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Inglewood pagará $4.6 millones a un hombre desarmado que fue baleado por un policía

Juan José Palma, de 46 años de edad, aún tiene dificultades para hablar, cuatro años después de haber recibido un disparo en la cabeza por parte de un oficial de policía de Inglewood. (Gina Ferrazi/Los Angeles Times).

Juan José Palma, de 46 años de edad, aún tiene dificultades para hablar, cuatro años después de haber recibido un disparo en la cabeza por parte de un oficial de policía de Inglewood. (Gina Ferrazi/Los Angeles Times).

La Ford Explorer se detuvo cerca de la 1:30 a.m. en Inglewood, mientras una patrulla se acercaba, con sus luces iluminando la calle 103rd St., a pleno.

Un oficial saltó del vehículo, avanzó rápidamente con sus brazos extendidos y pistola en mano, mientras que su compañero se movió rápidamente hacia el lado del pasajero de la Explorer. Segundos después, uno de ellos disparó un solo tiro al coche. La bala hirió al conductor, Juan José Palma, directamente en la cabeza, perforando su sien izquierda.

El incidente, que fue capturado a la distancia por una cámara de seguridad de una tienda de reparación de automóviles cercana, duró menos de 15 segundos, pero lo que llevó al oficial a disparar desató una encendida polémica que duró más de cuatro años.

El oficial, Landon Poirier, dijo a los investigadores que Palma ignoró repetidas órdenes de mostrar sus manos, intentó buscar algo detrás en el auto y levantó un “objeto largo, metálico y negro”. Ante el temor de que Palma estuviera armado con una escopeta, Poirier abrió fuego, según una nota emitida por la oficina del fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles.

Pero el abogado de Palma sostuvo todo este tiempo que su defendido, empleado de un lavado de coches, de 46 años de edad, no representaba ninguna amenaza para Poirier o para cualquier otra persona. En una entrevista, Palma aseguró que esa noche él simplemente buscó su licencia y registro. No se encontró arma alguna en su vehículo, aunque los fiscales afirmaron que en el asiento trasero había un bate de béisbol.

La batalla legal por el tiroteo, registrado en octubre de 2012, que dejó a Palma con duraderas lesiones cerebrales, llegó a su fin el mes último, cuando la ciudad de Inglewood accedió a pagar al damnificado $4.6 millones para resolver una demanda por abuso de autoridad.

El abogado de Palma, R. Samuel Paz, afirmó que la ciudad tiene un historial de problemas con la forma en que sus agentes emplean la fuerza letal, y acusó al departamento de policía de no investigar a fondo los hechos en los cuales sus oficiales disparan. También señaló que los agentes no tenían cámaras corporales, y que su patrulla no estaba equipada con cámara de tablero en la noche del tiroteo.

Jasmyne Cannick, vocera de la ciudad, señaló que el alcalde de Inglewood, James Butts, y el Departamento de Policía no efectuarían comentarios respecto del acuerdo alcanzado. Cannick no respondió a diversas preguntas acerca de los disparos y del departamento, entre ellas si Poirier había sido sancionado y si la agencia había equipado con cámaras a sus oficiales o patrullas.

Un empleado de la oficina legal de George Mallory, el abogado que representó a Inglewood en la demanda de Palma, afirmó que todas las preguntas debían hacerse a la ciudad. Poirier, quien ha estado en el departamento de policía desde diciembre de 2008, no pudo ser contactado para comentarios.

La oficina del fiscal de distrito se negó a procesar a Poirier en relación con el tiroteo, concluyendo que el oficial “actuó para poner fin a lo que él percibió como una amenaza mortal inminente”.

Los fiscales señalaron que Palma condujo lentamente por varias cuadras luego de que la policía intentó detenerlo por pasarse una señal de stop, cerca de la 1:30 a.m., en la noche del incidente. Cuando finalmente se detuvo, señala la nota del fiscal de distrito, Palma no cumplió con las órdenes, dadas tanto en inglés como en español, para dejar sus manos a la vista. Poirier afirmó a los investigadores que él creyó que alguien que conducía de forma similar había disparado a un oficial de policía de Inglewood una semana antes.

Sentado en la oficina de su abogado, los ojos de Palma se llenan de lágrimas cuando recuerda esa noche, que le dejó una cicatriz curva y profunda a lo largo de su sien izquierda. El hombre dice que no puede recordar el disparo, y que ese es uno de los muchos espacios en blanco que su memoria tiene por estos días. Al despertar en el hospital, después del disparo, Palma no podía hablar y necesitó meses de terapia ocupacional con el fin de volver a formar frases coherentes.

