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Grupos defensores de inmigrantes advierten acerca de abogados sin escrúpulos que se aprovechan

Children line up in the cafeteria at the immigration detention center in Karnes City, Texas.
(Eric Gay / Associated Press)

Era demasiado sencillo para el asistente legal Héctor Alfonso Sánchez hacerse pasar por abogado de inmigración y ofrecer sus servicios a los clientes encerrados en cárceles federales.

Sánchez viajaba desde su oficina, en San Antonio, a los centros de detención de todo el país para entrevistar a los inmigrantes a cambio de un pago, según informó la Oficina del Procurador General de Texas, que a principios de este año consiguió una orden judicial para prohibirle a este hombre hacer publicidad, realizar servicios de asesoría de inmigración y aceptar dinero por ello. Sánchez también debió pagar indemnizaciones a sus clientes, multas civiles y honorarios de abogados.

Pensé que el gobierno de los EE.UU. me protegería. Pero, en lugar de ello, empeoró mi vida”.

— Lillian Oliva Bardales, inmigrante hondureña.

El caso de Sánchez resaltó algo que los defensores de inmigrantes llaman una ‘falla permanente’ en los centros de detención de inmigrantes, especialmente en aquellos donde hay familias: la representación legal deficiente.

No hay ninguna garantía de contar con un abogado en la corte de inmigración, y aunque los grupos de letrados pro bono se han organizado para representar a los inmigrantes, los oportunistas también se aprovechan de las personas desesperadas por recibir ayuda, sostienen los defensores. “Es un sistema horrible”, señaló Elanie Cintron, una abogada de inmigración que reside en Denver. “Ellos se aprovechan de la población más vulnerable”.

Esta población, como la llama Cintron, sigue creciendo, especialmente porque cada vez más familias son capturadas al cruzar la frontera entre los EE.UU. y México de forma ilegal, impulsadas en parte por el aumento de la violencia en América Central.

Desde el pasado octubre hasta julio de este año, 54,720 familiares fueron capturados al cruzar la frontera sur; casi el doble de la cifra registrada en el mismo período del año anterior, según datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Hasta este mes, 2,062 de esos adultos y niños permanecen detenidos en familia.

Para poder representarlos y ejercer en los tribunales federales de inmigración, un abogado debe registrarse en línea, ser elegible para practicar el derecho y ser miembro del colegio de abogados correspondiente.

Sin embargo, los funcionarios de los tribunales de inmigración, que son parte del Departamento de Justicia, no investigan a los letrados. Los castigan -sancionaron a más de 1,500 desde que comenzó el programa de disciplina, en 2000- pero mayormente luego de que los abogados ya han sido castigados, condenados o se han declarado culpables de delitos graves en otras cortes, informó la vocera del Departamento de Justicia Kathryn Mattingly.

Entre los disciplinados por los tribunales de inmigración este año se incluyen los casos de:

  • Vanessa Bandrich, de New York, inhabilitada para ejercer luego de ser investigada por el FBI y condenada por fraude de inmigración por ayudar a solicitantes de asilo a inventar falsas historias de persecución.
  • Hector Cavazos Jr., de Stockton, suspendido por un año y medio, cerca de seis meses después de que el Colegio de Abogados de California suspendiera su licencia durante tres años y recuperara $11,000 para cuatro clientes por haber permitido que su padre ejerciera el derecho en su oficina sin licencia. En junio fue inhabilitado por el estado.
  • Samuel Escamilla, de Denver, suspendido por tres meses después de que los funcionarios de Colorado lo investigaran por acusaciones de tomar dinero de los clientes sin trabajar en sus casos.

Los problemas con los abogados privados en los centros de detención familiares comenzaron poco después que el gobierno de Obama empezara a ampliar estos sitios, en el verano de 2014, con una instalación temporal en Artesia, Nuevo México. Fue allí donde Michael Carrasco, de Carlsbad, Nuevo México, fue atrapado ejerciendo sin licencia, pero sólo después de que Cintron y otros letrados pro bono se quejaran, después de haber recogido varias declaraciones de sus clientes.
Carrasco ya había sido expulsado del colegio de abogados en Nuevo México por la Corte Suprema del estado, en 2002, señaló Cintron, pero “él igualmente ejercía usando el nombre de otra persona”.

Carrasco fue nuevamente inhabilitado, esta vez por funcionarios de la corte federal de inmigración, hace un año. Para Cintron, el caso ilustra la vulnerabilidad de las familias inmigrantes detenidas. Algunas de ellas no tienen el tiempo, no saben cómo investigar a un abogado o no pueden acceder a un abogado pro bono o a un defensor que pueda guiarlos. “Cuando las cosas ocurren tan rápido y no podemos llegar a esas mujeres en sus celdas para explicarles cómo funciona el sistema, alguien les dice: ‘Oh, mi primo llamó a este abogado’, y ellas contactan al primer número que consiguen”, detalló Cintron.

