Agentes federales allanaron escuelas charter de Los Ángeles
Agentes federales irrumpieron en las oficinas de una red de escuelas charter de Los Ángeles como parte de una investigación sobre acusaciones de fraude y mala gestión fiscal.
La organización, Celerity Educational Group, inauguró su primera escuela en Los Ángeles hace más de una década, sin embargo, recientemente captó la atención del inspector general del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y la oficina del fiscal de los EE.UU. en Los Ángeles.
Actualmente, la organización administra siete escuelas en el sur de California y tiene vínculos con cuatro más en Louisiana, todas las cuales son financiadas públicamente pero operadas de forma privada y están exentas de muchas de las normas que rigen a las escuelas tradicionales.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron su participación en la redada a la sede de la organización charter, tal como lo hizo una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles.
El inspector general del Departamento de Educación de los Estados Unidos también está involucrado en el procedimiento, según expresaron altas fuentes policiales, que pidieron permanecer en el anonimato porque no cuentan con autorización para hablar de la investigación.
Thom Mrozek, portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Los Ángeles, se negó a discutir la naturaleza de la investigación, pero afirmó que se habían presentado órdenes de cateo y que no se harían públicas.
Los funcionarios del LAUSD confirmaron que habían sido alertados de que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles supervisaría la orden de una requisa en las oficinas de Celerity. “No sé en qué información se basa la fiscalía de los Estados Unidos, pero el inspector general del distrito ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y continua sobre esta cuestión, y creo que una parte de esos trabajos condujo a esto”, afirmó David Holmquist, consejero general del LAUSD. Holmquist agregó que, según tiene entendido, el objetivo de la investigación no son las escuelas de Celerity, sino la organización que las administra, así como las empresas que tienen relaciones con el grupo charter.
Un empleado de la organización charter, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, describió la escena que se desarrolló en la mañana del miércoles como “salida de una película”. Los agentes federales irrumpieron en las oficinas, confiscaron ordenadores portátiles y copiaron información de las computadoras, precisó el empleado.
La fundadora de Celerity, Vielka McFarlane, no pudo ser contactada. En su lugar, Stefan Friedman, vocero de la organización, declaró: “Celerity ha sido informada de esta investigación y espera poder abordar de manera cooperativa cualquier inquietud planteada por las autoridades”.
Las primeras señales de que Celerity y sus escuelas de Los Ángeles podrían tener problemas llegaron en 2015. La organización había pedido al LAUSD que le permitiera abrir dos charter nuevas, un proceso de solicitud que ya había atravesado con éxito en varias ocasiones. Pero esta vez, la junta escolar del LAUSD le negó el permiso.
Los funcionarios del distrito escolar plantearon nuevas preocupaciones sobre las finanzas y la compleja estructura de mando de la institución.
En su informe final, en el cual aconsejaron a los miembros de la Junta rechazar la petición del grupo, acusaron a los dirigentes de Celerity de prácticas fiscales poco ortodoxas, tales como tomar dinero de una escuela para pagar las cuentas de otra, utilizar fondos para costear gastos no relacionados con la escuela y mezclar las finanzas de la organización con las de entidades jurídicas independientes.
Los dirigentes de Celerity negaron haber cometido cualquier acto indebido. En última instancia, la Junta de Educación del estado votó para permitir que abrieran las nuevas escuelas.
Mientras todo esto se desarrollaba en primer plano, el inspector general del LAUSD inició una investigación sobre Celerity y McFarlane. La batalla entre la organización y el LAUSD continuó. En octubre pasado, Celerity le pidió a la Junta Escolar que renovara dos de sus charter -Celerity Dyad, en el sur de Los Ángeles, y Celerity Troika, en Eagle Rock- por otro período de cinco años.
Las renovaciones por lo general se aprueban con gran rapidez a través del proceso de revisión del LAUSD, pero éste no fue el caso. Aun cuando los funcionarios del distrito dijeron que el desempeño académico de las escuelas había cumplido sus estándares, reiteraron sus preocupaciones por la gestión fiscal y los posibles conflictos de interés de la organización.
También plantearon preocupaciones específicas sobre Celerity Global Development, una entidad más reciente dirigida por McFarlane que tiene importante influencia financiera y operativa sobre Celerity Educational Group.
Celerity Global Development fue creado para poder elegir y retirar a los miembros del consejo de Celerity Educational Group, fusionar el grupo educativo con otras entidades o disolverlo totalmente. El grupo ha transferido más de $2 millones de dólares a Celerity Global, de acuerdo con los documentos citados por el LAUSD. El distrito argumentó un patrón similar con una tercera entidad, Celerity Development.
En varios momentos, McFarlane ha ocupado posiciones y realizado transacciones financieras entre las tres subsidiarias de Celerity, como presidenta, directora ejecutiva o ambas, según los funcionarios del distrito escolar.
Finalmente, la Junta votó 6 a 0 para no renovar las dos escuelas de Celerity. Uno de sus miembros, Ref Rodríguez, quien representa el área donde se encuentran las charter, se abstuvo de votar. Al igual que otros miembros, Rodríguez, quien fundó un grupo de charter antes de incorporarse a la Junta, tuvo conocimiento de información confidencial descubierta en la investigación. Tampoco fue posible encontrar a Rodríguez este miércoles para obtener su comentario.
Los dirigentes de Celerity apelaron ante el estado, el cual todavía debe decidir si mantiene abiertas las escuelas.
La incautación de registros no necesariamente anuncia una resolución rápida. En diciembre de 2014, el FBI confiscó archivos del distrito escolar relacionados con su proyecto de iPad de $1.3 millones de dólares, pero ningún cargo se presentó en relación con esa investigación.
Traducción: Diana Cervantes
