El inusual acto de quitar la naturalización a ciudadanos, vuelve a ser tema de discusión en la era Trump
Mientras trabajaba un sábado en la congestionada oficina del Servicio de Inmigración y Naturalización, en el centro de Los Ángeles, Carl Shusterman se encontró con una hoja de antecedentes penales en la década de 1970.
Un hombre recientemente jurado como ciudadano de Estados Unidos no había revelado en su solicitud de naturalización que había sido arrestado en California por cargos de violación y robo, aunque nunca había sido condenado.
Shusterman, por entonces un abogado especialista en naturalización, se embarcó en un trabajo de meses para hacer algo que rara vez sucedía: quitarle a alguien su ciudadanía estadounidense. “Tuvimos que buscar y descubrir cómo hacerlo”, comentó. “Nunca habíamos oído hablar de eso”.
Cuarenta años después, la desnaturalización -un complejo proceso alguna vez reservado para los criminales de guerra nazis y los violadores de los derechos humanos- crece en el marco de la administración Trump.
Un equipo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Los Ángeles, ha estado revisando más de 2,500 archivos de naturalización para una posible marcha atrás, centrándose en el fraude de identidad y la tergiversación deliberada. Más de 100 casos han sido remitidos al Departamento de Justicia para potenciales acciones.
“Estamos recibiendo casos en los cuales [Inmigración y Control de Aduanas, ICE] cree que hay fraude, en los que nuestros sistemas identificaron que las personas usaron más de una identidad, a veces más de dos o tres”, indicó Dan Renaud, director asociado de operaciones de campo en la agencia de ciudadanía. “Esos son los sumarios que estamos siguiendo”.
La cuestión aparece en un momento en que Trump y sus principales asesores dejaron en claro que quieren reducir drásticamente la inmigración, tanto ilegal como legal. La administración otorgó menos visas y aceptó menos refugiados en 2017, en comparacion con años anteriores.
Recientemente, el gobierno federal actuó para bloquear pedidos de asilo de víctimas de violencia de pandillas y abuso doméstico.
El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, un halcón en temas de inmigración, impulsa una política que podría dificultar que aquellos que recibieron beneficios públicos, incluido Obamacare, se conviertan en ciudadanos o titulares de una tarjeta verde de residencia, según múltiples medios noticiosos.
Shusterman, quien es ahora un abogado de inmigración privado en L.A., está preocupado de que la desnaturalización pueda emplearse como otra herramienta para alcanzar los objetivos del presidente. “Creo que… encontrarán a personas con transgresiones menores y les quitarán su ciudadanía”, dijo.
Decenas de alcaldes estadounidenses, incluido Eric Garcetti, de L.A., firmaron una carta destinada al director de la agencia de ciudadanía, a fines de julio, en la que criticaron el atraso en solicitudes de naturalización y el compromiso de recursos de la agencia para “despojar a personas naturalizadas de su ciudadanía”.
“La nueva medida para investigar miles de documentos de hace casi 30 años, con el pretexto del increíblemente mínimo problema de fraude en las solicitudes de ciudadanía, en lugar de administrar los recursos para procesar los casos atrasados, sugiere que la agencia está más interesada en seguir una agenda política agresiva en lugar de dedicarse a su propia misión”, destacó la carta.
Pero Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que apoya controles más estrictos, consideró que “la desnaturalización, como la deportación, es una herramienta esencial para usar contra aquellos que violan las reglas”. “Es para aquellos que son estafadores, mentirosos”, comentó. “Hemos sido poco estrictos con esto durante mucho tiempo, y esta unidad que se ha creado es solo una cuestión de tomar en serio la ley”.
De 2009 a 2016 se registraron un promedio de 16 casos de desnaturalización civil cada año, según datos del Departamento de Justicia. En 2017, hubo más de 25. Hasta mediados de julio de 2018, el Departamento de Justicia ha presentado otros 20.
Por otra parte, ICE tiene una solicitud presupuestaria pendiente por $207.6 millones, para contratar 300 nuevos agentes destinados a erradicar el fraude ciudadano, así como para “complementar el cumplimiento de las leyes en lugares de trabajo, realizar investigaciones por violaciones de visados, exámenes forenses de documentos, programas comunitarios y otras actividades”, según la agencia.
