitió un voto clave para preservar una ley liberal que había ganado la aprobación en el Congreso.
En el área de inmigración, por el contrario, Obama no tiene ninguna nueva ley que defender. Una medida bipartidista de reforma murió cuando los republicanos de la Casa de Representantes se negaron a tomar un proyecto de ley del Senado que había ganado el paso en una votación de 68-32. Sólo entonces un frustrado Obama anunció su acción ejecutiva para “ayudar a que nuestro sistema de inmigración sea más justa y equitativo”.
Avanzando, la pregunta clave será: ¿El presidente está haciendo cumplir las leyes de inmigración o cambiándolas?
En declaraciones públicas y escritos legales, los asistentes de Obama describen sus iniciativas de inmigración como limitadas y temporales. A nadie se le ofrece “derechos” o un “camino a la ciudadanía”. Se habla de determinaciones “caso por caso” que implican a personas, no a cambios que afectan a categorías enteras de personas. Describen su política con la frase “acción diferida”, un término utilizado en ley de inmigración en el sentido de que el Gobierno ha decidido posponer la deportación de alguien que podría ser enviado a casa.
En 2012, el Departamento de seguridad nacional anunció una Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción diferida para los llegados siendo infantes) o DACA para ofrecer un estatus legal temporal a aproximadamente 1,2 millones de personas que fueron traídos a este país ilegalmente cuando eran niños. Esta política no enfrentó un fuerte desafío en la corte, en parte porque estos inmigrantes no pueden ser acusados de violar deliberadamente la ley cuando cruzaron la frontera.
Pero el año pasado, cuando el presidente y el secretario de Homeland Security, Jeh Johnson anunciaron una más grande Deferred Action for Parents of Americans (Acción diferida para los padres de americanos) o DAPA, los abogados representantes de Texas y de otros 25 estados presentaron una demanda para bloquear el plan. El plan del presidente también incluía una extensión de DACA que podría beneficiar a varios miles de inmigrantes adicionales.
Los expertos en derecho de inmigración sabían que la administración estaba patinando muy cerca del borde cuando anunció cambios que pueden afectar a tantos como 5 millones de inmigrantes que vivían ilegalmente en Estados Unidos. Por un lado, dijeron que la ley siempre había dado al poder ejecutivo la facultad de decidir a quién deportar y para establecer prioridades, como por ejemplo enfocarse en las personas con antecedentes penales.
Pero como lo vio el juez Smith, la orden DAPA fue mucho más allá de eso al decir que el gobierno no buscaría deportar a los inmigrantes que habían vivido durante muchos años en los Estados Unidos con sus hijos americanos. Esa política “afirmativamente conferiría una ‘presencia legal’ y los beneficios asociados a una clase de extranjeros presentes ilegalmente” que en números representaría a alrededor de 4,3 millones, dijo. A su opinión se aunó la juez Jennifer Walker Elrod. Ambos eran de nombramiento republicano.
La juez Carolyn D. King, de nombramiento democrático, disintió y describió la nueva política de una manera muy diferente. “DAPA es simplemente una declaración general de la política”, dijo. No garantiza nada a nadie, dijo.
Se espera que el procurador general, Donald Verrilli Jr., abogado del tribunal superior de Obama, presente una apelación ante la Suprema corte pronto e inste a los jueces a pronunciarse sobre el caso para el próximo mes de junio.
A principios de este año, los abogados de Obama esperaban que el caso de Texas fuera expulsado con el argumento de que el estado no había sufrido ninguna lesión y por lo tanto no tenía base para demandar. Pero el juez de distrito de Estados Unidos, Andrew Hanen, en Brownsville dijo que el Estado podía ser obligado a pagar cientos de miles de dólares para ayudar a pagar el costo de licencias de conducir para casi un medio millón de inmigrantes en Texas, y que esa era una lesión suficiente. Entonces emitió una orden nacional para bloquear el plan de Obama e impedirle entrar en efecto, un uso agresivo de su poder judicial.
El panel del 5to. Circuito confirmó su decisión esta semana, y lo hizo apoyándose en un precedente liberal de un caso ambiental.
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