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La red de escuelas charter de Celerity, inundada de gastos cuestionables y conflictos de interés

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Según su propio relato, Vielka McFarlane es una inmigrante exitosa. Escapó a una infancia de pobreza en Panamá, llegó a Los Ángeles y fundó una red sin fines de lucro de escuelas charter financiadas con fondos públicos denominada Celerity Educational Group.

En 2013, ganó $471,842, aproximadamente un 35% más de lo que Michelle King, la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), percibe hoy en día.

McFarlane estaba prosperando, y se notaba. Vestía trajes Armani, comía en restaurantes caros y utilizaba un servicio de automóviles de lujo.

Los registros financieros obtenidos por LA Times muestran que, como directora ejecutiva de Celerity, pagaba por muchos de estos gastos con una tarjeta de crédito vinculada a sus charter, las cuales reciben del estado la mayor parte de su financiación.

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No se pudo determinar si McFarlane, de 54 años de edad, en algún momento reembolsó a las escuelas por sus compras con tarjeta de crédito. Ni ella ni un abogado contratado por Celerity respondieron a las solicitudes de comentarios acerca de las transacciones.

En un momento en que los defensores de las charter están decididos a aumentar el número de éstas en Los Ángeles, la historia de McFarlane y las escuelas Celerity ofrecen un ejemplo de la creciente dificultad para regularlas. La tarea de detectar y erradicar las prácticas financieras arriesgadas dependen en gran parte de la división de escuelas charter del distrito escolar, la cual emplea alrededor de una docena de personas dedicadas al monitoreo de la salud fiscal de estas instituciones.

Pero mientras el número de charter de Los ángeles ha crecido a más de 220, que cuentan con unos 111,000 estudiantes, la supervisión se ha convertido en un desafío para los funcionarios del distrito, quienes son a la vez competidores y reguladores.

En 2012, la división de escuelas charter del LAUSD realizó una solicitud rutinaria para obtener los registros financieros de Celerity Educational Group. Cuando llegaron los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la red, ese otoño, muchas de las transacciones habían sido tachadas con un marcador. Una página era prácticamente negra.

El personal del distrito escolar se alarmó aún más cuando recibió los registros completos, los cuales demostraban que McFarlane había pagado por comidas lujosas y viajes fuera del estado con la tarjeta de crédito de la organización sin fines de lucro.

En un mes de 2013 se gastaron $914 en el Arroyo Chop House en Pasadena, $425 en The Lobster, un restaurante de mariscos en Santa Mónica, y $355 en Paiche, un restaurante peruano ahora clausurado en Marina del Rey.

Desde la llegada del estado de cuentas de la tarjeta hasta 2015, cuando se le negó a Celerity abrir dos escuelas nuevas, el LAUSD adoptó un enfoque mucho más cuidadoso hacia las prácticas poco ortodoxas del grupo. Envió avisos instando a la organización a establecer controles financieros más estrictos, pero continuó renovando el permiso de las escuelas cuando se presentaban ante la Junta Escolar.

Los funcionarios del LAUSD remitieron las transacciones de tarjeta de crédito de Celerity al inspector general del distrito, quien finalmente inició una investigación sobre las finanzas del grupo. Luego, a finales de enero, agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y otros organismos allanaron las oficinas de Celerity, así como la sede de una organización sin fines de lucro relacionada, Celerity Global Development, y la casa de McFarlane. El enfoque de la investigación federal no está claro, y la inspección del distrito está en curso.

Cuando LA Times le envió a Celerity una lista de preguntas sobre sus gastos, el grupo respondió que le costaba dar detalles porque muchos de sus equipos de cómputo y registros habían sido incautados en el operativo federal. Por otra parte, al preguntar si alguien había exigido que McFarlane devolviera el dinero a sus escuelas, una portavoz del distrito se negó a realizar un comentario.

Mientras que el distrito investigaba, Celerity se amplió a nivel nacional y se expandió en Ohio, Florida y Luisiana, donde opera cuatro escuelas además de las siete que dirige en el sur de California. McFarlane lanzó Celerity Global Development, la empresa matriz de las escuelas en su imperio creciente y comenzó a promocionarse a sí misma como asesora para otros líderes de escuelas charter.

En 2015, McFarlane se convirtió en directora general de Celerity Global, una organización que recibió millones de dólares en comisiones de gestión de sus instituciones educativas. Pero Global no sólo apoyaba a las escuelas; tenía el poder de controlar a Celerity Educational y podía nombrar y retirar a los miembros del consejo de la red de escuelas. También funcionaba como un escudo. En documentos que establecen las conclusiones, los funcionarios del LAUSD en varias ocasiones se quejaron de que McFarlane y su equipo rechazaban las peticiones de información por parte del distrito y actuaban de manera “pensada para reducir o eliminar la transparencia”. En respuesta, Celerity sostuvo que siempre había respondido a las preguntas “razonables” del distrito.

