La ACLU demandó al LAPD por ‘violación sistemática’ de la ley de registros públicos

La ACLU demandó al LAPD por ‘violación sistemática’ de la ley de registros públicos

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) se unió a un periodista, una profesora universitario y un activista para demandar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por lo que describen como “una violación sistemática” de la Ley de Registros Públicos de California.

La demanda, presentada este martes, acusa al LAPD de no cumplir con la norma al no responder a los pedidos dentro del plazo establecido por la ley o ignorando por completo las solicitudes.

La denuncia civil documenta casi una docena de ejemplos de tales pedidos, entre ellos algunos que supuestamente se realizaron hace años y aún esperan respuesta.

“Cada vez más, los departamentos de policía de todos los Estados Unidos reconocen el valor de la transparencia para aumentar la confianza pública, promover un mejor cumplimiento de la ley y facilitar una supervisión efectiva”, dice la demanda. “El patrón del LAPD y la práctica de violar [la ley de los registros públicos] e ignorar los pedidos de información pública no sólo es ilegal, sino también está desfasado”.

El pleito solicita a la corte que obligue a la policía a seguir la norma y que ordene al departamento que monitoree e informe públicamente cómo responde a los pedidos de registros por al menos tres años, para asegurar que continúe haciéndolo.

Un vocero del LAPD afirmó este martes por la mañana que el departamento no efectuaría comentarios por el momento.

Adrienna Wong, abogada de la ACLU del sur de California, remarcó que los registros públicos permiten a los residentes evaluar cómo actúan sus agencias del orden y buscar formas de mejorarlas, así como también pueden ayudar a incrementar la confianza de la comunidad en la policía. El acceso a los documentos de la agencia es particularmente importante durante estos tiempos de mayor escrutinio de la policía, reconoció. “Toda esa información es realmente relevante para la discusión pública y tiene verdaderos impactos concretos”, aseguró.

Aunque comúnmente son utilizados por periodistas o por grupos de activistas como ACLU, cualquier persona puede solicitar acceso a la información pública conforme la Ley de Registros Públicos de California.

Cuando una agencia recibe un pedido presentado bajo esta norma debe responder dentro de los 10 días, diciendo si proporcionará dicha información. La ley permite a las agencias hacer algunas excepciones, en caso de “circunstancias inusuales”, y les concede un plazo adicional de 14 días, como máximo, para responder.

Si una agencia determina que la información puede ser divulgada, la ley exige que proporcione una fecha y hora estimados para darla a conocer. Una vez que una agencia decide que los registros son públicos, señala la ley, debe liberarlos “con prontitud”.

La ACLU presentó la demanda en conjunto con otras tres personas: Ali Winston, un reportero cuyos artículos han sido publicados por The Center for Investigative Reporting; Kelly Lytle Hernández, una profesora de UCLA conocida por su trabajo en temas de raza, policía y encarcelamiento, y Shawn Nee, activista y fotógrafo residente de Los Ángeles.

La demanda catalogó los pedidos de registros hechos por Winston, Hernández o Nee que el LAPD no respondió en el plazo de 10 o 24 días. En algunos casos, señala la presentación judicial, el departamento jamás contestó.

Tal fue el caso cuando Winston, a comienzos de 2014, solicitó registros del LAPD sobre cámaras de reconocimiento facial, así como del software que el departamento utilizaba para captar a potenciales criminales. El departamento no respondió las solicitudes dentro de los 10 días, señala la demanda. Tres años después, según informó Winston, todavía no lo ha hecho.

Periodistas del Times también han experimentado largos retrasos después de solicitar registros al LAPD en el marco de esta ley, incluyendo los casos en que el departamento no respondió a los pedidos dentro del espacio de 10 días de plazo ordenada por la norma estatal.

Recientemente, la sección de Descubrimiento del LAPD -que maneja estas solicitudes- ha enviado respuestas automáticas donde informa que el tiempo de procesamiento de los pedidos es de seis a ocho semanas “debido al escaso personal”.

La ACLU presentó su propia consulta en noviembre pasado, cuando pidió información sobre las solicitudes de registros más antiguas que el LAPD aún debía cumplir, y las políticas de la agencia para manejar dichos pedidos. El mismo día, conforme la demanda, el LAPD respondió por correo electrónico confirmando la recepción de la solicitud. Hasta el miércoles pasado, según la demanda, la ACLU no había tenido más noticias al respecto.

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Traducción: Valeria Agis

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