Mujer mexicana decidió autodeportarse mucho antes de la llegada de Trump al poder
Paula Flores Colorado, de 37 años de edad, regresó a México en 2009. Ahora intenta volver a los EE.UU. con autorización (Alene Tchekmedyian / Los Angeles Times).
Cada vez que veía un policía en la ruta, comenzaba a temblar. Cuando las autoridades establecían puntos de control en su vecindario, su teléfono zumbaba con mensajes de texto para alertarla.
Le preocupaba que le pidieran su identificación en los bares; temía abordar vuelos, asistir a la universidad, cualquier cosa que requiriera la identificación que ella no tenía, porque se encontraba en el país sin autorización.
Durante una década, Paula Flores Colorado se sintió incapacitada por un miedo que se volvía insoportable. Para hallar la paz, volvió a México en 2009.
Algunos de los asesores del presidente Trump en temas inmigratorios -durante y después de su campaña-, entre ellos el secretario de Estado de Kansas, Kris Koback, y el actual fiscal general Jeff Sessions, pidieron públicamente el endurecimiento de las estrategias de control inmigratorio, de modo que alienten a quienes se encuentran en el país indocumentados “a deportarse a sí mismos”.
La idea de estimular a los inmigrantes a que abandonen por su propia voluntad el país, haciendo que aquí la vida les resulte sumamente incómoda, se remonta como mínimo a los años 1990, cuando los conservadores llevaron a cabo una amarga campaña contra la inmigración sin permiso. La iniciativa alcanzó su pico máximo en 1994, cuando los votantes de California aprobaron la Proposición 187, cuyo objetivo era negar servicios a quienes se encontraran en el país indocumentados.
Los tribunales derogaron la mayoría de las disposiciones de la medida y la noción de autodeportación desapareció silenciosamente, pero retomó fuerza nuevamente en 2012, cuando el candidato presidencial republicano Mitt Romney reflotó la idea.
“La respuesta [a la inmigración no autorizada] es la autodeportación”, afirmó por entonces. “Ello ocurre cuando la gente decide que le puede ir mejor en su lugar de origen porque aquí no puede encontrar empleo, porque no tienen documentación que les permita trabajar”.
El gobierno de Trump lanzó una campaña agresiva de arrestos, y anunció este mes que los agentes de inmigración detuvieron a más de 40,000 personas desde que el presidente firmó las órdenes ejecutivas para ampliar el alcance de quién puede ser blanco de deportación. La cifra representa un salto del 38% sobre el mismo período del año pasado.
“Estas políticas están diseñadas para aumentar la ansiedad, para crear miedo en las comunidades de inmigrantes”, aseguró David FitzGerald, codirector del Center for Comparative Immigration Studies, de UC San Diego. “El gobierno sabe que nunca podrá deportar a toda la población indocumentada; entonces una de sus esperanzas declaradas es que estas personas se deporten a sí mismas”.
Para Flores, vivir en el país sin documentos era insoportable. Su historia de 2009 dice mucho acerca de las dificultades que los inmigrantes han enfrentado a lo largo de los años, incluso bajo la administración del expresidente Obama, que llegó a ser conocido en algunos círculos como el ‘deportador en jefe’.
Como madre de un pequeño de cinco años de edad en Tijuana, Flores cuenta que no quiere que su hijo sienta ese miedo que la llevó a ella de regreso a un país que apenas conocía. “Nunca más”, aseveró Flores, de 37 años de edad. “No quiero que él sea indocumentado. No quiero que se sienta como yo me sentí”.
Flores tenía 12 años cuando su familia viajó al sur de California desde el estado de Tabasco, con visas de turistas. Su madre y una de sus hermanas regresaron a México, pero Flores y otra de sus hermanas se quedaron en Bell, con una tía. Allí aprendió inglés escribiendo letras de canciones de Mariah Carey y Janet Jackson, y preguntando a todos qué significaba cada palabra. “Yo quería adaptarme. No quería tener acento”, afirmó. “Quería ser tan estadounidense como fuese posible”.
Pero durante su primer año en Bell High School, aprendió el precio de su estatus inmigratorio. Sin un número de Seguro Social, le dijo un consejero, no podría inscribirse en la universidad. Desolada, ni siquiera se preocupó por tomar las pruebas SAT.
Otro golpe llegó dos años después, durante el verano de 1999. Flores tenía entonces 19 años y había viajado a Ciudad de México con una de sus hermanas, de vacaciones. Cuando intentaron regresar a Los Ángeles, usando las mismas visas de turistas con las que habían ingresado al país siete años antes, los oficiales del Aeropuerto Internacional de L.A. realizaron una inspección secundaria. En el equipaje de Flores hallaron evidencia de su vida en California durante años: un anuario escolar que la joven había llevado a México para compartir con sus viejos amigos.
De inmediato, las autoridades emitieron para ambas hermanas una orden de remoción. Los funcionarios las esposaron y escoltaron a través del aeropuerto, con la cabeza inclinada, mientras que el resto de los viajeros miraban la escena. Estuvieron alojadas durante una noche en un motel, relató Flores, y volaron a México al día siguiente. “Fue la experiencia más humillante de mi vida”, afirmó. “Nos trataron como criminales, como criminales comunes. Yo les decía que no éramos delincuentes, pero la funcionaria nos dijo: ‘Sí, lo son. Son criminales, han violado la ley’”.
