Plan del voucher escolar de Donald Trump no puede ser ni tan amplio -ni tan malo-

El plan del voucher escolar de Donald Trump no puede ser ni tan amplio -ni tan malo-

La educación pública nunca llegó al centro del debate presidencial de este año. Los estándares curriculares y los vouchers escolares simplemente no pueden competir con las guerras comerciales, los ataques a los inmigrantes y las grabaciones de conversaciones lascivas.

Ahora es momento de intentar analizar sus puntos de vista sobre las escuelas K-12, lo cual no es una tarea sencilla. En ocasiones ha hablado con vehemencia contra el control federal, y en otros momentos parece aceptarlo.

Habla de reducir drásticamente el papel del Departamento de Educación de los Estados Unidos o incluso eliminarlo, mientras también promociona los planes para un esfuerzo de 20 mil millones de dólares que promovería los vouchers escolares, los cuales proporcionan a las familias fondos públicos para gastar en las matrículas de escuelas privadas. Dicha suma es casi lo que gasta el país en conjunto en fondos de Título I para estudiantes de bajos recursos, y fondos de Título III para alumnos de educación especial.

Trump ha prometido deshacerse de los estándares básicos comunes, conocidos en inglés como Common Core, que fueron adoptados por la mayoría de los estados -aunque bajo presión de la administración Obama-. La propuesta de Trump suena como una amenaza para interferir en esas decisiones, algo contrario a su promesa de reducir la participación federal y de una nueva ley que prohíba específicamente al Departamento de Educación de los Estados Unidos inmiscuirse en las cuestiones curriculares.

Asimismo, si Trump intenta difundir el uso de los vouchers a través de un enfoque basado en incentivos -por ejemplo, ofreciendo dinero extra a los estados que se comprometan a utilizarlos y amenazando con una pérdida de fondos a aquellos que los rechacen-básicamente estará haciendo eco de los métodos del presidente Obama, quien utilizó exenciones y financiamiento para impulsar a los estados hacia el Common Core y otras reformas, una forma de coerción amistosa que resultó ampliamente impopular.

Sin embargo, incluso los estados que quisieran seguir a Trump se enfrentarían con obstáculos. California y otros 36 estados cuentan con disposiciones constitucionales, llamadas enmiendas de Blaine, que prohíben el gasto del dinero público en las escuelas afiliadas a una religión. Cerca del 80% de los estudiantes de escuelas privadas asisten a escuelas religiosas, las cuales no serían elegibles para los vouchers en esos estados.

Los vouchers escolares son desagradables en muchos sentidos, y no sólo porque podrían financiar a instituciones religiosas con dinero de los contribuyentes. Desde hace mucho tiempo este país ha valorado el ideal de un sólido sistema escolar público para todos. A diferencia de las charter, las escuelas privadas sólo admiten a  aquellos candidatos que desean y los expulsan por cualquier motivo que quieran. Eso le concede una ventaja a las familias más acomodadas y a los estudiantes que requieren de menor ayuda extraescolar.

El año pasado, el Congreso aprobó una nueva ley escolar de rendición de cuentas. Las escuelas privadas de alguna manera deberán adaptarse a esta norma, tomando exámenes a los alumnos, informando las puntuaciones y rindiendo cuentas por los resultados.

Finalmente, al igual que con otras tantas promesas que ha hecho, Trump deberá probablemente reducir sus objetivos para las escuelas públicas a una fracción de lo que había previsto, o reestructurarlos por completo.

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Traducción: Diana Cervantes

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