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El perdón a las deudas estudiantiles podría dar pie a demandas legales

Los estudiantes se abrazan en la ceremonia de graduación de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey (Mel Evans / Associated Press).

Los estudiantes se abrazan en la ceremonia de graduación de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey (Mel Evans / Associated Press).

A raíz del colapso que sufrieron los colegios Corinthian y las preguntas que han surgido respecto a otros colegios con fines de lucro, el Departamento de Educación redactó nuevas y amplias reglas para definir en qué momento la gente puede deslindarse de pagar sus préstamos estudiantiles federales. Los cambios propuestos han sido denominados “reglas de defensa del deudor”, y permitirían que las personas soliciten el perdón de su préstamo o incluso que interpongan una demanda.

El problema es que las normas propuestas, que estarán listas el 1 de noviembre [2016], son tan vagas que pueden resultar en abusos y pleitos. Por ejemplo, los estudiantes deudores podrían solicitar la eliminación de sus préstamos si la institución hizo declaraciones “engañosas bajo ciertas circunstancias”. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Quién lo sabe? Al parecer los tribunales y los empleados del Departamento de Educación tendrán que decidir caso por caso.

Estas normas mal concebidas, podrían dar pie a nuevas demandas”

Más problemático, es que estas normas mal concebidas podrían dar pie a nuevas demandas, de hecho, el reglamento propuesto contempla expresamente el escenario de los estudiantes demandando a sus escuelas: uno de los principales cambios propuestos hace ilegal el arbitraje obligatorio como medio de solucionar las disputas legales. En cambio, los estudiantes podrían ya sea presentar una petición administrativa solicitando al Departamento de Educación cancelar su deuda o presentar una demanda contra la escuela (o quizás ambas). De hecho, las regulaciones propuestas tratan de proteger el uso de demandas de acción de clase contra los colegios.

Los estudiantes tienen un enorme incentivo para intentar evadir el pago de su educación. Más de dos tercios de los graduados tienen préstamos estudiantiles con una deuda promedio de casi $35,000 — más aun para los estudiantes de posgrado. Muchos tendrán dificultades para mantener sus pagos al día, especialmente durante sus primeros empleos. Usted puede apostar a que muchos intentarán aprovechar y tomar ventaja de este cambio de reglas.

Mientras que un colegio no engañe a los estudiantes, por ejemplo, con los porcentajes de graduación o en las posibilidades de encontrar empleo o en el costo de la matrícula, no deberían preocuparse de nada ¿correcto? Es difícil de decir. El antiguo estándar requería demostrar que la escuela engañó a los estudiantes, refiriéndose a los requisitos de la ley del estado, por tergiversar información.

El estándar propuesto recientemente, “engañar”, es intencionalmente más amplio que “tergiversar”. Incluye declaraciones afirmativas, pero también falta de divulgación de algo que el estudiante puede argumentar influenció su decisión de inscribirse o continuar en el colegio.

Los colegios de California deberían estar preocupados. Claremont McKenna, por ejemplo, está entre las universidades que admitió haber inflado sus reportes de calificaciones promedio del SAT durante la década del 2000, con la esperanza de influir en su posicionamiento en U.S. News & World Report College Rankings.

Otras escuelas han empleado métodos más creativos. En 2008, la Universidad de Baylor en Texas, ofreció $300 en créditos para usar en la librería de la escuela a cualquier estudiante entrante que retomara el SAT, y si su puntaje subía 50 puntos les daban una beca de $1,000. Baylor consiguió subir su promedio por 10 puntos en el SAT como resultado de esa oferta.

Los líderes en la escuela de derecho de UC Irvine también tenían su ojo puesto en lograr llegar al top 20 en el ranking inicial de U.S. News cuando ofrecieron becas de tres años completos a toda su clase inaugural. La oferta fue diseñada para atraer a los mejores alumnos que de lo contrario no solicitarían su entrada a una nueva escuela de derecho. ¿El problema? Las generaciones posteriores no tuvieron la misma oferta, ya que la escuela no podía garantizar que sería capaz de mantener un cuerpo estudiantil de ese calibre.

¿Son engañosas las estrategias de pre arreglo de rango? Un estudiante con una deuda significativa sin duda estaría tentado a usar ese argumento.

Esta no es la única área de riesgo. Algunas universidades de California, incluyendo UCLA y UC San Diego, han sido criticadas por lo impreciso de sus informes sobre las tasas de delincuencia de sus campus. Un informe en el 2014 realizado por el Columbus Dispatch llegó a la conclusión de que: “las estadísticas sobre crimen publicadas por las universidades de todo el país... son tan engañosas que dan a los estudiantes y a los padres una falsa sensación de seguridad”. ¿Esto es lo suficiente embaucador como para que un estudiante pueda demandar?

Tampoco es difícil imaginar que puedan surgir normas diferentes en cada Estado.

Ninguna sentencia de la corte, sin embargo, sería obligatoria para el Departamento de Educación. Incluso si un juez determina que un caso es infundado, los funcionarios del departamento podrían borrar la deuda del estudiante. Estos funcionarios tendrían total discreción para decidir si una escuela es culpable de las afirmaciones de “engañosas bajo las circunstancias”. El Departamento de Educación luego exigiría que la escuela reembolsara al gobierno todos los créditos perdonados. No hay ningún procedimiento para que los colegios puedan impugnar esas resoluciones.

En lugar de proteger a los estudiantes de los programas con prácticas predatorias o incluso fraudulentas, el nuevo reglamento propuesto sólo abriría oportunidades para litigios y crearía considerables costos para los colegios y las universidades. Esos costos serian absorbidos por los estudiantes. En lugar de resolver un problema, las reglas del Departamento de Educación provocarían una pérdida para todas las partes involucradas.

Anthony T. Caso es catedrático en Chapman University’s Fowler School of Law y director de Claremont Institute’s Constitutional Jurisprudence Clinic.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Diana Cervantes


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