Para el momento en que los funcionarios de educación del condado y el distrito comenzaron a preocuparse de que Celerity pudiera esconder información clave, las múltiples capas de burocracia de la organización habían ocultado las actividades de McFarlane.

Los registros obtenidos por The Times ofrecen cierta información sobre por qué la red llamó la atención federal; demuestran años de gastos cuestionables y posibles conflictos de interés durante un período de tiempo cuando antiguos profesores dijeron que las escuelas carecían de suministros básicos y a menudo se apoyaban en los estudiantes para recaudar fondos.

El uso de la tarjeta de crédito por parte de McFarlane fue enorme. En 2013 realizó compras en Nordstrom y frecuentaba un salón de belleza en Los Ángeles. Le cargó a Celerity más de $2,400 por dos estadías separadas en Solé on the Ocean, un hotel en Sunny Isles Beach, Florida, justo al norte de Miami Beach.

Ese otoño gastó casi $800 en Blacklane, un competidor de Uber que cuenta con una red de choferes con licencia con vehículos de alta gama.

Varios antiguos profesores de Celerity entrevistados señalaron que vieron a McFarlane llegar a sus escuelas en una limusina con chofer. Para Lisa Cordero, quien durante cuatro años dio clases en Celerity Dyad Charter School, en el sur de Los Ángeles, la limosina se convirtió en un símbolo preocupante. “Yo debí haber sabido que algo estaba mal durante ese primer año, cuando Vielka dijo en una de nuestras reuniones ‘la educación es un negocio’”, afirmó Cordero. “Y todos los profesores quedamos sorprendidos”.

Mientras Celerity Educational Group se expandía, la financiación basada en la inscripción crecía constantemente, al igual que el salario de McFarlane, de acuerdo con las presentaciones de impuestos del grupo. No obstante, también pudo haber tenido otras fuentes de ingresos. Como Directora Ejecutiva de Celerity Educational Group, y ahora de Celerity Global, McFarlane canalizó cientos de miles de dólares públicos a varias empresas que prestan servicios a sus escuelas. Los registros estatales muestran que esas compañías están registradas a su nombre y enumeran sus direcciones, ya sea como las oficinas de Celerity Educational o Celerity Global.

El registro de cheques de Celerity Educational Group para el año escolar 2015-16 muestra pagos por un total de casi $1 millón de dólares a una empresa de tecnología de información llamada Attenture, una empresa de contratación general llamada Celerity Contracting Services, y a Celerity Development, una sociedad de responsabilidad limitada que compra propiedades y las alquila a las escuelas de McFarlane.

La organización también ha pagado miles de dólares a Orion International Academy, una escuela secundaria privada en Chino Hills que McFarlane fundó en 2013, y donde sigue siendo directora general.

El flujo de dinero de las charter a Celerity Development está documentado desde 2011, cuando Celerity Educational Group firmó un contrato de alquiler de 10 años con la empresa, que en ese momento tenía un único propietario: McFarlane. Eso la hizo, en efecto, tanto propietaria como inquilina de los dos sitios en el sur de Los ángeles en donde expandió Celerity Dyad Charter School. En los años subsiguientes, modificó los términos del contrato de arrendamiento, incrementando el alquiler que su escuela le pagaba a su empresa.

No está claro si McFarlane se benefició personalmente con estos acuerdos. En 2014, cuando divulgó sus lazos con Attenture y Celerity Contracting Services en la documentación estatal requerida, describió estas dos posiciones de directora general como “voluntarias/no remuneradas”. La red de Celerity sostiene que McFarlane no tiene ningún interés financiero en sus empresas, pero no respondió a las preguntas acerca de estas compañías.

Por lo menos dos de los miembros de su familia encontraron empleo en su maraña de empresas y organizaciones sin fines de lucro. Tan recientemente como el otoño pasado, su hermano, Jaime McFarlane, en una donación de campaña, describió a Attenture como su empleador. Su hijo, Rolando McFarlane, trabaja como “asistente creativo de medios” para Celerity Global Development, según el organigrama del grupo. Ninguno de los dos respondió a las solicitudes para comentar al respecto.

Bajo la ley de California, las escuelas de Celerity, como la mayoría de las charter, están exentas de muchas de las normas que rigen a las escuelas públicas tradicionales. Sin embargo, cualquier persona que desee abrir una charter en el LAUSD debe estar de acuerdo con acatar las leyes estatales escritas para evitar que los funcionarios públicos utilicen el dinero de los contribuyentes para ayudarse a sí mismos, sus familias o sus negocios. Una de esas leyes prohíbe que los funcionarios públicos tengan interés financiero en “cualquier contrato realizado por ellos en su capacidad oficial”.

