Anuncio

En California, la amenaza inmediata a la lucha contra el cambio climático no es Trump

Jesse Ceja, izquierda, y su abuelo Paulo Torres, de 69 años de edad, sobre Emden Street, en Wilmington, cerca de su casa, adyacente a la refinería Phillips 66 (Rick Loomis / Los Angeles Times).

Jesse Ceja, izquierda, y su abuelo Paulo Torres, de 69 años de edad, sobre Emden Street, en Wilmington, cerca de su casa, adyacente a la refinería Phillips 66 (Rick Loomis / Los Angeles Times).

Con el presidente Trump ya en la Oficina Oval, los funcionarios de California se preparan para la posibilidad de que la nueva administración socave las políticas históricas del estado acerca del cambio climático. Pero la amenaza más inmediata no proviene de Washington sino que reside en un juicio que se ha ido abriendo camino lentamente en los tribunales estatales.

Este desafío legal que lleva ya cuatro años y está impulsado por la Cámara de Comercio de California y un conjunto de intereses comerciales, argumenta que el programa de comercio de derechos de emisión representa un impuesto inconstitucional. El sistema, destinado a crear un incentivo financiero para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, requiere que las empresas compren permisos para contaminar.

Para el gobernador Jerry Brown y la comunidad ambiental, la demanda ha sido una bomba de tiempo que podría eliminar una fuente clave de ingresos y socavar un programa promocionado como un modelo internacional de la lucha contra el calentamiento global.

Los abogados estatales tendrán la oportunidad de desactivar la situación este martes, en una audiencia de la corte de apelaciones, en Sacramento. La decisión podría tomarse dentro de los próximos tres meses, pero probablemente no sea la última palabra -la parte perdedora todavía puede apelar a la Corte Suprema de California-.

De cualquier manera, el resultado se agita fuera de las fronteras del estado mientras los políticos del mundo consideran las mejores opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. California intenta expandir el alcance de su programa al asociarse con otras jurisdicciones, como su unión con Quebec hace dos años y con Ontario el año entrante. Autoridades chinas han estudiado el sistema del estado a la vez que planifican sus propias políticas.

Y con la acción climática improbable en Washington bajo la administración de Trump, los ecologistas se movilizan en torno al programa de comercialización de emisiones porque el estado es uno de los pocos lugares del país que persigue unos estándares ambiciosos. “El liderazgo de California, junto con los estados del noroeste y otros de la costa oeste, es más importante ahora que nunca”, afirmó David Doniger, director del programa de clima y aire limpio en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales.

La disputa legal que rodea el programa se deriva de su origen. En 2006, el por entonces gobernador Arnold Schwarzenegger y los legisladores aprobaron la ley que requiere que el estado reduzca sus emisiones a los niveles registrados en 1990 para el año 2020. Además, le encargaron a la Junta de Recursos del Aire de California diseñar un plan para alcanzar la meta.

El resultado fue el programa de comercialización de emisiones, que subastó sus primeros permisos en 2012. Los ingresos de las subastas, que oscilan entre cientos de millones a casi $2,000 millones de dólares por año, se invierten en iniciativas destinadas a reducir aún más las emisiones. Uno de esos proyectos es el tren bala desde Los Ángeles a San Francisco, valuado en $68,000 millones.

Toda esta actividad, sostienen los funcionarios estatales, cae dentro de la autoridad del gobierno para regular la industria. Pero los opositores no están de acuerdo y señalan que el estado recauda ingresos a través de un programa que no fue creado con un voto de dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura, el umbral necesario para aprobar los impuestos. “Lo que están haciendo está simplemente fuera de la ley”, señaló Loren Kaye, presidente de California Foundation for Commerce and Education, una organización afiliada a la Cámara de Comercio.

Además de la demanda original de la cámara, Pacific Legal Foundation, un grupo conservador, se unió a la lucha en nombre de varias empresas, entre ellas una compañía de procesamiento de tomate y una asociación de camiones.

Incluso si el estado gana el caso, el programa de comercialización de emisiones no estaría completamente a salvo. Debido a que los reguladores crearon éste bajo la legislación que estableció un objetivo para 2020, algunos dudan si el programa expirará una vez alcanzada esa fecha. “La gran duda es qué viene después de 2020”, afirmó Michael Wara, un profesor de derecho de Stanford que se enfoca en energía y medio ambiente.

Para borrar dicha preocupación, Brown ha pedido a los legisladores que aprueben una nueva medida para ampliar el programa con una votación de dos tercios, salvaguardando así su continuidad en el futuro. Ya se ha presentado una legislación al respecto, pero es posible que las negociaciones sean complejas. “Es uno de los programas más grandes que afectan la economía de California”, remarcó Rob Lapsley, presidente de California Business Roundtable, que representa a las corporaciones más grandes del estado. “Las apuestas son enormes”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


Anuncio