El escenario para aumentar los casos de desnaturalización se estableció durante los últimos días de la administración Obama.
En septiembre de 2016, un informe publicado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mostró que 315,000 registros antiguos de huellas digitales de inmigrantes con condenas penales u órdenes de deportación no habían sido cargados en una base de datos de verificación de identidades.
Resultó que, debido a esos registros incompletos de huellas dactilares, se había otorgado la ciudadanía a al menos 858 personas a las que se había ordenado deportar o repatriar bajo otra identidad. La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los casos.
John Sandweg, que encabezaba la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, afirmó que en materia de desnaturalización, los oficiales consideraban la cuestión caso por caso, “evaluando la seriedad del delito y luego decidiendo si tenía sentido dedicar recursos a ello”.
“Se examinaba más en ese contexto; ‘busquemos delincuentes serios que puedan haber engañado al sistema porque aún no digitalizamos las huellas dactilares’. No tanto ‘busquemos personas elegibles para la desnaturalización porque queremos tratar de reducir la cantidad de ciudadanos estadounidenses nacionalizados”.
Incluso durante el terror al comunismo en la era McCarthy, la revocación de la ciudadanía era tan inusual, que a menudo los casos eran una gran noticia. “La vigilancia constante de los comunistas en este país es un trabajo de 24 horas, siete días a la semana, 52 semanas al año”, declaró el presidente Eisenhower en 1954, según un artículo de Los Angeles Times titulado: “Eisenhower cita la guerra de EE.UU. contra los rojos”.
En 1981, el gobierno le quitó la ciudadanía a Feodor Fedorenko, que había trabajado como guardia en un campo de exterminio de Polonia antes de huir a EE.UU. y obtener ilegalmente la ciudadanía al omitir referencias de su servicio nazi. Después de su desnaturalización, fue deportado a la Unión Soviética y ejecutado como criminal de guerra.
“Siempre se necesitó experiencia y delicadeza para llevar esos casos a la corte y terminarlos con éxito”, precisó Bruce J. Einhorn, exjefe de litigios de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. “Creo que una oficina como esta, en teoría, podría hacer mucho bien, dependiendo también de su ejercicio de discreción procesal”.
Servicios de Ciudadanía e Inmigración comenzó a capacitar oficiales en 2017 para revisar los casos y encontrar la prueba necesaria para revocar la ciudadanía a alguien. Alrededor de una docena de personas integran la unidad de L.A., una cantidad que se espera aumente a alrededor de 85 con la adición de personal de apoyo, analistas y administrativos.
El caso de Baljinder Singh, de India, está entre los que la agencia mencionó a los funcionarios de Justicia. Hace casi tres décadas, Singh llegó a San Francisco desde la India sin ningún documento de viaje o prueba de identidad, alegando que se llamaba Davinder Singh. Fue puesto en un proceso de exclusión pero no se presentó a una audiencia de la corte de inmigración y se ordenó su deportación.
Luego presentó una solicitud de asilo bajo su verdadero nombre, pero la retiró después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de visa en su nombre, según el Departamento de Justicia. Así, se hizo ciudadano el 28 de julio de 2006.
En enero, un juez del distrito federal revocó la ciudadanía de Singh. “Creo que si muchos vieran estos casos y realmente se tomaran el tiempo de comprender lo que algunas de estas personas hicieron para obtener fraudulentamente su estatus migratorio, también desearían que los lleváramos a la justicia”, expresó Renaud.
Einhorn señaló que lo que muchos ven como una agenda antiinmigración de la administración Trump, dificulta que consideren la desnaturalización y el rol de la agencia de ciudadanía de una manera neutral.
“Es comprensible que la comunidad de la ley de inmigración y de derechos civiles desconfíen de una oficina como esta en la época de Trump”, afirmó. “La pregunta sería: ¿Esta oficina simplemente intenta aplicar la ley de mala manera o de una forma poco sólida, solo para ejecutar las opiniones extremistas del presidente? ¿O será en cambio un grupo de profesionales que persiguen a los infractores serios de la ley de naturalización?”.
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