El no cumplir con estas leyes “podría dar lugar a la revocación del permiso”, que podría llevar al cierre de la escuela, afirmó John Yeh, un abogado con sede en Silicon Valley que a menudo asesora a los distritos escolares sobre la ley de las charter. “También podría ser procesado como un delito grave”, aclaró. Nadie en Celerity, incluyendo a McFarlane, ha sido acusado de un delito derivado del funcionamiento de las escuelas.

McFarlane debería haber estado familiarizada con estos requisitos, así como de la obligación para informar los lazos con cualquier empresa con la que realizaba negocios. Entre 1991 y 2005 trabajó para el distrito escolar, donde escaló puestos desde maestra de escuela primaria a directora y finalmente administradora. Uno de sus últimos trabajos fue en la oficina de escuelas charter del distrito.

El periódico LA Times examinó los formularios de declaración de datos financieros que los líderes y miembros de la junta de Celerity presentaron en los últimos cinco años, y McFarlane no reportó la propiedad de sus compañías entre 2011 y 2013. Si bien divulgó su propiedad de Attenture y Celerity Contracting Services en 2014, aún no lo ha hecho con Celerity Development u Orion International Academy. “Eso es una señal de alerta”, aseguró Bob Stern, un experto de ética del gobierno. “¿Por qué no habrías de revelar las compañías que hacen negocio con tu agencia?”, se preguntó.

Aprobar los gastos mayores de las escuelas hubiera dependido de la junta directiva de Celerity Educational Group. Pero no está claro qué tanto la junta -la cual incluye a dos abogados, un administrador de nómina, un consultor de cadena de televisión y un productor de video que dirige una compañía llamada LuvHub Productions- sabía sobre las relaciones entre las escuelas de McFarlane y sus empresas.

Los miembros actuales de la mesa directiva se negaron a ser entrevistados y remitieron las preguntas al abogado del grupo. Tres personas que en el pasado fueron miembros de la junta aseguraron no estar informados sobre los lazos de negocio.

Sin embargo, la directiva sí conocía algo acerca del gasto inusual de McFarlane. Las minutas de una reunión de octubre de 2007 señalaban: “La Sra. McFarlane quiere notificar a la junta sobre la compra de dos trajes Armani que necesita sean reembolsados; son para apariciones públicas”.

Una de las empresas de McFarlane, Celerity Contracting Services, no sólo trabajaba para las escuelas, era un servicio de mantenimiento de medio tiempo para los jefes de Celerity. Enrique Barraza, quien era encargado de Celerity Contracting, expresó que la empresa pintó y remodeló propiedades de Grace Canada, la actual era directora ejecutiva de Celerity Educational Group, y de Miguel Portillo, el director de operaciones de Celerity.

Una solicitud de permiso de 2013 muestra que la empresa había remodelado un baño en el hogar de Mar Vista de McFarlane, aunque Celerity mantiene que tanto ésta como la integrante del directorio Julie Stern, a quien también se le realizaron trabajos en su casa, pagaron por los servicios. Ni Canada ni Portillo respondieron a las llamadas.

Aunque el negocio de contratación de McFarlane y Celerity Educational eran aparentemente independientes, Barraza y Lori Wynn, quien dirigía la empresa de contratación, dijeron que la organización sin fines de lucro pagó sus sueldos y les emitió tarjetas de crédito. Los estados de cuenta del grupo charter reflejan miles de dólares en compras de Home Depot y otras tiendas de mejoras para el hogar. “Me pareció extraño”, aseguró Wynn sobre la manera en como las finanzas parecían entremezclarse. “Creo que todos se estaban beneficiando”, manifestó acerca de los líderes de Celerity.

Durante una reciente visita al edificio de oficinas de Celerity Educational Group, se le dijo a un reportero que el negocio de contrataciones había sido cerrado.

A fines de 2015, los funcionarios del LAUSD decidieron que ya habían visto suficiente. Habiendo concluido que las cuestiones financieras de Celerity se habían vuelto demasiado serias para tolerar, recomendaron que la Junta Escolar denegara la solicitud del grupo para abrir dos escuelas nuevas, y la Junta estuvo de acuerdo. Los líderes de Celerity apelaron ante la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, la cual podría haber intervenido, pero eligió no hacerlo. “Se trata de una supervisión permanente y eficaz”, aseveró José Cole-Gutiérrez, director de la división de escuelas charter del LAUSD, en una entrevista reciente.

Todo ello, de cualquier modo, no detuvo la ampliación de Celerity en el sur de California. La ley estatal permite que las escuelas charter que no han obtenido permisos a nivel local puedan apelar ante el estado. En noviembre pasado, sobre las objeciones del LAUSD y el condado, la Junta de Educación del Estado votó a favor de permitir que Celerity siga creciendo.

Este otoño, más dinero público fluirá hacia Celerity cuando inaugure dos nuevas charter en Los Ángeles.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer esta historia en inglés haga clic aquí

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