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‘Si me vas a ejecutar, ejecútame’; tensión y ansiedad en el corredor de la muerte

Scott Pinholster en una celda privada del corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin.

Scott Pinholster en una celda privada del corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin.

(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Los votantes de California se enfrentan a dos opciones vinculadas con la pena capital en la votación de noviembre próximo: poner fin a la pena de muerte, o acelerar el camino para la ejecución.

En el corredor de la muerte, los presos están en conflicto ante las perspectivas de las apelaciones únicas, las misiones de abogados y las reglas de ejecución simplificadas que intentan reavivar un sistema de pena capital que no ha ejecutado a nadie en una década, o la alternativa simple: cambiar la pena de muerte por prisión perpetua sin libertad condicional.

Paul Palalaua, de 51 años, es uno de los condenados a morir en la prisión estatal de San Quentin.

Paul Palalaua, de 51 años, es uno de los condenados a morir en la prisión estatal de San Quentin.

Scott Pinholster tiene más razones que el resto para estar preocupado. Es uno de los 12 presos -del total de 747 condenados en California- que ha agotado todos sus recursos legales. En sus propias palabras: “Está listo para partir”. Sin embargo, este hombre expresa ambivalencias, tanto acerca del voto como sobre su propio destino.

Han pasado 34 años desde que mató a puñaladas a dos hombres que irrumpieron en el robo de una casa de venta de drogas. La esperanza que alguna vez tuvo en las apelaciones legales se agotaron hace décadas, y ahora duda de que los votantes -que se negaron a poner fin a la pena de muerte en 2012- hayan cambiado de parecer. “Si empiezan las ejecuciones, sé que será mi turno, pero no me importa”, aseguró el convicto, de 57 años de edad, con voz cansina y apenas audible a través de la puerta de cristal de su celda de aislamiento. Su cuello y su pecho lucen tan corpulentos que cuando fue encerrado por primera vez, pero su grueso bigote negro ahora es entrecano. Su litera, libre de ropa de cama para funcionar como escritorio, está llena de dibujos de tinta hechos con increíble detalle. “Después de 30 años, ya no te preocupa que las cosas se den de un modo u otro”, aseguró.

Pero los sondeos previos a la votación realizados entre los condenados son heterogéneos en San Quentin, la histórica prisión de la Bahía de San Francisco que, por ley estatal, alberga tanto a los condenados como a una cámara de ejecuciones nueva, que jamás se ha utilizado. En entrevistas telefónicas y durante dos visitas excepcionales, algunos prisioneros se mostraron a favor de la derogación de la pena de muerte, incluso cuando otros afirmaron estar a favor de las apelaciones rápidas, más allá de que éstas puedan acelerar también sus propias ejecuciones. Otros expresaron ansiedad y anticiparon que habrá hechos de violencia si son albergados con el resto de la población general de la prisión.

“Ellos son minoría”, afirmó Paul Tuilaepa, caminando bajo el sol brillante del pequeño patio de ejercicios. Tuilaepa, condenado por el asesinato de un hombre -en 1986- que derribó a su compañero durante el robo de un bar, está seguro de que, aunque la mayoría de los presos prefiere acabar con la amenaza de la ejecución, “muchos de ellos no lo dicen”.

Si la pena capital es un tema que genera divisiones, mucho más lo es el corredor de la muerte. “Es un sitio complicado”, afirmó la vocera de la prisión estatal, Terry Thornton, quien desde 1999 responde preguntas acerca de la instalación más grande en el mundo occidental destinada a los sentenciados a muerte.

Dos medidas de la votación de noviembre proponen solucionar lo que, según los defensores, es un sistema de pena capital maltrecho. La Proposición 62 convertiría la pena de muerte en prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. La Proposición 66, en cambio, establecería límites de tiempo en las apelaciones, limitaría las recusaciones a los métodos de ejecución y permitiría al estado albergar a condenados fuera de San Quentin. Si ambas medidas resultan electas, la que tenga más votos se convertirá en ley. La última vez que los votantes de California fueron a las urnas para tratar un tema de pena capital (la Proposición 34, en 2012, también hubiera reemplazado la pena de muerte por la prisión perpetua), la tensión en el corredor de la muerte se elevó a niveles tan altos que toda su población fue puesta en alerta máxima ante la posibilidad de suicidios masivos. Thornton señala que han planeado nuevamente instaurar vigilancia de 24 horas durante la votación de noviembre, para “hacer frente a las necesidades de salud mental” de los condenados.

