Opinión: Errores de un abogado no deberían de ser causa de deportación de sus clientes migrantes

La Corte Suprema hizo un llamado al sentido común esta semana, con una decisión que permitirá a un residente (no ciudadano) arrepentirse de un acuerdo incentivado por su abogado, que lo hubiera llevado a su deportación, precisamente lo único que intentaba evitar.

Jae Lee nació en Corea del Sur y se mudó con su familia a los EE.UU. en 1982, a los 13 años de edad, donde finalmente obtuvo estatus de residente permanente, lo cual le permite vivir y trabajar aquí. Eso fue lo que Lee hizo durante muchos años, hasta forjar una carrera como exitoso propietario de restaurante, en Tennessee. A pesar de haber vivido en el país por más de tres décadas, nunca llegó a solicitar la ciudadanía.

En 2008, Lee fue arrestado por cargos de posesión e intención de vender éxtasis, una droga popular en las fiestas rave. De inmediato le preocupó que la acusación pudiera conducir a una deportación, y repetidamente le dijo a su abogado que quería evitar ser expulsado del país.

Las leyes de inmigración son complejas, y generalmente comprender sus varios matices requiere de un entrenamiento legal especial, que el letrado de Lee no poseía. Incluso en el momento en que el hombre fue sentenciado, su abogado le aseguró que la declaración de culpabilidad no sólo significaba menos tiempo en prisión -un año y un día, en lugar de hasta cinco años si era condenado en un juicio- sino que no afectaría su estatus migratorio.

El letrado no podría haber estado más equivocado al respecto, y Lee no lo supo hasta que llegó a una prisión destinada para los reclusos que son expulsados del país después de cumplir sus sentencias.

Fue entonces cuando el hombre interpuso un recurso legal, donde argumentó que la falta de competencia de su abogado le había llevado a aceptar el acuerdo, una decisión que de otro modo no habría tomado puesto que su prioridad era permanecer en el país. De hecho, el propio letrado afirmó más tarde que, de haber comprendido correctamente las leyes de inmigración -y que el alegato hacía a Lee inelegible para permanecer en los EE.UU.-, le habría aconsejado que se arriesgara a enfrentar un juicio.

Pero el gobierno argumentó, y los tribunales de menor rango acordaron, que dada la evidencia contra Lee -que incluía 88 pastillas de éxtasis que fueron halladas en su casa- el hombre iba a ser condenado de todas maneras, por lo tanto el resultado no le había causado ningún perjuicio (olvidándose del ‘inocente hasta que se pruebe lo contrario’). De hecho, Lee terminó con menos tiempo en prisión gracias al trato, y sólo por eso el acuerdo era una decisión racional. Pero el hombre había dejado en claro a su abogado, y luego ante los funcionarios de la corte, que estaba menos preocupado por una reclusión más larga que por la posibilidad de ser enviado de regreso a un país en el cual no ponía los pies desde 1982.

El consejo editorial de The Times se puso de parte de Lee a principios de este año, cuando el caso fue sometido a la Corte Suprema con argumentos orales. El tema, para nosotros, se trataba de una cuestión de equidad básica:

“Las decisiones [de la corte inferior] dependen de la especulación sobre lo que habría sucedido en el juicio si Lee hubiera rechazado la negociación.

Lee sostiene correctamente que cualquier cosa puede suceder en un tribunal -la evidencia puede suprimirse, los testigos pueden cambiar sus relatos, los jurados inconstantes podrían no creer la narrativa de un fiscal-. Con más temor a una deportación que a una condena prolongada, Lee argumentó que si hubiera entendido con certeza que su declaración de culpabilidad daba lugar a una orden de expulsión, hubiera esperado hasta hacer un mejor trato que no afectara su estatus legal o probado suerte en un juicio. La falta de conocimiento legal de su abogado significó que el hombre no pudiera tomar la mejor decisión para su defensa, lo cual es un derecho en un proceso penal”.

La Corte Suprema coincidió con esta postura:

“El sentido común (sin mencionar nuestro precedente) reconoce que hay más a considerar que simplemente la probabilidad de éxito en un juicio. La decisión de declararse culpable también implica evaluar las respectivas consecuencias de una condena después del juicio y por medio de un alegato… Cuando esas consecuencias son, desde el punto de vista del acusado, igualmente horribles, incluso la mejor posibilidad de éxito en un juicio puede parecer atractiva. Por ejemplo, un acusado sin una defensa realista de un cargo con una sentencia de 20 años puede, sin embargo, optar por un juicio si la demanda de la acusación es de 18 años.

Aquí Lee alega que evitar la deportación era un factor determinante para él; ser expulsado después de pasar algún tiempo en prisión no era significativamente diferente de una deportación después de transcurrir menos tiempo en la cárcel. De hecho, afirma que, en consecuencia, habría rechazado cualquier alegato que condujera a la deportación -incluso si hubiera recortado tiempo en la cárcel- a favor de tener una oportunidad en un juicio… “No podemos estar de acuerdo en que sería irracional para un acusado en la posición de Lee rechazar la oferta de declaración de culpabilidad a favor de un juicio. Pero por la incompetencia de su abogado, Lee habría sabido que aceptar un acuerdo semejante ciertamente implicaba una expulsión [del país]. ¿Ir a juicio, entonces? Casi con toda seguridad”.

El juez de la corte John Roberts escribió la decisión, y el juez Clarence Thomas apuntó una disidencia, junto con el juez Samuel Alito, argumentando que permitirle a Lee retirar su argumento con base a la ignorancia de su abogado abriría la puerta a futuras apelaciones por parte de acusados descontentos con la actuación de sus letrados. Sí, podría ser un resultado, pero ¿qué importa? Cuando un acusado puede probar que celebró un acuerdo impulsado por un consejo errático de su defensor, y sufre luego una consecuencia que expresamente había querido evitar, debe poder retractarse.

La corte tomó aquí la decisión correcta. Este caso podría haberse planteado como una cuestión de deportación, pero en realidad, se trata del derecho de todos de contar con un abogado adecuado y eficaz en cualquier proceso penal.

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Traducción: Valeria Agis