En ese momento, las deportaciones de los EE.UU. habían alcanzado un récord en más de un siglo desde que comenzó el mantenimiento de registros. Las autoridades expulsaron más de 180,000 personas ese año fiscal. Jaime Ruiz, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU., reconoció que la interacción con los agentes puede intimidar a algunos ciudadanos extranjeros, pero afirmó que los oficiales están “capacitados para tratar a los pasajeros con dignidad, y respeto mientras hacen cumplir las complejas leyes inmigratorias, y mantienen los más altos niveles de seguridad nacional”. Ruiz también expresó que una inspección secundaria de rutina toma entre 30 y 50 minutos; no obstante, Flores recordó que con su hermana fueron interrogadas durante cuatro horas en LAX. “Las quejas acerca de las detenciones más largas e innecesarias son falsas”, aseveró Ruiz.
Más adelante, en 1999, las hermanas volvieron a los EE.UU., sin autorización. Ambas cruzaron a pie por el puerto de entrada de San Ysidro, simplemente mezclándose con estadounidenses que regresaban de Tijuana. El corazón de Flores se aceleró mientras avanzaba el recorrido, con una gran bolsa de dulces mexicanos. Si alguien preguntaba, diría que había cruzado a Tijuana para comprar dulces para una piñata. Nadie la cuestionó.
Durante los 10 años posteriores, Flores construyó una vida en el sur de Los Ángeles. Llevaba a su sobrina a Chuck E. Cheese’s, bailó en clubes de Las Vegas, se emocionó con Paul McCartney en Coachella. Pero su ansiedad aumentaba. La mujer obtuvo una tarjeta de identidad expedida por el consulado mexicano para residentes en el extranjero, pero dudó en utilizarla. “Era una marca; estás calificado como indocumentado”, afirmó.
También tuvo demasiado miedo como para unirse a su familia durante el funeral de su abuela, en Oceanside, preocupada de ser atrapada por el control de inmigración en la Interestatal 5. Y no participó de la enorme marcha May Day, en 2006, cuando medio millón de personas inundaron las calles del centro de L.A. para protestar por la legislación federal que penalizaría a aquellos que ayudan a los inmigrantes indocumentados; era muy riesgoso, pensó.
A lo largo de los años, dijo, un empleador usó su estatus como excusa para no darle aumentos o pagarle horas extras. “Vives feliz”, afirmó Flores. “Pero a la vez no puedes salir de esa burbuja. Estás allí, atrapada”.
Numerosos hechos riesgosos desencadenaron en ella recuerdos de su deportación. Un día, junto con su hermana llegaron a un puesto de control policial en Bell Gardens. Su respiración se aceleró mientras avanzaban.
Con dos coches aún delante de ellas, el bebé de su hermana comenzó a llorar. Momentos después, llegó su turno. Al ver al bebé que gritaba, el oficial rápidamente las hizo pasar. Momentos después, el niño comenzó a reír. Confundidas pero aliviadas, ambas hermanas también lo hicieron.
En otra ocasión, ambas conducían a casa desde el trabajo cuando fueron chocadas por un auto que giró a la izquierda sin aviso previo. El otro conductor tenía la culpa, pero ¿qué les pasaría a ellas si denunciaban el hecho? Finalmente, no llamaron a la policía.
Flores había logrado su objetivo de dominar el inglés y hablar sin acento; podía pasar fácilmente por méxicoamericana. Pero el miedo a ser descubierta nunca cedió, y un día anunció que regresaba a México. Su hermana le rogó que se quedara; “Esta es tu casa, esto es lo que conoces”, le dijo.
Cuando un familiar la trasladó al otro lado de la frontera, a Tijuana, en 2009, Flores se arrepintió de inmediato y cayó en una prolongada depresión. Pero, con el tiempo, encontró un empleo estable, se casó y compró una casa junto con su marido e hijo. En la actualidad trabaja en una empresa estadounidense que proporciona dispositivos ortopédicos, donde fue ascendida tres veces en tres años. “Tenemos cosas que nunca soñamos tener en los EE.UU.”, contó. “Pero México no es mi casa… Nunca lo fue y no sé si alguna vez lo será”.
La mujer espera volver a los EE.UU. y recientemente asistió a una clínica legal en Tijuana, para conocer más detalles acerca del proceso de inmigración autorizada. Una de sus hermanas, en tanto, sigue viviendo en California, con su esposo y sus dos hijas; aún como indocumentada.
Mientras la administración Trump endurece los controles a la inmigración no autorizada, su hermana está paralizada por la misma angustia que llevó a Flores a autodeportarse, hace años. Tal es así que tiene preparada una bolsa de emergencia para toda su familia -con los certificados de nacimiento de sus hijas en los EE.UU. y otros papeles importantes- en caso de ser deportada. Pero no tiene planes de irse voluntariamente.
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Traducción: Valeria Agis
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