Cuatro años más tarde, Palma todavía tiene dificultades para expresarse, por momentos. Las palabras se forman en su mente, pero parecen no llegar hasta su lengua, según él mismo dice. Cuando un reportero le preguntó qué edad tenía, en una entrevista realizada el mes pasado, este hombre, padre de dos hijos, frunció el ceño, se rió, y luego se volvió a su esposa en busca de ayuda antes de dar la respuesta. “Solía hablar inglés perfectamente”, señaló Palma, quien nació en México. “Cuando trato de hablar ahora, a veces no puedo recordar las palabras”.

Expertos en temas policiales afirmaron que los oficiales tuvieron justificación legal para disparar a Palma si esa noche pensaron que el hombre trataba de sacar un arma. Sin embargo, cuestionaron la decisión de los oficiales de abordar el vehículo por su cuenta, sin pedir ayuda, si creían que la forma de conducir era similar a la de alguien que había disparado contra un policía en la misma zona, la semana anterior.

Sin embargo, Rich Wyant, un científico forense que ha testimoniado en más de 100 casos el uso de la fuerza y quien también es oficial de reserva del Sheriff en Washington, aseguró que se sorprendió por el monto del acuerdo, en base a la descripción de los oficiales respecto de Palma y su desobediencia a las órdenes, además del bate de béisbol en el interior del vehículo.

Luego de revisar el video de vigilancia y los documentos legales en el caso para L.A. Times, Wyant afirmó que creía que el disparo se había efectuado “según el procedimiento”. “No hay nada que me lleve a dudar o a pensar ‘Oh, no’”, afirmó Wyant.

No obstante, Sid Heal, excomandante del Sheriff del Condado de Los Ángeles y presidente de desarrollo estratégico de National Tactical Officers Association, describió el hecho como “legal, pero terrible”.

“Sus tácticas fueron malas. Entiendo por qué hicieron lo que hicieron, pero creo que no era la única opción”, aseguró Heal. “Si yo hubiera tenido dudas, habría pedido refuerzos desde el principio”.

Heal expresó que la cifra del acuerdo indica que la ciudad sabía que, en la corte, perdería el juicio. El desembolso promedio por un caso de homicidio culposo de un oficial de policía en los EE.UU. ronda los $2 millones, precisó Heal, y sugirió que el disparo puede haber sido accidental. “Comencé a preguntarme esto desde el comienzo, ¿habrá sido un disparo por accidente? Él estaba tan asustado… Es algo que pasa más a menudo de lo que la gente piensa”.

Paz cree que Poirier disparó por accidente y luego inventó el tema de que Palma estaba buscando un arma. En documentos judiciales, el abogado acusó al departamento de no investigar adecuadamente a sus oficiales cuando hacen uso de la fuerza letal y citó una deposición en el caso de la capitán Marie DiBernardo, quien supervisa la junta de revisión de tiroteos del departamento. DiBernardo señaló en su declaración que el trabajo de la junta es criticar a los oficiales que emplean la fuerza letal y dar consejos acerca de cómo mejorar esto, de ser necesario. Así lo revela una transcripción judicial a la cual The Times tuvo acceso.

“Me gustaría pensar que ellos vendrán a la audiencia de la junta y declararán la verdad. Así que no es un problema para mí”, aseguró en su deposición.

Paz señaló que la declaración indica la impericia de Inglewood para examinar a los oficiales cuando usan la fuerza contra sospechosos. “Tienen un problema sistémico. Es bastante sencillo; la investigación jamás se iba a centrar en el oficial, sólo trataría de ver si Sr. Palma había cometido un delito”, afirmó.

Los comentarios de DiBernardo en la deposición dieron una pausa considerable a los expertos. “Es interesante, como mínimo”, aseguró Wyant. “Esa función en particular requiere examinar todos los hechos, y no considerar si alguien dice la verdad, a menos que se apoye en el razonamiento objetivo”.

El Departamento de Policía de Inglewood ya había generado anteriormente críticas respecto de su uso de la fuerza, particularmente en contra de gente desarmada.

Una investigación de The Times de 2008 halló que cinco de las 11 personas que murieron por disparos de oficiales de Inglewood entre 2003 y 2008 no tenían armas, mientras que un par de oficiales emplearon una Taser contra sospechosos desarmados cuatro veces durante un período de cinco semanas. En un momento dado, el entones vicepresidente del sindicato de policía de la ciudad, que se encarga de la defensa de los agentes acusados de mala conducta, fue asignado como detective de homicidios para investigar los tiroteos con intervención policial.

El Departamento de Justicia de los EE.UU., halló después defectos importantes en la forma en que la policía de Inglewood supervisaba los incidentes de uso de la fuerza, y pidió numerosos cambios en la manera en que el departamento entrenaba e investigaba a sus oficiales.

Palma señaló que el tiroteo borró la fe que tenía en la policía, y que ya no conduce por miedo a tener que interactuar nuevamente con alguien que lleve placa y pistola. “Cuando veo cómo actúan algunas veces”, dijo, con voz entrecortada, “sólo pienso, espero, espero que sean mucho mejor”.

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