En San Quentin, el peligro es real. En 2010, un prisionero deprimido se ahorcó cinco días después de que un juez convirtiera su sentencia de muerte en prisión perpetua. Tres cuartos de los condenados en San Quentin viven en el Bloque Este, un edificio cavernoso de granito que data de los años 1930 y en cual las celdas, con frentes de acero, se apilan en dos largas filas. Los prisioneros comen, duermen, o de lo contrario se ocupan de sí mismos en estas celdas individuales; sólo se les permite salir de ellas pocas veces por semana, en grupos reducidos, para ejercitarse, o en solitario para tomar una ducha o ir a la biblioteca de temas de jurisprudencia.

Sus días transcurren, en gran parte, sin molestias.

Hay pocos recién llegados y un menor número de salidas. Sólo ha habido 13 ejecuciones desde 1978; ninguna desde 2006. En el exterior, las 34 prisiones del estado permanecen hacinadas, con hombres alojados en celdas individuales, equipadas con literas dobles. Las áreas de máxima seguridad son tensas y se ven sacudidas ante la llegada de pandilleros liberados de la incomunicación, resultado de un acuerdo de un tribunal federal en 2015 para disolver la práctica estatal del aislamiento por tiempo indefinido.

Muchos de los internos condenados son recelosos de unirse a ese mundo. “Hay mucha ansiedad en torno a ello. Algunos tienen miedo”, señaló Clifton Perry, de 47 años, condenado desde 1995 por disparar a un empleado durante un robo. “Yo no sé si podría tener un compañero de celda después de 20 años de vivir solo”.

Entre las preocupaciones de Perry aparece un potencial traslado de San Quentin, donde ha hecho amistad con un profesor de la universidad y un poeta, que lo visitan y lo ayudan a trabajar en teología y prosa. ¿Cómo podría continuar esa rutina si lo encerraran de por vida en los bosques del norte, en la cárcel Pelican Bay, de Crescent City? , se pregunta. También lo inquieta que los hombres, “luego de estar aquí, encadenados como monos y animales en una jaula”, tengan problemas para adaptarse a pabellones donde la violencia es frecuente.

“Tendré que herir a alguien”, fue la reacción inmediata de James Thompson, un hombre cano, de 64 años de edad, sentado en el patio de ejercicios. Por encima de su cabeza se divisa a un guardia con un rifle cargado, mientras que una fila de hombres maduros y llenos de tatuajes, en calzoncillos blancos, marchan con precisión militar. En un nuevo pabellón se vería obligado a “restablecerse” otra vez. Después de 20 años, Thompson se siente “cómodo” en el Bloque Este.

Este prisionero conoce las diferencias entre el corredor de la muerte y la prisión común. Antes de robar y asesinar a un hombre en California, Thompson estuvo preso un buen tiempo en Texas, también por asesinato. Lo que le molesta de California son los 20 años que su apelación ha estado en el limbo. Al igual que muchos otros de los condenados, está a favor de continuar con la pena de muerte, siempre y cuando se aceleren las apelaciones. “Si me van a ejecutar, que lo hagan pronto”, afirmó Thompson. “Pero si me van a perdonar, que me dejen ir”.

Los expertos señalan que los estados que han reemplazado la pena capital han absorbido exitosamente a los condenados en sus poblaciones carcelarias generales, aunque en Connecticut dos asesinos debieron ser enviados a Pensilvania para garantizar su propia seguridad.

California trasladaría a sus condenados a través del mismo programa que emplea para los recién llegados, detalló Thornton, asignándolos a patios y celdas en base a su nivel de amenaza.

Hay otras razones por las cuales los condenados no están de acuerdo con el fin de la pena capital, afirmó Terry Kupers, un psiquiatra forense que reside en Berkeley y es experto en salud mental en las prisiones. Los condenados tienen relativamente garantizada una representación legal importante, que implica una esperanza para ellos. También reciben lo mejor de la atención psiquiátrica y atraen la atención de una gran comunidad internacional que está en contra de la pena capital. En cambio, de ser trasladados con el resto de la población carcelaria, “pasarán el resto de sus vidas detrás de las rejas”, dijo Kupers. “Los presos son olvidados”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


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