La abogada de Denver comentó que una de sus clientes, Celina Gutiérrez-Cruz, de 22 años y oriunda de Honduras, no sabía que su letrado anterior tenía antecedentes disciplinarios cuando lo contrató. El abogado, Gary Ortega, de Brownsville, Texas, había sido reprendido públicamente por el Colegio de Abogados de Texas en 2009 por permitirle a un empleado ofrecer sus servicios a un recluso. En 2007 había sido descalificado y retirado de un caso de asesinato en el cual su excliente resultó condenado y sentenciado a muerte. El caso fue apelado por la ineficaz guía del letrado.

La familia de Gutiérrez-Cruz pagó a Ortega $3,250 en marzo pasado bajo la garantía de que la joven sería liberada mediante el pago de una fianza, dijo Cintron. La tarifa actual para manejar audiencias de fianza es de aproximadamente $1,000, señaló, aunque algunos abogados privados cobran hasta $5,000. La familia de Gutiérrez-Cruz desconocía que, como la mujer había sido deportada en 2013, no era elegible para ese tratamiento. Según Cintron, ella nunca firmó un contrato, no recibió documentos judiciales ni habló con Ortega en persona o por teléfono antes de su audiencia, el 29 de mayo pasado.

A Gutiérrez le negaron la fianza y el personal de Ortega dejó de contactarla, contó Cintron, a quien Gutiérrez-Cruz llegó mediante el programa CARA Family Detention Pro Bono Project. “Este fue uno de los casos que descubrimos. Siempre me preocupo por las otras mujeres, de quienes no sabemos nada. ¿Qué ocurre con ellas?”, se preguntó Cintron.

Ortega no devolvió las llamadas ni respondió los correos electrónicos.

Cintron y los defensores de inmigrantes también compartieron la historia de Lillian Oliva Bardales, una chica de 19 años, oriunda de Honduras. Bardales había pedido la reapertura de su caso, alegando que el abogado de San Antonio al que ella había pagado $1,500 no la había preparado para su audiencia con el juez, no delineó una cronología básica de su caso para el tribunal y no hizo un seguimiento de su estado cuando -molesta por las condiciones de su detención e inminente deportación- la joven intentó suicidarse cortándose las muñecas con el brazalete de identificación, el 3 de junio de 2015. “Él no hizo nada para prepararla para su audiencia. Cero preparación para el juicio; ni siquiera le informó al juez por qué ella reunía los requisitos para el asilo”, explicó Bryan Johnson, el nuevo abogado pro bono de Bardales.

Johnson, quien reside en Nueva York, trabaja para reabrir su apelación alegando que la negligencia del abogado Miguel Vela también dañó al hijo de Bardales, Christian, de cuatro años de edad, que fue deportado con su madre el 9 de junio del pasado año. “Su negligencia fue la base total de mi moción para reabrir su apelación”, afirmó.

Vela, quien reside en San Antonio, no respondió a las acusaciones de la apelación y no devolvió las llamadas ni emails.

Luego de la deportación a Honduras, Bardales permaneció en Tegucigalpa durante casi cuatro meses, donde trabajó como empleada doméstica para esconderse del padre de su hijo, quien la golpeaba y había amenazado con matarla. “Pensé que el gobierno de los EE.UU. me protegería”, declaró en una entrevista. “Pero, en lugar de ello, empeoró mi vida”.

El otoño pasado, la mujer obtuvo una visa de turista en España, donde ella y su hijo esperan los resultados de la apelación. En marzo, el tribunal dictaminó que Bardales no había recibido asistencia legal apropiada durante su detención, y que ella y su pequeño podrían volver a los EE.UU. y estar libres mientras que su caso de asilo estuviera pendiente. “Finalmente, hay justicia en el horizonte de esta madre joven y su hijo, después de haber sido severamente maltratados y privados de sus derechos durante más de un año por el gobierno de Obama”, afirmó Johnson.

Cintron y otros defensores de inmigrantes buscan que la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración proporcione a las familias detenidas un mejor acceso a un abogado, asesoramiento sobre sus derechos y que advierta acerca de los letrados sin escrúpulos. También desean que los colegios de abogados hagan una mayor supervisión de los abogados privados que representan a detenidos. “Estas mujeres están desesperadas por salvar sus vidas. Ellas llaman al primer abogado que aparece”, asegura. “Me temo que hemos perdido a un buen número de ellas a raíz de esto. No sé cuántas habrán caído en esta grieta”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


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